VALENCIA. La reforma del modelo de financiación autonómica se ha convertido en un asunto urgente para el Gobierno de Mariano Rajoy, según sus propias palabras, pero el Ejecutivo no lo demuestra con hechos. Ni ha convocado la Conferencia de Presidentes Autonómicos que iba a celebrarse antes de fin de año, ni Cristóbal Montoro ha hecho lo propio con el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) –anunció que lo hará la semana próxima– ni el Ejecutivo ha cubierto el puesto de alto cargo del Ministerio encargado de este importante cometido.
Por tercera semana consecutiva, el Consejo de Ministros dejó vacante este viernes la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local –con rango de subsecretaría–, creada el pasado 11 de noviembre. El puesto depende orgánicamente del nuevo secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, y fue creado tras dividirse en dos la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local que ocupó Rosana Navarro durante la pasada legislatura.
En el nuevo Gobierno, al pasar la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas –antes en Hacienda, con Antonio Beteta al frente– al Ministerio de Presidencia y Administraciones Públicas, toda la coordinación con las comunidades ha pasado a depender de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, excepto la financiación autonómica, que sigue a cargo de Montoro.
En el PP de la Comunitat Valenciana aspiraban a mejorar la presencia valenciana en el nuevo Ejecutivo de Mariano Rajoy, pero no sólo no ha mejorado, sino que no hay ningún ministro –tampoco en la pasada legislatura, pero García Margallo ejerció como tal–, ni secretario de Estado, tras haber prescindido en Sanidad de Susana Camarero.
A la formación que dirige Isabel Bonig le queda esta última esperanza, la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, puesto clave para una negociación en la que la Generalitat valenciana se juega buena parte de su sostenibilidad económica y financiera.
El valenciano mejor situado para el puesto, por no decir el único, es el actual delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, gran conocedor del problema de la financiación autonómica puesto que lo sufrió como conseller de Hacienda valenciano entre 2012 y 2015. Un eventual nombramiento de Moragues permitiría a Bonig, además, proponer a alguien más próximo a ella para la delegación del Gobierno, un puesto para el que suenan nombres como Luis Santamaría o Elena Bastidas.
El Consejo de Ministros sí aprobó este viernes dos nombramientos en el departamento de Montoro. Felipe Martínez Rico, hasta ahora director de Gabinete del ministro de Hacienda y Función Pública, es el nuevo subsecretario de Hacienda y Función Pública en sustitución de Pilar Platero.
Ademas, María Luisa Lamela fue nombrada nueva interventora general del Estado. Lamela ha ocupado cargos de responsabilidad en el ámbito de la Intervención General de la Administración del Estado, en la Secretaria General de Hacienda y en el Ministerio de Asuntos Exteriores, así como en la Representación Permanente de España ante Naciones Unidas en Nueva York y en la Representación de España ante la Unión Europea en Bruselas. Desde septiembre de 2013 ostentaba el cargo de directora general de Racionalización y Centralización de la Contratación.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral