Mónica OltraCulpa al anterior ejecutivo por dejar una Comunitat "intervenida por el Ministerio de Hacienda"
VALENCIA. (EUROPA PRESS). La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha afirmado que en estos momentos resulta "inviable" asumir la gestión directa de más plazas de atención residencial por estar la Comunitat Valenciana "en la práctica intervenida desde el Ministerio de Hacienda" y por la aplicación de la Ley de racionalización del sector público". Así, figura en una respuesta parlamentaria al diputado del Grupo Parlamentario Popular Alfredo Castelló Sáez sobre la gestión directa de plazas de atención residencial.
Al respecto, Oltra señala que "la preocupante y mala situación" presupuestaria de 2015 de la Generalitat y, "en particular" de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que "se encontró" el actual Consell después de las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo, "ha hecho necesario establecer de manera urgente líneas prioritarias de inversiones, de atención de emergencias sociales y de atención y cobertura de atrasos de pagos a personas con dependencia y exclusión social".
Así, argumenta que esta priorización "ha entorpecido de manera notable la poca capacidad presupuestaria heredada para el segundo semestre de este ejercicio por otras cuestiones importantes a las que no hemos podido dar aún la respuesta que el actual gobierno querría".
De hecho, maantiene que "tener en la práctica una comunidad intervenida desde el Ministerio de Hacienda y la aplicación de la Ley de racionalización del sector público, hace inviable asumir actualmente la gestión directa por parte de esta conselleria de más plazas de atención residencial".
No obstante, recalca "la voluntad de revertir esta situación" y estudiar la asunción de la gestión directa y pública de las concesiones administrativas actuales, "en la medida de las disponibilidades económicas de los futuros presupuestos autonómicos y de conseguir la financiación necesaria desde el Estado central".
Por tanto, señala que la elección de un contrato de gestión de servicio público, en la modalidad de concierto, para la puesta a disposición de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de diez plazas residenciales de protección de menores en el centro ubicado en la provincia de Valencia en el período 2015-2016 "responde a la necesidad de prestar la atención residencial necesaria a los menores que se encuentren solos la guarda y/o tutela de la Generalitat, y resulta imprescindible completar la gestión directa con la colaboración de las entidades privadas sin ánimo de lucro que dispongan de recursos residenciales adecuados para la ejecución del objeto del contrato".
En cuanto al criterio de adjudicación, de las dos entidades que se presentaron al proceso de licitación, una se excluyó por no acreditar disponer de un centro propio autorizado en la provincia de Valencia, por lo que la adjudicación se efectuó con la otra entidad licitadora que "sí que cumplía todos los requisitos que se pedían en el contrato administrativo" y con el objeto de "dar estabilidad a la situación actual durante el período necesario para estudiar la adopción de nuevos criterios".
En ese sentido, ha recordado que en su comparecencia parlamentaria del pasado 17 de septiembre para informar sobre las líneas generales de la política que llevará a cabo la conselleria en esta legislatura, ya anunció el establecimiento de cláusulas sociales que frenen el mercantilismo en la atención a menores.
De hecho, ha destacado que el Consell está trabajando en la inclusión de estos tipos de cláusulas en los procesos de contratación pública, especialmente en aquellos que tienen relación con la atención a las personas.
