Hoy es 14 de agosto
VALENCIA (EFE). La consellera de Sanidad Universal, Carmen Montón, ha asegurado este miércoles que cualquier actuación que se adopte en relación a los empleados de las concesiones sanitarias "para el presente y para el futuro" estará acordada con los comités de empresa.
Montón ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los trabajadores de las concesiones y ha afirmado que la Conselleria está "en constante" diálogo con los comités de empresa y los sindicatos, durante la sesión de control a los consellers en Les Corts.
La consellera ha criticado que los anteriores gobiernos del PP "se desentendieron" de los trabajadores de los departamentos de salud privatizados y en los pliegos de referencia de esos contratos no se contemplaba "nada" en relación al futuro de los empleados en un posible escenario de reversión a la gestión directa.
Por contra, la Conselleria de Sanidad está trabajando "planificando el futuro" a través del control de las plantillas de personal y de la convocatoria de las comisiones mixtas de seguimiento.
Montón ha manifestado que al día siguiente de la reversión de la concesión los trabajadores "seguirán cobrando su nómina" porque la Conselleria va a dialogar y trabajar con ellos a través de los comités de empresa, que tienen "el mismo objetivo que nosotros, reforzar la sanidad pública valenciana y retornar la sanidad a lo público".
Ha insistido en la voluntad del Consell de mantener "un diálogo constante" con las partes, y ha señalado que la reversión de las concesiones es un compromiso del Gobierno que ha demandado "la mayoría de los valencianos" y que se llevará a cabo con "todas las garantías jurídicas". Según Montón, los pacientes, los usuarios y los trabajadores "pueden estar tranquilos con este gobierno decente" que lo que quiere es "reforzar la sanidad pública".
El diputado del grupo popular José Juan Zaplana ha manifestado que no se va a poder funcionarizar a las 6.000 personas que trabajan en la sanidad concertada o a las 1.800 del contrato de Alzira, y ha recordado que el acceso a la función pública debe estar regulado por los criterios de publicidad, mérito y capacidad.
Zaplana ha acusado a la consellera de hacer "enchufismo en todo lo que toca", ahora "en el personal vinculado a las concesiones", así como de prometer cosas que no puede cumplir, como la funcionarización del personal.
"La reversión del modelo va a generar 6.000 personas con 6.000 familias en situación de inseguridad jurídica que no saben qué va a pasar el día después, porque no se sabe si va a ser más eficaz", ha declarado el diputado popular.