Pedro Sánchez. Foto: EDUARDO PARRA/EPVALÈNCIA (EFE/Lourdes Velasco). La propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de avanzar en la descentralización mediante la salida de la capital de instituciones españolas incide en viejas ideas como la de llevar el Senado a Barcelona, donde se llegó a trasladar durante unos años la Comisión de Mercados de las Telecomunicaciones (CMT).
Fue en 2004 cuando el Gobierno que presidía José Luis Rodríguez Zapatero decretó el traslado a Barcelona de la CMT, una decisión que provocó la dimisión del entonces jefe del organismo y los recursos judiciales tanto de los trabajadores como de la Comunidad de Madrid, a quien el Supremo dio la razón.
El organismo se trasladó a Barcelona en 2005, pero no fue hasta 2010 cuando se estrenó la sede en el distrito tecnológico de la capital catalana en 2010: un edificio de 12.000 metros cuadrados que costó 61,5 millones de euros.
Tres años más tarde, el Gobierno de Mariano Rajoy frenó el proyecto de su antecesor e hizo desaparecer la CMT, curiosamente con el apoyo de CiU, que aprobó el cambio en el Senado con la condición de que Barcelona mantuviese la dirección de las resoluciones sobre telecomunicaciones.
La acción del Gobierno de Mariano Rajoy para devolver a Madrid la sede consistió en integrar la CMT en la nueva Comisión de Mercados y Competencias, aunque sí dejó en Barcelona la dirección de instrucción de los asuntos de supervisión regulatoria.
Los defensores de la descentralización defendían que después de trasladarse a la capital catalana la Comisión Nacional de las Telecomunicaciones, Barcelona se estrenó como capital mundial del móvil y acogió el Mobile World Congress, a la vez que despachos especializados en tecnología fueron llevando allí sus sedes.
Zapatero promovió aquél traslado como una muestra de la España plural que propugnaba, tras un acuerdo con el entonces president de la Generalitat, Pasqual Maragall, que como líder del PSC fue uno de los precursores de una idea que ha rondado más ocasiones en los planes de los socialistas catalanes: trasladar el Senado a Barcelona y descentralizar así las Cortes Generales.
Desde entonces, al debate público español se ha sumado la cuestión de la despoblación, que algunas voces consideran que se podría combatir con una mayor presencia de los organismos públicos del Estado en los territorios más vaciados.
La ponencia que se debate estos días en el Congreso que el PSOE celebra en Valencia plantea textualmente promover la "desconcentración" de la Administración General del Estado "a partir del traslado total o parcial de las sedes de diversos organismos a distintas ciudades del país y pone como ejemplo "algunas agencias estatales".
Oficialmente el Gobierno no ha concretado qué organismos podrían ubicarse en un lugar distinto a Madrid, pero fuentes gubernamentales sí han apuntado que serían de nueva creación. La federación socialista de Teruel, por ejemplo, ha propuesto crear en la ciudad aragonesa una Agencia Espacial Nacional, lo que entienden que supondría un impulso a su PIB.
El planteamiento de Sánchez de abrir un debate "leal pero sano y necesario" sobre la ubicación de instituciones del Estado en todo el país ha enfadado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que la cree una "majadería" y un "ataque directo a la capital de España", además de un perjuicio para los funcionarios, a los que asegura que quiere defender.
La realidad es que en la capital confluyen casi la totalidad de las instituciones del Estado, incluidos todos los ministerios, las Cortes y los altos tribunales: el Constitucional, la Audiencia Nacional el Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), además de muchos otros organismos como el Tribunal de Cuentas, los centros públicos de investigación, los organismos culturales...
Hay contadas excepciones: la Escuela Judicial tiene dos sedes, una en Madrid y otra en Barcelona; la Escuela Nacional de Policía está en Ávila, y en Baeza (Jaén) está la Academia de Guardias de la Guardia Civil. Alicante, además, acoge Casa Mediterráneo, un consorcio público integrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y otros organismos dedicado al conocimiento y acercamiento de España y el resto de países de la cuenca mediterránea, y en las Islas Canarias se ubica, asimismo, Casa África.
En Navarra se ubican el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA), en San Adrián; el Centro Nacional de Energías Renovables (CENER) en Sarriguren, y en Extremadura está la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil de Mérida o el Centro de I+d de Cerdo Ibérico de Zafra (Badajoz). y Algunos de los centros del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (CSIC) tienen sede fuera de Madrid, como es el caso del Instituto de Investigaciones Pesqueras.
Las Confederaciones Hidrográficas, algunos museos nacionales (como el Escultura de Valladolid, el de Arte Romano en Mérida o el de Arqueología Subacuática (ARQVA), con sede en Cartagena) son otras de las excepciones.
Pero en la capital se ubica casi todo, incluso la sede de Puertos del Estado desde su creación en 1992, un organismo que la Generalitat Valenciana pide trasladar a Valencia para que deje de estar en una ciudad "a 350 kilómetros del mar".
Más allá de mover instituciones ya asentadas en Madrid, la cuestión es qué pasará con las que se monten desde cero. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) se creó de nueva cuña en León, y Zapatero impulsó también allí la CIUDEN (la ciudad de la energía), que cuenta con un museo y albergará un proyecto de innovación sobre el reto demográfico, según anunció recientemente Pedro Sánchez.
Además, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tiene en mente trasladar el Centro de Procesamiento de Datos (CPD) de la Seguridad Social a Soria, la provincia más despoblada de España.
Lo cierto es que el efecto capitalidad produce una concentración en Madrid de buena parte de los empleados públicos estatales: más de 150.000 de los 514.514 trabajadores al servicio del Estado. No obstante, para las comunidades autónomas trabajan 1,6 millones de personas y para las locales un total de 579.000.
Si el proyecto de descentralizar pasa por mover también a trabajadores, el Gobierno se topará previsiblemente con el rechazo de estos. "Nos parece una polémica estéril, dentro del cruce habitual de reproches entre Gobierno y oposición. No hay nada concreto. Además, ya hay múltiples organismos y delegaciones de la Administración del Estado fuera de Madrid", defiende CSIF, el sindicato más representativo de las instituciones públicas.
De todos modos, ni el Gobierno ni el PSOE han dado de momento pistas sobre si habría grandes instituciones que podrían salir de Madrid, o si, por el contrario, la propuesta de pensar sobre el modelo territorial nuevamente quedará en una idea fallida. EFE
