VALÈNCIA. La UTE Urbania-Visoren renuncia a la construcción de cerca de 390 viviendas de protección pública en régimen de alquiler asequible, de las 1.090 unidades que se adjudicó hace dos años durante el gobierno de Ximo Puig. Esta convocatoria de derechos de superficie estaba formada por 17 suelos públicos, divididos en tres lotes, y contaba con 54 millones de euros de fondos europeos, que obligan a que esos inmuebles estén finalizados en junio de 2026. Únicamente se presentó esta UTE a los tres paquetes, pero problemas de forma en la redacción del pliego de condiciones provocaron un gran lío jurídico que ha retrasado el inicio de las obras. Tanto es así que en abril de este año 2025 arrancaron los trabajos de las primeras 34 unidades en Alicante, lo que evidencia el atraso que lleva el desarrollo de estas viviendas. 

Esta demora ha sido el detonante que ha condicionado la decisión de las empresas de desistir del último y tercer lote, con seis parcelas en la provincia de Valencia, ya que se hacía imposible cumplir con el hito de junio de 2026 que fija Bruselas para que estén todos los inmuebles acabados. Un plazo que a estas alturas era imposible de cumplir, dado los tiempos constructivos que precisa una promoción residencial y, en este caso, además, se suma el hecho de que todavía hay un gran volumen de trabajo pendiente. Solo se ha puesto en marcha el primer lote y, en breves, arrancará el segundo, que en conjunto suman en conjunto más de 600 viviendas, todas ellas en régimen de alquiler asequible en la Comunitat Valenciana. 

Según ha podido saber este diario, ha sido la propia UTE la que ha solicitado la resolución del contrato para desarrollar la última remesa de solares ante la imposibilidad de poder ejecutarlos en tiempo y forma. Este paquete estaba formado por dos parcelas en el Sector Santa Anna de Gandía para 61 viviendas; otra en la calle L’Horta, 4 de Silla para otras 41 unidades y tres pastillas en el barrio de La Torre de València, para tres complejos de 96, 95, 96 viviendas.

La Entidad Valenciana de Suelo y Vivienda (EVha), encargada del proceso, ya ha rescindido el contrato. No obstante, para no perder las ayudas europeas ni abandonar la posibilidad de construir más vivienda en plena emergencia habitacional, desde la Conselleria de Vivienda se ha acordado sacar esas pastillas al mercado, pero bajo la fórmula de la permuta a cambio de obra futura, uno de los principales ejes sobre los que está pivotando el 'Plan Vive' del gobierno valenciano, que aspira a construir 10.000 viviendas esta legilatura.

De igual modo, ya se ha encontrado destino para los fondos europeos asignados inicialmente a la construcción de estas viviendas: serán redistribuidos para nuevos proyectos de vivienda. Por un lado, irán al programa de ayudas de construcción de vivienda de Ayuntamientos y, por otro, al plan para construir cerca de 250 viviendas industrializadas para realojos en zonas Dana. Una iniciativa que ya cuenta con una dotación de presupuestaria de 15 millones de euros y que ahora incorporará una nueva inyección para financiar esta iniciativa. 

En cuanto al avance constructivo del resto de inmuebles de este concurso, por el cual se cedían esos solares a promotores para levantar edificios en régimen de alquiler asequible, ambas compañías decidieron dividirse los dos lotes. Así, en este momento, Urbania ya ha arrancado las obras de las primeras 34 viviendas en Alicante y avanza en el desarrollo de otras 58 viviendas en El Campello; y otros dos proyectos en Sant Joan para 69, 95 y 59 unidades, todos ellos incluidos en ese primer paquete.

Por su parte, Visoren se encargará del segundo paquete, formado por seis terrenos, de los que cuatro son en el sector de L'Alquería en Sant Joan para construir 68, 79, 68 y 74 inmuebles. Los otros dos suelos se ubican en la calle Huerta de San Vicente del Raspeig para otras 16 y 20 viviendas. La previsión es que empiece a movilizarse en breves.

