El Consell se confiesa desbordado tras otra condena del TSJCV por no facilitar documentación

VALENCIA. Es el tercer vaparalo jurídico al Consell en poco tiempo por no facilitar información a la oposición. La sección quinta de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha estimado el recurso interpuesto por el diputado del PP en Les Corts, José Císcar, que reclamó la remisión de una copia "en soporte informático" de los informes de fiscalización e intervención previa emitidos por las diversas intervenciones delegadas de cada conselleria entre julio de 2015 y enero de 2016.

En este sentido, se condena a la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico que dirige Vicent Soler a poner a disposición de Císcar en un plazo máximo de 20 días la documentación que el diputado popular solicitó el pasado 29 de enero. Además, el auto también pena a unas costas procesales por importe de 1.500 euros. 

No obstante, a última hora de la tarde del lunes, la conselleria de Hacienda aseguraba que recurriría la sentencia del TSJ ya que toda la documentación que el PP solicitaba no estaba informatizada y los populares estaban actuando con "mala fe" al ser "perfectos conocedores" de esta coyuntura. Lo que para el departamento que dirige Soler evidenciaba una actuación premeditada del grupo popular para "confundir y manipular los hechos de forma torticera".

Así, desde la Conselleria de Hacienda trasladaban este martes a Valencia Plaza que cuando "se pide un informe, se piensa en un documento con una redacción literaria", sin embargo, en este caso, los informes de la Intervención que solicitan son papeles que llevan "un número de registro y una frase simple como por ejemplo 'retención de crédito para comprar impresora' que va acompañado del cuño de la Intervención, ya que es la forma de dar 'el visto bueno' a esa petición". De esta manera, el documento solicitado que evidencia la fiscalización previa que da el beneplácito para realizar operaciones equivaldría a un "simple cuño" algo que no está digitalizado.

Por otra parte, desde la conselleria de Soler aseguran que la cantidad existente de este tipo de informes es tal, que los técnicos no se aventuran a ofrecer una cifra exacta. No obstante aseguran que supera "los 1000 expedientes con creces" y si los funcionarios "debieran escanear tantos documentos" desbordarían la administración.

Un argumento que el Consell ya alegó el 5 de abril cuando se le dio respuesta a Císcar después de recibir la petición y conocer que el PP había interpuesto un recurso al departamento de Soler. "Le comunico que de acuerdo con la Ley 1/2015 todos los actos que reconocen derechos de contenido económico (…) son objeto de intervención previa que se materializa mediante la estampación de un cuño de conformidad sobre cada uno de los documentos intervenidos. Las solicitudes implicarían reproducir la práctica totalidad de los expedientes administrativos, lo que excedería de toda racionalidad e impediría gravemente el trabajo de la administración", subrayaban.

El PSPV en Les Corts cree que el Consell "haría bien" en recurrir ante el Supremo

De acuerdo a la intención de la conselleria de Hacienda, el portavoz socialista en Les Corts, Manolo Mata, respaldaba este martes la idea de recurrir esta sentencia ante el Tribunal Supremo y manifestaba lo "complicado" que sería cumplir con el fallo, como ya sucedía con la sentencia del TSJ sobre las cajas fijas de las universidades. "No entiendo cómo se nos condena por no dar documentación que no es nuestra, ni porque alguien no otorgue en soporte informático algo que no está en soporte informático", señaló. 

Asimismo, también reflexionaba que la Generalitat "debería hacer una evaluación del coste que está suponiendo en horas de trabajo la petición masiva de información", ya que "parece que lo que se busca es únicamente el retraso en dar la información o cualquier esquina que permita judicializar el tema".

Así, Mata recurría a la información que previamente les había trasladado el presidente de Les Corts, Enric Morera, para evidenciar la gran cantidad de peticiones que se han solicitado en la Comunitat Valenciana. Así, Morera hizo "una evaluación de las solicitudes de información que se han hecho en todos los parlamentos autonómicos" y, comparativamente, la valenciana superaba con creces la actividad registrada por otras autonomías como la andaluza.  Mientras "Andalucía tiene1.700 en esta legislatura, el resto de parlamentos, del orden de 1.000 y aquí 10.000", subrayó el síndico parlamentario del PSPV.