VALÈNCIA. (EFE) Podem considera que el caso Alquería, por el que ha sido detenido el presidente de la Diputación de València, Jorge Rodríguez y otros cinco altos cargos de la corporación o responsables de Divalterra, ha de servir para "aumentar la fiscalización (en las empresas públicas) y acelerar la supresión de las diputaciones".
La operación Alquería, iniciada por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, ha supuesto la detención de Rodríguez y de otras cinco personas: el jefe de gabinete del presidente de la Diputación, Ricard Gallego; los gerentes de la empresa pública provincial Divalterra, Agustina Brines (de Compromís) y Xavier Simón (del PSPV-PSOE); el secretario-letrado asesor de Divalterra, Jorge Cuerda, y Manuel Reguart, asesor de Jorge Rodríguez en la Diputación.
El secretario general y portavoz de Podem en Les Corts, Antonio Estañ, considera que esta situación ha de servir para "aumentar de forma contundente todos los mecanismos para prevenir la corrupción y para confirmar que las Diputaciones son unos entes que deben ser suprimidos por su tendencia al funcionamiento clientelar".
Estañ ha recordado que el pasado miércoles también fue imputado el Presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, del Partido Popular, por supuesta malversación y coacciones, "tras una legislatura marcada por las ayudas a dedo".
"Es evidente que la Generalitat tiene que avanzar más en el vaciamiento de las Diputaciones y los últimos acontecimientos tienen que servir para retomar este asunto como una prioridad y dar pasos más decididos en el año que queda" de legislatura, ha indicado el portavoz de la formación morada.
Sobre el caso Alquería, Estañ ha criticado que "a pesar del cambio político registrado en el gobierno de la Diputación de València tras las elecciones de 2015, el paso de Imelsa a Divalterra sólo fue un cambio cosmético, pero la opacidad y el clientelismo se mantuvieron".
Podem ha instado al PSPV a que sitúe al frente de la Diputación de València a alguien partidario de su vaciamiento competencial y de la plena cooperación con la Generalitat.
"Las diputaciones, por principio democrático y por funcionamiento interno, son entes que se tienen que eliminar del sistema institucional, ampliando a la vez la soberanía municipal. No se trata sólo de cómo se gestionan, sino que necesitamos que quien encabece la Diputación de València tenga la convicción que el organismo que preside tiene que ir vaciándose hasta que puedan ser suprimidas en la Constitución", ha concluido.