VALÈNCIA. Vicent Sarrià tiene un plan que ha venido esbozando cada vez que se le ha preguntado sobre los Bloques Portuarios. El proceder a ojos del edil de Desarrollo Urbano de València está muy claro y así lo eplicó a los propietarios privados de las viviendas este martes y a los medios al día siguiente. Lo mejor, según apunta, es reedificar.
La idea es que la Administración se haga cargo del derribo y la reconstrucción de los bloques, de forma que los propietarios actuales fueran los titulares de las viviendas nuevas, si bien los costes acabarían repercutiéndose en los mismos dueños. El coste total: 13,7 millones de euros, 82.000 euros por piso.
Precisamente el coste es uno de los caballos de batalla entre el Ayuntamiento y los afectados, dadas las dificultades que parte de los vecinos y propietarios han manifestado para hacer frente al montante. Ahora bien, según apuntó el edil de Urbanismo, el Plan Estatal de Vivienda podría dar ayudas por valor de hasta 3 millones de euros en total, lo que rebajaría sensiblemente las cargas económicas. Ahora bien, aquellos afectados con mayores dificultades económicas, podrían acogerse a distintos métodos de financiación, como son las hipotecas inversas, entre otras alternativas.
Sarrià desveló a los propietarios una de las características con las que contaría el nuevo complejo si se optase por esta opción: se prevé que se construyese un aparcamiento subterráneo. No obstante, evitó dar más detalles al respecto ya que el proceso se encuentra todavía en una fase incipiente de decisión.
Sea como fuere el nuevo edificio, mientras duran las obras, los vecinos se realojarían temporalmente "en el entorno más próximo" para volver tras la actuación. Sin embargo, los propietarios propusieron el levantamiento de un nuevo edificio en el barrio -señalan que hay solares para hacerlo- y trasladar a todo el vecindario allí en una sola operación. De esta forma, se evitaría el impás entre el derribo de los actuales Bloques Portuarios, y la edificación de los nuevos.
"Son casi todo ventajas", resaltaba el edil este miércoles. Por un lado, apuntaba que "es más barato reedificar que rehabilitar". Y es que los técnicos municipales han estimado que la rehabilitación integral de los Bloques alcanzaría los 14,3 millones de euros, medio millón más que la reconstrucción, y no contaría con las mismas ayudas estatales.
Por otro lado, añadió que al diseñar los nuevos bloques "no hay que ceñirse al actual edificio". Podría cambiarse la disposición, la orientación, la edificabilidad, y adaptarlo a numerosas necesidades: a efectos de normativa, de accesibilidad, de eficiencia energética. Son cuestiones que, si se optase por la rehabilitación, no se podrían acometer, y si se diseña una nueva finca, debe contar con estos elementos a los que obliga el Código Técnico 2007 y otros textos normativos, pese a que incrementen el precio de la actuación.
La opción de la rehabilitación, por su parte, "no es un apaño", aclaró Sarrià, sino que se trataría de una reforma integral de la edificación que pasaría inicialmente por las obras de consolidación del esqueleto. Aunque admitió que "hay viviendas en condiciones", lo cierto es que la estructura está gravemente desgastada y el edificio cuenta con las condiciones necesarias para ser declarado en situación de ruina, según detallaron los técnicos responsables de los estudios municipales.
Urbanismo cifra la reforma estructural de los bloques portuarios en 6 millones
En ese sentido, añadió que el informe elaborado por el área de Vivienda que dirige María Oliver acerca de la rehabilitación "no es comparable" con el de Urbanismo porque, según dijo, no ha hecho estudios tan profundos. Según Sarrià, el documento del servicio de Oliver entra a valorar reparaciones concretas más que una rehabilitación integral. La diferencia sustancial de coste entre ambos informes -Aumsa habla de 14,3 millones y Vivienda de 2,3- se sustentaría fundamentalmente en esta diferencia de profundidad. El concejal de Urbanismo sostuvo que Vivienda no ha realizado "los estudios previos de laboratorio y de materiales" que sí han realizado los técnicos de Aumsa y que les ha servido para alertar sobre su ruinoso estado.
Con todo, el edil espera tomar una decisión "en breve", en la que se deberá tener en cuenta inexcusablemente a la Generalitat Valenciana. De las 168 viviendas que albergan los Bloques, 77 son públicas -36 pertenecen a la Administración autonómica, 34 a la sociedad Plan Cabanyal, y 7 al Ayuntamiento- y las 91 restantes son propiedad de particulares.
A la espera de esta cuestión está el Plan Especial del Cabanyal (PEC), que ha mantenido el espacio de los Bloques en blanco h se llegue a una decisión definitiva. Aunque el Plan está ya preparado para salir a exposición pública, Urbanismo quiere esperar para incluir la solución acordada sobre la edificación, para que se incluya en el planeamiento vigente.