VALÈNCIA. El otro día compré una caja de galletas Digestive Avena que en la letra pequeña de la parte de atrás advertía: "La palabra ‘Digestive’ no significa que la galleta contenga características digestivas específicas". Avena sí llevaba. El nombre es importante, porque, aún leyendo el aviso, uno puede pensar que algún efecto digestivo tendrán las galletas, aunque sea el placebo.
El nombre que le ponemos a las cosas que queremos 'vender' influirá en su éxito o fracaso, como bien saben los expertos de naming. También en el mundo de las ideas. Por eso la política y la economía están llenas de eufemismos que rozan la lírica cuando de buscar circunloquios se trata para no nombrar lo innombrable. "Actualizar tributos" o "regular empleo" son maneras imaginativas de referirse a una subida de impuestos o al despido de personas que irán al "desempleo", que no paro. Para los amantes del doble lenguaje, nadie pierde cuando baja la Bolsa, pues definen tal circunstancia como "recogida de beneficios" de los inversores.
Ni la legislación se ha librado de esta suerte de corrección en el lenguaje, que cubrió tanto la insolvencia como la quiebra o bancarrota bajo una genérica "suspensión de pagos" que acabó siendo demasiado explícita, hasta que a alguien se le ocurrió lo de "concurso de acreedores". Etcétera. Y por encima de todos, de autor desconocido, el eufemismo de los eufemismos, el oxímoron de los optimistas y los engañabobos: "crecimiento negativo". Sublime.
Viene hablándose en España en los últimos días –años en la Comunitat Valenciana, sin pena ni gloria–, de un concepto económico, la quita (de la deuda), que hace torcer el gesto tanto como despido, paro, bancarrota o subida de impuestos. Ha sido Miquel Iceta quien lo ha puesto en el debate nacional y la reacción contra la propuesta del candidato del PSC por parte de partidos políticos –incluido parte del PSOE–, medios de comunicación y expertos economistas debería hacer reflexionar al Consell y a Les Corts sobre la conveniencia de llamar a Risto Mejide para que busque ya otro término.
La quita que se pretende –en Cataluña ahora y desde la época de Alberto Fabra aquí– es la condonación de una parte de la deuda, la de las Comunidades Autónomas que han tenido que pedir prestado durante años porque el Estado no ha cumplido su obligación constitucional (artículo 156) de garantizar la autonomía financiera de las CCAA. "Está en la Constitución", que diría un defensor del Cupo vasco.
La valenciana ha sido la más reivindicativa en ese sentido, no por casualidad, sino porque es la más castigada por la infrafinanciación desde 2002. Quienes se oponen a la condonación parcial de la deuda explican que la quita conlleva un "riesgo moral", porque además de ser un premio a las CCAA supuestamente menos aplicadas es una invitación a que sigan sin cumplir los objetivos marcados.
A esto ya replicó el experto valenciano Francisco Pérez en un voto particular que casi nadie se ha leído, y su hermano, el no menos experto José Antonio Pérez, en una entrevista en este periódico. Por resumir, la quita que se propone no es a la deuda provocada por la mala gestión, el despilfarro, la corrupción o las inversiones, esa la vamos a pagar los valencianos, sino la provocada por la falta de financiación que otras CCAA no han sufrido. La quita es por el 'no te doy lo que te tengo que dar, pero te lo presto y ya me lo devolverás'.
Ir cargados de razón no quiere decir que nos la vayan a dar. No ayuda ir –aparentemente– de la mano de Cataluña, no en las circunstancias actuales. Tampoco ayuda hablar de 20.000 millones de euros, cifra que asusta. Tiempo habrá de hacer los cálculos si se consigue abrir esa vía. Y tampoco ayuda llamarlo quita.
