Foto: GABRIEL LUENGAS/EPVALÈNCIA (EFE/Belén Delgado). Las normas europeas sobre el impuesto en frontera por carbono y contra la deforestación importada marcan el camino para avanzar en la negociación internacional de las "cláusulas espejo" en el comercio agroalimentario con otros países.
Una de las principales demandas de los agricultores europeos en las protestas de los últimos meses ha sido la de exigir que las importaciones de terceros países cumplan los mismos requisitos que tienen las producciones de la Unión Europea (UE), más estrictos en el uso de productos fitosanitarios, bienestar animal, entre otras cuestiones.
El portavoz de la Comisión Europea en el área de Comercio, Olof Gill, señala a EFE que las "cláusulas espejo" se negocian caso por caso en el marco de la cooperación bilateral con socios, en acuerdos comerciales y foros multilaterales.
El Gobierno español espera que la UE apruebe estas condiciones en la próxima legislatura, si bien todavía no cuenta con el respaldo de la mayoría de los Estados miembros.
En el uso de pesticidas, la legislación europea armoniza los límites de residuos permitidos y fija un sistema de evaluación común para todos los productos agrícolas destinados a la alimentación, en conformidad con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), según el portavoz comunitario.
Gill resalta que la UE está "comprometida con la transparencia continua" en el diseño e implementación de las medidas del Pacto Verde Europeo y colabora en la formulación de políticas con sus socios comerciales, con los que debate los niveles máximos de residuos en el Comité de medidas sanitarias y fitosanitarias de la OMC.
Como precedentes recientes, la UE defiende la compatibilidad de su nuevo impuesto sobre las importaciones de carbono desde terceros países con las normas de la OMC, puesto que los importadores pagarán por la huella de carbono de sus productos "el mismo precio" que los productores de la UE, y está recopilando datos antes de empezar a cobrarlo en 2026.
El portavoz sostiene que la voluntad de "colaboración, transparencia y diálogo abierto" prima también en la implementación del reglamento europeo contra la deforestación, que gravará las importaciones de madera, aceite de palma o soja que contribuyan a la tala de bosques a partir del próximo diciembre.
La UE tiene el derecho de decidir unilateralmente su nivel de protección, incluso si hay estándares internacionales, y adoptar uno más estricto si cumple el requisito de evidencia científica o invoca el principio de precaución, explica el experto del laboratorio de ideas Bruegel Petros Mavroidis.
Apunta que las "cláusulas espejo" deben cumplir el principio de la nación más favorecida, que en el lenguaje de la OMC significa tratar por igual a los socios comerciales y extender cualquier ventaja concedida a una parte a todo producto similar de las demás partes.
Aunque falta ver cómo se aplicará el impuesto al carbono importado, Mavroidis señala que esta extensión del régimen de comercio de derechos de emisión de carbono de la UE es consistente con las reglas internacionales si todos los productos similares pagan la misma carga.
Un panel de la OMC ya ha analizado el régimen de deforestación de la UE y, en su fallo del pasado marzo, dio la razón a los Veintisiete en una disputa con Malasia, uno de los mayores productores de aceite de palma, por las restricciones comunitarias al uso de esta materia para biocombustibles por entender que se sustituyen bosques o tierras de cultivo de alimentos por plantaciones dedicadas a su producción.
El Comité de Organizaciones Agrarias y Cooperativas comunitarias (Copa-Cogeca) resalta que "a veces falta coherencia entre las políticas internas europeas y sus ambiciones y aquellas externas, sobre todo en comercio".
No se trata de poner barreras proteccionistas, sino -por ejemplo- de que los pesticidas que se eliminan gradualmente en la UE no regresen al mercado.
Los agricultores europeos creen que el sistema de la OMC "no está funcionando bien" y ven "a menudo muy difícil" incorporar a los socios comerciales a las nuevas regulaciones europeas que impactan sus exportaciones, como el reglamento sobre deforestación o el mecanismo de ajuste en frontera por carbono.
Muchos de esos socios tienen interés en acceder al mercado europeo, de precios más altos, pero compiten con ventaja si no necesitan cumplir con las regulaciones comunitarias, que suelen ser más pesadas.
"A menudo el argumento es que nosotros tenemos la Política Agraria Común (PAC) y los subsidios, pero otros muchos países también tienen esquemas de apoyo, sin necesariamente los mismos requisitos de sostenibilidad para acceder a ellos", afirman las fuentes del Copa-Cogeca.
La organización se muestra a favor de implementar acuerdos comerciales "verdes", inversiones en infraestructuras y transferencia de tecnología, más transparencia e intercambio de información, y un enfoque colaborativo.
