No es un concierto es un 'festival': la financiación de Cataluña sacude el tablero valenciano

VALÈNCIA. El acuerdo entre PSOE y ERC para que el socialista Salvador Illa alcanzara la Presidencia de la Generalitat de Catalunya sigue coleando con fuerza en la agenda política nacional, pero también en el escenario autonómico. En la Comunitat Valenciana, la concesión de una financiación singular para el citado territorio ha reavivado con intensidad la polémica respecto a la reforma pendiente del sistema, caducado desde 2014 y que mantiene un reparto que perjudica notablemente a los valencianos, dado que los condena a seguir en el furgón de cola respecto al resto de las autonomías.

Así, y como viene ocurriendo también de manera constante desde hace muchos años, parte de la actualidad estatal se ciñe a los tira y afloja del Gobierno de España con Cataluña y el rédito que las formaciones que se encuentran en la oposición pueden extraer de las exigencias y concesiones que se produzcan entre unos y otros.

Esta misma semana, la camaleónica ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insistía en desmentir que el acuerdo alcanzado supusiera un "concierto" al estilo del que ostentan País Vasco y Navarro que, cabe recordar, viene reflejado en la Constitución. Las amenazas de ERC, que avisan de que romperán el pacto si no se cumplen sus condiciones, y las presiones de Junts, que este mismo viernes exigían la comparecencia de Félix Bolaños y María Jesús Montero en el Congreso para explicar el acuerdo, dibujan un escenario en el que, una vez más, el Gobierno de España parece dedicar buena parte de su tiempo y esfuerzo a conseguir mantener una estabilidad en las relaciones con las fuerzas independentistas, cuyo apoyo, conviene mencionarlo, es más que relevante para ostentar una mayoría parlamentaria en el Congreso y, por ende, la estabilidad gubernamental. En definitiva, más que un debate sobre si el acuerdo es o no un concierto, lo que acontece es un festival donde los distintos artistas retuercen la agenda política y sus posiciones.

En este punto, también las formaciones valencianas tienen algo que decir. El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, advertía el jueves de que no aceptarán nada que no implique que se aborde la reforma del sistema de financiación para terminar con la situación injusta que atraviesa la Comunitat desde hace una década. En esta línea, aunque con motivaciones distintas, se manifiestan distintas voces del Gobierno valenciano liderado por el PPCV de Carlos Mazón: tal y como informó este diario, el acuerdo entre PSOE y ERC es prácticamente un traje a medida para las posiciones de la formación popular, que puede combinar los ataques constantes que ya venía lanzando de forma asidua sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez, con la animadversión a las fuerzas independentistas aliñada y convenientemente agitada con el siempre recurrente fantasma del pancatalanismo.

Unas posiciones que complican la vida al PSPV-PSOE. La secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, tiene una situación más complicada que la de otros compañeros al ser ministra en el Gobierno de Pedro Sánchez, lo que puede afectar a la flexibilidad para mostrarse más crítica o reivindicativa respecto a hechos como los actuales, algo que no ocurre a otros líderes autonómicos, que tienen mayor margen de maniobra ante escenarios de este tipo. Sobre esta cuestión, resulta complicado buscar alguna lógica que no sea la meramente estratégica para explicar que Cataluña vaya a tener una financiación singular -más allá de que algunos puedan considerarlo o no un concierto similar al de País Vasco y Navarra- mientras que la Comunitat Valenciana lleva 10 años predicando en el desierto sin haber conseguido nada, ni con gobiernos del PP ni del PSOE.

Así, en los últimos meses los esfuerzos socialistas, empezando por la propia Morant, se habían dirigido a intentar dar la vuelta a la tortilla en el debate de la financiación, insistiendo en que para reformar el sistema era necesario contar con una mayoría parlamentaria amplia en el Congreso y, por lo tanto, era necesario un acuerdo con el PP de Alberto Núñez Feijóo, especialmente cuando los populares gobiernan en 13 autonomías. Más aún, los socialistas insistían en que Sánchez propuso al líder popular iniciar las conversaciones para abordar esta modificación cuando se reunieron en La Moncloa en diciembre del año pasado y Feijóo lo había rechazado.

No obstante, y aunque bien es cierto que el presidente del PP tampoco parecía encontrarse nada cómodo con abrir el melón de la financiación gobernando tantas regiones con necesidades y posiciones dispares, la posturas de los populares con el acuerdo PSOE-ERC sobre esta cuestión puede salir reforzada. De hecho, el próximo 6 de septiembre se producirá una convención nacional de los populares en la Madrid donde, al menos así debería ser, se ponga sobre la mesa una estrategia coordinada para obligar a Sánchez a abordar la reforma del sistema. O al menos esa apunta a ser la misión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

Los argumentos para los populares son ahora poderosos. Sánchez y sus ministros, pese a gobernar, han insistido en los últimos meses en que necesitaban al PP para el cambio de financiación e incluso exigían una propuesta a los populares; pero todas esas condiciones no se han producido a la hora de llegar a un acuerdo para una financiación singular para Cataluña. Así, ese pacto PSOE-ERC proporciona a los populares unas razones poderosas para exigir con firmeza, si es que así lo quieren, una reforma integral del sistema que acabe con el maltrato a la Comunitat Valenciana. De hecho, quizá la única oportunidad de contragolpe para el presidente del Gobierno sería impulsar el fondo de nivelación que también viene reivindicándose desde algunos territorios para compensar el sistema no reformado. Veremos.