Hay cosas que nunca cambian. Por ejemplo, la financiación autonómica, que no cambia desde tiempos inmemoriales, bajo ninguna circunstancia ni combinación de gobiernos autonómicos y nacionales que podamos imaginar; o las plataformas en apoyo del President Ximo Puig urdidas desde el entorno del President Ximo Puig en un virtuoso triple salto mortal de "sociedad civil" circular (que empieza y termina en el poder al que apoya "desde fuera"), que aparecen ahora como aparecieron en los prolegómenos de las elecciones de 2019; o como el caso que nos ocupa hoy: la rebaja del límite de porcentaje de voto para entrar en el Parlamento autonómico valenciano, del 5% actual al 3% propuesto.
Es esta una vieja reivindicación política, enarbolada generalmente por los partidos pequeños, principales perjudicados de la barrera del 5%. Razón por la cual, como cabe imaginar, nunca había existido ni la más mínima posibilidad de que se aprobara: los partidos mayoritarios no tienen nada que ganar, en condiciones normales, reduciendo la barrera electoral para entrar en Las Cortes. Propician que surjan más alternativas y que la configuración de mayorías requiera de más partidos, en lugar de la fiesta de la democracia entendida como rodillo parlamentario que es tener a un partido con mayoría absoluta que lo controla todo, y punto.
Sin embargo, la situación es excepcional. Porque hemos vivido estos últimos ocho años una circunstancia nueva: la de un Gobierno de coalición, primero entre dos partidos (PSPV y Compromís), con el apoyo externo de Podemos, y a partir de 2019 un tetrapartito (PSPV-Compromís-Podemos-Esquerra Unida). De cara a las elecciones autonómicas de mayo, las cosas están muy ajustadas, y existe la posibilidad de que algunos de los partidos que hoy figuran en Las Cortes no logren superar el 5% de los votos: es el caso, sin duda, de Ciudadanos (que muy probablemente no alcance tampoco el 3%, pero bueno, siempre es mejor tres que cinco si tu expectativa más razonable es quedarte en el 1%). Y también es el caso, aunque menos probable, de Unidas Podemos (en particular, si Podem y Esquerra Unida se presentan por separado).
Reducir la barrera electoral al 3% va claramente en interés del Botànic, en un doble sentido: garantizará que Unidas Podemos entre en el Parlamento autonómico y propiciará que la presión del voto útil se reduzca un poco para eventuales votantes indecisos entre Ciudadanos y PP-Vox. Y cada voto a favor de Ciudadanos, en estas elecciones, va a ser útil... para el Botànic, porque será un voto que no sumará en el bloque conservador (salvo en el muy improbable caso de que Ciudadanos lograra alcanzar el 3%).
En cambio, no está tan claro que sea una buena idea, a medio y largo plazo, para los socios mayoritarios del Botànic, Compromís y sobre todo PSPV, por la razón que comentaba antes: ¿qué necesidad hay de abrir el campo electoral a irritantes pequeños partidos que puedan dividir el voto, la causa común de la izquierda, y en definitiva capten votantes que podrían quedarse tranquilamente en PSPV y Compromís? La rebaja al 3% puede ser pan para hoy y hambre pluralista para mañana. Y ni que decir tiene que no está en el interés del PP apoyar esta rebaja, como no lo ha estado nunca.
El gran problema de esta reforma es justamente ese: que está muy claro que se plantea ahora por un interés electoral cortoplacista, y por ningún motivo más. Llevamos dos legislaturas, las dos legislaturas del Botànic, debatiendo la reforma de la Ley Electoral. Una reforma cuyo espolón de proa estaba claro desde el minuto uno que consistiría en rebajar el límite del 5% al 3%. La reforma quedó congelada por dos razones: que Ciudadanos decidió no apoyarla a la hora de la verdad y que desde el Botànic se consideró que, después de todo, tampoco era tan urgente la cosa. Ahora las cuentas quizás no salgan sin esa rebaja (puede que no salgan en el Botànic y, sin ningun género de dudas, no salen en Ciudadanos), y de repente a muchos les ha empezado a preocupar que la ley electoral valenciana tiene muchas deficiencias en asegurar la adecuada representación de las opciones políticas que han recabado apoyos entre los ciudadanos.
Es poco probable que la reforma salga adelante, entre otras cosas porque para prosperar requeriría del voto de los partidos del Botànic, de Ciudadanos, y de al menos uno de los diputados no adscritos que en su momento se escindieron de Ciudadanos. Y conjugar todos estos apoyos tan variopintos no es tarea sencilla. Lo cual, hay que decirlo, sería una pena. Porque es indudable que la barrera del 5% es injusta, exagerada, y deja fuera de Las Cortes Valencianas a formaciones con un apoyo ciudadano significativo, como de hecho ha ocurrido históricamente en muchas ocasiones. Los casos más sangrantes son los de Unión Valenciana en 1999, el Bloc en 1999 y 2003 y Esquerra Unida en 2015, todos ellos por encima del 4% de los votos (sin olvidar antecedentes más remotos, como el CDS y Unitat del Poble Valencià en 1991, que superaron el 3% de los sufragios).
Se trata de un porcentaje, el del 5%, que no tiene razón de ser para aplicarse a un Parlamento con 99 diputados, lo que significa que un diputado, en términos porcentuales, vendría a representar idealmente a un 1% de los votantes. Es decir, que en Las Cortes los partidos que entran lo suelen hacer con un mínimo de cuatro o cinco diputados. Es un umbral demasiado exigente y lesivo para las minorías, en el que además concurre un segundo factor discriminatorio totalmente injustificado: a pesar de que las circunscripciones son provinciales, es necesario alcanzar el 5% a nivel autonómico. Esto dificulta sobremanera que partidos de base provincial puedan obtener representación.
En resumen: el listón del 5% constituye un problema que el sistema electoral aplicado en las Elecciones Autonómicas en la Comunitat Valenciana arrastra desde hace cuarenta años. La rebaja al 3% tiene todo el sentido en materia de maximizar la representatividad del sistema y su capacidad para responder fielmente al sentir de la ciudadanía. Y si no se ha hecho nunca este cambio es justamente por eso, porque los partidos mayoritarios no quieren, de ninguna manera, modificar el sistema en un sentido que pueda incrementar las dificultades para revalidar dichas mayorías.
Esta es, de hecho, la ley de hierro de cualquier ley electoral, que explica la enorme resiliencia de los sistemas electorales, por injustos que sean: casi nunca el que ha logrado ganar con un sistema quiere cambiarlo, porque... ¿para qué cambiar lo que ha funcionado tan bien? De manera que, si ahora se cambia, aunque sea motivado el cambio por un sucio y cortoplacista interés electoral, bienvenido sea.
