VALÈNCIA. El equipo de gobierno municipal que lidera María José Catalá tiene previsto aprobar este viernes en la Junta de Gobierno Local las ordenanzas fiscales de 2024 para poder comenzar con la elaboración de los presupuestos del próximo ejercicio. Un documento en el que actualizarán diferentes impuestos como el IBI, el de la plusvalía o el impuesto de circulación que, en suma, implicarán un ahorro de 70 millones de euros para los contribuyentes. O, a la inversa, una merma en la recaudación de la administración local de esta misma cuantía.
La medida, conviene recordar, fue una promesa que realizó la propia alcaldesa durante la campaña electoral de las elecciones municipales del pasado 28 de mayo, cuando era candidata de los populares a la vara de mando. "Lo que hay que trabajar son las ordenanzas fiscales en octubre con una bajada de impuestos de 67 millones de euros aplicable en el año 2024 correspondiente a un 20% de bajada del IBI, al 95% de bonificación de la plusvalía en el caso de transmisiones de negocios familiares, [...] al impuesto de vehículos de tracción mecánica y tasa de alcantarillado (que ha subido un 200% en los últimos años en la ciudad)", expuso la propia Catalá en un desayuno electoral organizado por Valencia Plaza.
Dicho y hecho. La propuesta del equipo de gobierno es prácticamente esa, dibujada por el equipo económico del PP durante la campaña de cara al ejercicio 2024 y preparada por la Concejalía de Hacienda que dirige María José Ferrer San Segundo.
Así, en el caso del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como impuesto de plusvalía, el equipo de gobierno busca aplicar una bonificación del 95% en el caso de heredar una vivienda en la ciudad o, según lo prometido en campaña, un negocio familiar. La misma bonificación habrá en el caso de donaciones a familiares directos.
Una medida que va en la misma dirección que la impulsada por el gobierno autonómico de Carlos Mazón, que ha aprobado una bonificación de los impuesto de sucesiones y donaciones al 99% en el caso de hijos/as, cónyuges, padres y madres. Así, quien herede o reciba una vivienda de un familiar directo no pagará prácticamente nada por este impuesto autonómico y apenas tendrá que contribuir por el municipal de plusvalía.
Conviene recordar, además, que una de las principales denuncias del Partido Popular mientras estaba en la oposición durante los dos mandatos anteriores se centraba en la recaudación que realizaba el gobierno de Joan Ribó a través de impuestos. Y en particular, del impuesto de plusvalía y el IBI, que acumulan desde hace dos años el mayor número de reclamaciones por parte de los vecinos de la ciudad ante el Jurat Tributari del consistorio.
En este sentido, Catalá también busca aplicar una rebaja generalizada del 20% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). A diferencia de otros gobiernos municipales como el de Murcia, que ha decidido subir un 6% este impuesto de cara al año que viene, el equipo municipal quiere rebajar el IBI a los ciudadanos de València en 2024.
Junto a estos dos, el Ayuntamiento también tratará de sacar adelante una rebaja del 8,5% del impuesto de circulación, también conocido como el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica o el del 'sello del coche' que pagan los propietarios de los coches -u otro tipo de vehículos, sobre todo a motor- para poder circular por las vías públicas de la ciudad.
Una de las cuestiones que no quedará incluida entre las ordenanzas fiscales es la tasa turística. Aunque en el mandato pasado el gobierno de Joan Ribó y Sandra Gómez aprobó una moción para ponerla en marcha a partir de 2024, el ejecutivo autonómico de PP y Vox ha anunciado ya su supresión. En cualquier caso, su eliminación por parte del Consell, que tiene que ser ratificada por Les Corts, hará imposible su implantación en cualquier municipio.
En su día, Catalá descartó su implantación si llegaba a la Alcaldía, como así ha sido, pero dejó la puerta abierta a que esta pudiera llegar a aplicarse en un futuro cuando el contexto económico fuera distinto al actual: con un sector turístico recuperado tras la pandemia de la covid-19.
En las próximas horas, el gobierno deberá concretar además si se aplicará algún tipo de bonificación al Impuesto de Actividades Económicas (IAE) o a la tasa de alcantarillado, como también se comprometió durante la campaña.
Ahora bien, la viabilidad de estas ordenanzas fiscales, que fijan la previsión de ingresos para el próximo año y que serán el punto de partida para la elaboración de las cuentas municipales, deberán ser validadas no solo por el PP, sino también por sus "socios preferentes", los cuatro concejales de Vox, ante el previsible voto en contra de Compromís y PSPV.
Una circunstancia que quedó en el aire este miércoles, cuando el portavoz de esta formación en el consistorio, Juanma Badenas, se quejó de que el equipo de gobierno de Catalá les había trasladado "en un folio y medio con las ordenanzas fiscales" y no les parecía "un documento de trabajo serio" como para brindar su apoyo. También evitaron responder si su apoyo a los presupuestos está supeditado a su entrada en el gobierno, si bien reclamaron participar en su elaboración y no solo en su votación.
Ahora bien, lo cierto es que una vez anunciadas tales medidas el viernes -las fiscales-, Vox tendría complicado rechazarlas por el difícil encaje y justificación que tendría entre su electorado. El partido se ha posicionado a favor de la rebaja generalizada de impuestos, por lo que rehusar estas ordenanzas fiscales que suponen un ahorro de 70 millones de euros para los contribuyentes sería difícil de explicar para la formación.