Antecedentes y lío jurídico

Fue en 2021, cuando la Conselleria de Vivienda, dirigida entonces por Héctor Illueca (Podem), licitó un concurso para la cesión de 29 solares públicos a promotores privados para construir viviendas en régimen de alquiler asequible. Sin embargo, las condiciones del pliego dificultaban la rentabilidad de los proyectos y, finalmente, la licitación quedó desierta. Por ello, el equipo de Vivienda decidió introducir cambios para generar un mayor interés en el sector. Se acordó así introducir fondos europeos, aprovechando que había una partida para impulsar la promoción de vivienda pública.

En diciembre de 2022, se lanzó el nuevo concurso con 17 parcelas de titularidad pública en Valencia y Alicante, distribuidas en tres lotes, y destinadas a la promoción, construcción y gestión de 1.090 viviendas de protección pública energéticamente eficientes en alquiler asequible y social, con 54 millones de euros de fondos Next Generation para ayudas a la promoción. No obstante, únicamente se presentó la UTE formada por la firma de desarrollo, inversión y gestión de proyectos inmobiliarios Urbania junto a la promotora Visoren, especializada en VPO y residencias de estudiantes, que optaron a los tres lotes. La adjudicación se produjo solo 20 días antes de las elecciones autonómicas a esta alianza empresarial y ese acuerdo fue el inicio del embrollo. 

Como contó este diario, el problema radicó en que en esa adjudicación no se concretaron hitos con plazos concretos a cumplir ni se definieron qué porcentajes iban a ostentar cada una de las empresas. Además, el pliego exigía la constitución de mercantiles por cada lote para, entre otras cuestiones, poder justificar los fondos europeos y llevar una contabilidad separada que se pudiera auditar, un movimiento que se hizo a posteriori a la adjudicación. Por tanto, era la UTE Urbania-Visoren la que ostentaba el derecho de superficie y no las sociedades creadas después como exigía el pliego.

Esta situación provocó que se mezclaran las condiciones de la subvención con la adjudicación del contrato de obra y con la transmisión patrimonial. Pero, además,  también se complicó el acceso a préstamos del ICO y a financiación para ejecutar las obras porque, a nivel legal, era la UTE la que figuraba como adjudicataria de esos derechos de superficie y no las mercantiles. Tampoco ayudó que no se hubieran fijado los porcentajes de cada lote ni repartido los suelos, lo que también dificultó la inscripción de las parcelas en el Registro de la Propiedad porque estaban registradas para la UTE y no para las mercantiles como debía ser.

De ahí que durante este tiempo se haya estado trabajando en resolver estas cuestiones para desatascar este bloqueo con el fin de poder construir estas viviendas, ya que el mercado valenciano precisa de obra nueva para poder aliviar la tensión residencial. No obstante, todo se ha demorado porque no había garantías ni condiciones a exigir a la UTE para poder rescindir el contrato por parte de la Administración y ha sido ahora, que el horizonte se vislumbra imposible, cuando la adjudicataria ha decidido renunciar a esta parte.

En cualquier caso, la intención es darle una nueva salida a estos suelos por la vía de las permutas, que están funcionando y han generado un gran interés entre el sector privado. Esta fórmula consiste en que las empresas que resulten adjudicatarias en los diferentes procedimientos de licitación entregarán a la Generalitat, en concepto de permuta, un número determinado de unidades de vivienda, que se establecerá en los pliegos de licitación para incorporarlas al parque público de vivienda asequible.

Según la Generalitat, ya se han licitado más de 1.850 viviendas protegidas, de las cuales, 1.675 corresponden a parcelas de 12 municipios de la Comunitat a través de permuta a cambio de obra. En 2025, la previsión es ejecutar más de 2.000 unidades. Los últimos proyectos que se han anunciado son cerca de 300 nuevos inmuebles en los municipios valencianos de El Puig de Santa María, Manises y la ciudad de València. Licitaciones que, según avanzó el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se lanzarán en las próximas semanas para seguir generando un parque asequible para los valencianos.