Podem denuncia que los privilegios para los 'expresidents' han costado más de un millón

VALÈNCIA. (EP) Podemos en la Comunitat Valenciana ha criticado este sábado que los privilegios que el estatuto de los expresidentes les otorga han costado a la Generalitat "más de un millón de euros desde 2003, de los que más de 700.000 corresponden a Francisco Camps".

Así consta en una respuesta parlamentaria de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico al grupo en Les Corts Valencianes, según ha informado Podem en un comunicado.

La formación morada presentó el pasado mes de enero una propuesta para reformar la ley que regula esta cuestión, con el objetivo de eliminar de la normativa el derecho a tener oficina y personal e introducir obligaciones de informar respecto al uso que los exjefes del Consell dan anualmente a los recursos en una memoria de actividades y económica.

En la misma línea, Podem quiere que los expresidentes no ostenten la condición de miembros natos del Consell Jurídic Consultiu (CJC), sino que puedan acceder al Comité Econòmic i Social (CES), "sin sueldo y con limitación temporal de cinco años".

La medida presentada en el parlamento autonómico también establece supuestos de revocación total o parcial por parte del pleno de Les Corts de los derechos y recursos otorgados a los expresidents de la Generalitat, así como supuestos de renuncia voluntaria, forzosa o revocación parlamentaria.

La portavoz adjunta, Fabiola Meco, ha recordado que Podem emprendió al inicio de la legislatura la reforma de esta ley, con la finalidad de plantearse el papel de los 'expresidentes'. Ha lamentado que PP y PSOE rechazaron en la cámara valenciana eliminar la opción que les reconoce esta ley a los expresidentes de ser miembros natos del CJC.

Por ello, la formación morada ha vuelto a plantear una proposición de ley para reformar este estatuto y que los exmandatarios del Consell "tengan menos privilegios y haya mayor transparencia con lo que se hace con los recursos públicos", ha defendido Meco.

Entre los gastos, ha señalado que la mayoría vienen originados por el mantenimiento de las oficinas. "No sabemos cual es su actividad, qué intereses se atienden, a qué se dedican o en pro de quién trabajan", ha denunciado, y ha lamentado al respecto que "Podem se quedó solo en Les Corts" en la tramitación de la anterior ley de reforma que pedía su desaparición.

Oficinas de Camps, Fabra y Olivas

El coste total de estas prerrogativas, a las que se han acogido los 'expresidents' desde junio de 2003 a febrero de 2018 asciende a 1.020.916 euros. En la respuesta, la Conselleria informa que la oficina que mantiene Camps desde 2011 ha supuesto un desembolso para las arcas de un total de 724.986 euros, "por las retribuciones anuales de su secretaria, que también lo era en su etapa al frente del Consell, Susana Fayos, y de su asesor, Francisco Campos Ibáñez".

En cuanto a la de Alberto Fabra, desde 2015, el mantenimiento supone 244.000 euros, cantidad que se desglosa en las retribuciones de "sus dos asesoras y un chófer: Esther Pastor, Juan Carlos Tatay y, desde diciembre, Carmen Amorós".

Y José Luis Olivas, en el periodo en que se acogió a esta prerrogativa --los años 2003 y 2004-- originó un coste con cargo a la Generalitat de un total de 51.634 euros "por las retribuciones de Carmen de Paz y Alfredo Sempere, en calidad de asesora y conductor".

Gastos de desplazamiento

La respuesta de Hacienda a Podem detalla que la Generalitat no se hace cargo de ningún gasto de alquiler o mantenimiento de oficinas y que, como en los presupuestos autonómicos no existe ninguna partida para las oficinas de los expresidentes, los gastos de desplazamiento --combustible, peajes y alojamiento-- solo se pueden identificar por la matrícula de los vehículos y las facturas.

En este sentido, la Conselleria detalla que los gastos por este concepto ascienden a un total de 40.178 euros en el caso de Francisco Camps y a 7.985 por lo que respecta a Alberto Fabra, en los años mencionados.

Respecto al coste de Francisco Camps en el Consell Jurídic Consultiu, según la certificación de la Secretaría General del órgano consultivo recogida por Hacienda, asciende a un total de 90.276 euros en 2018.