¿Y cómo lo llamamos? "Condonación" es una palabra más suave pero fea y tampoco gusta a los expertos porque remite a la quita. "Reestructuración" se utiliza mucho en el ámbito financiero, pero no siempre implica una quita. Juan Carlos Moragues, cuando era conseller de Hacienda y el PP pedía la quita con más ahínco que ahora, habló siempre de mutualización de la deuda. "Mutualización" evoca a una suerte de solidaridad financiera de la que ya se habló en la Unión Europea en plena crisis como solución a los problemas de algunos países para financiarse. No salió adelante.
El informe de la comisión de expertos contiene otro hallazgo literario: "metabolizar la deuda", idea genérica que podía incluir o no una quita, aunque la mayoría de los expertos rechazaba esta posibilidad. Destilación, fotosíntesis, asimilación, reconversión, reasignación... se admiten sugerencias.
En cualquier caso, no es una simple cuestión de naming. A lo que habría que dar la vuelta es al concepto. Que no sea una quita, sino una compensación del Estado a las CCAA que han padecido la infrafinanciación; no me quitas deuda, pero me asignas cada año un poco más de lo que me toca con el nuevo modelo de financiación y así voy reduciendo mi deuda. El secretario de Economía del PSOE, Manuel Escudero, lo apuntó el otro día al hablar de "compensaciones a futuro" cuando le preguntaron por la quita mentada por Iceta. También Ximo Puig utilizaba este sábado el término compensación y lanzaba otro concepto: "Pedimos justicia en diferido".
En Andalucía y Extremadura lo llamaron "deuda histórica" y les fue bien, 1.200 y 450 millones, respectivamente, reconocidos por Zapatero y Rajoy, respectivamente. El conjunto de España les pagamos –o tenemos que pagar, que tampoco aquí Montoro es muy cumplidor– la deuda histórica que se sacaron de la manga por los colegios y hospitales que les faltaban cuando recibieron las competencias. Unas carencias que en la Comunitat Valenciana también eran grandes y por las que nunca recibimos compensación alguna. Nos pagamos nosotros una decena de hospitales y centenares de colegios, y después de 30 años aún tenemos niños en barracones. Haberlo pedido, responderán los extremeños que ahora rechazan la quita porque "las deudas deben pagarse". Pues eso, llamémosle "deuda histórica" y que nos la paguen.
Deuda histórica o “mecanismos de compensación”, término que implica la búsqueda de un sistema que no sea tan gravoso para el Estado. Así lo entendieron en Les Corts, que en la Declaración institucional por una financiación justa para la Comunitat Valenciana firmada el pasado 26 de octubre por todos los grupos decían en su último punto que reafirman la demanda y exigencia de "el reconocimiento de los déficits de financiación acumulados directamente por el mal funcionamiento de los diferentes sistemas de financiación y el establecimiento de mecanismos de compensación para que el nuevo modelo no nazca lastrado por la injusticia diferida de los anteriores".
El circunloquio es tan extenso que puede que Mari Carmen Sánchez no entendiera que en román paladino eso es una quita. Eso explicaría que apenas un mes después, la lideresa de Ciudadanos diga Diego donde firmó digo para que "las arcas del Estado" no sufran "un colapso de fondos públicos". ¡Ni que tuviera que pagarlo Montoro por ventanilla!
Hay ejemplos aún más recientes. En el País Vasco no lo han llamado "deuda histórica" sino "devolución" de 1.400 millones que dicen que han pagado de más al Estado desde 2007, por el Cupo. Rajoy y Montoro, que decían que no, igual que Zapatero, ahora dicen que sí porque necesitan los votos del PNV. Así que se lo devolveremos durante una década en cómodos plazos, gracias a los votos de diputados populares y socialistas de Madrid, Extremadura, Aragón, Galicia y resto de comunidades que rechazan la quita porque "las deudas se pagan". Pues eso, llámalo "deuda histórica", a ver si la pagan.
El Consell guarda silencio mientras Andalucía protesta porque se da "más dinero a los más ricos y menos a los más pobres"