Comunitat Valenciana

La caída del decreto 'antiapagones' pone en riesgo decenas de proyectos de renovables en la Comunitat

El sector energético denuncia que la no convalidación de la norma dificultará el acceso a los fondos Feder para el almacenamiento y supondrá "importantes pérdidas" para centenares de centrales antiguas

  • Planta fotovoltaica en la provincia de Alicante.
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VALÈNCIA. La caída del decreto 'antiapagones' del Gobierno, que finalmente no salió adelante por los votos en contra de PP, Podemos, Vox y Junts, ha soliviantado a todo el sector energético por las múltiples implicaciones que conlleva. En el caso de la Comunitat Valenciana, el hecho de que esta norma no haya sido convalidada en el Congreso deja en el aire decenas de proyectos renovables vinculados al desarrollo de sistemas de almacenamiento, según explican fuentes del sector a ValenciaPlaza.

Esto se explica porque durante el mes en el que ha estado vigente el real decreto las compañías aprovecharon para solicitar las ayudas de los fondos Feder (de 700 millones de euros) para la instalación de parques de baterías debido a que la norma facilitaba adjuntar proyectos de almacenamiento a parques fotovoltaicos ya en marcha (lo que se conoce como hibridación). De este modo, los promotores podían acortar los tiempos de tramitación y llegar a cumplir con los plazos marcados por estas ayudas.

"Este decreto facilitaba la hibridación. Ahora, al no salir adelante la norma, será mucho más complicado acceder a las ayudas de los fondos Feder. El Estado no te deja empezar la hibridación hasta que termine la tramitación autonómica de la planta fotovoltaica y obliga a pasar otra evaluación ambiental para el sistema de almacenamiento que quieres hibridar, cosa que no tiene sentido porque se instala en el mismo perímetro. Todo esto supone retrasar la tramitación y perder las ayudas", explican desde la patronal valenciana de renovables, Avaesen, a este periódico.

Otra de las consecuencias de que no salga adelante este decreto es la vulnerable situación en la que quedan las denominadas centrales antiguas o de régimen especial, aquellas instalaciones que se pusieron en marcha entre 2006 y 2012 y que sobreviven gracias a las primas que cobran. Actualmente, estas centrales (instaladas por particulares o empresas en sus tejados) dejan de cobrar la prima si suceden seis horas consecutivas con el precio de la electricidad a cero. El decreto pretendía cambiar ese criterio por el de seis horas seguidas con los precios en negativo, ya que debido a la alta penetración de renovables se ha vuelto frecuente el escenario en el que los precios de la electricidad encadenan varias horas a cero euros.

"Esto va a suponer la ruina para muchas de estas instalaciones", explican desde Avaesen, que calculan que afectará a centenares de pequeñas centrales que en su día costaron en torno a 600.000 euros de media, mientras que actualmente el coste ha bajado hasta los 70.000 euros. "Con las primas podían amortizar esa inversión que hicieron en los inicios de la energía solar, cuando costaba diez veces más. Sin esas primas estarán en pérdidas", explican. En concreto, esta sprimas multiplican por seis veces el precio de mercado.

La caída del decreto también supone un varapalo para la industria electrointensiva, ya que se contemplaba una bonificación de los peajes. La norma también contemplaba agilizar la instalación de puntos de recarga y el autoconsumo colectivo a cinco kilómetros.

Previsión de más desequilibrios

Empresas y agentes energéticos alertan de las implicaciones que puede tener la caída del decreto en la seguridad del sistema eléctrico debido a que esta norma pretendía facilitar el desarrollo de sistemas de almacenamiento, fundamentales para dar estabilidad al suministro con el aumento de las energías renovables. 

La Asociación de Empresas de Energías Renovables APPA Renovables ha advertido del incremento de los desequilibrios en el sistema eléctrico por no haberse convalidado el decreto antiapagones en el Congreso de los Diputados.

"Con más generación renovable y sin medidas paralelas para estimular la demanda, el mercado eléctrico sufrirá aún más desequilibrios", ha advertido la asociación en un comunicado, donde ha pronosticado que la llamada "curva de pato", es decir, aquellos precios del mercado mayorista muy bajos o incluso negativos en horas centrales del día con fuertes incrementos al anochecer, "se multiplicará en los próximos años".

Sin impulsar la demanda ni el almacenamiento, añaden, se incrementarán las horas a precios cero y negativos en el mercado mayorista de la electricidad, por lo que se pondrá en riesgo la rentabilidad y continuidad de proyectos ya operativos.

Respecto a este último punto, APPA Renovables señala que numerosos proyectos "quedarán bloqueados por trámites que no responden a la realidad del desarrollo tecnológico ni administrativo", provocando a su vez "un embudo en la integración de renovables en la red".

Asimismo, la asociación que agrupa a las empresas del sector de las energías renovables han recordado que debido al freno del decreto no podrán ponerse en marcha figuras como el gestor de autoconsumo ni avanzar hacia un modelo energético participativo, algo "especialmente grave" teniendo en cuenta que cerca de dos terceras partes de la población viven en comunidades de vecinos.

En relación al almacenamiento, quedaría también en suspenso, por lo que será más difícil avanzar hacia una integración mejor de renovables más dependientes del recurso, como son la eólica o la fotovoltaica.

"España, que en 2024 consiguió rozar el 57% de electricidad renovable, necesitaba este paso normativo para consolidar su liderazgo europeo en la transición energética, especialmente en un momento en el que, tras el cero energético sufrido el 28 de abril, es urgente la toma de medidas que lleven a asegurar el suministro eléctrico de cara al futuro", lamentan.

El decreto para reforzar el sistema eléctrico y evitar apagones, como el ocurrido el pasado 28 de abril, ha sido tumbado en el Pleno del Congreso celebrado este martes por el 'no' de PP, Vox, UPN, Podemos, BNG, Junts y el del diputado de Chunta Aragonesista integrado en Sumar, Jorge Pueyo.

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