La edil de Vivienda y portavoz de València en Comú, María Oliver, en un pleno municipal. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Una de las formaciones que más alta ha llevado la bandera de la fiscalización, regeneración y transparencia en las administraciones públicas, ha sido Podemos. Y la formación morada cree que todavía se puede hacer más en ese sentido, que se pueden levantar más alfombras, al menos en el Ayuntamiento de València. La portavoz de València en Comú y aspirante a alcaldable por Podem en 2019, María Oliver, quiere avanzar por esta senda de cara al próximo mandato con una propuesta de futuro: crear un llamado Observatorio de la Contratación.
La idea fue puesta sobre la mesa este lunes durante la presentación de la candidatura que encabeza Oliver en las primarias internas de la formación en la capital del Túria. Este Observatorio sería, según apuntan desde el entorno de la edil, "una especie de órgano consultivo en el que se haga seguimiento de los principales contratos públicos y se fiscalicen de alguna forma". Es decir, su función sería auditar las contratas más importantes que el consistorio ha suscrito con empresas privadas para concluir si realmente se están cumpliendo las condiciones plasmadas en los pliegos.
Los servicios cuya auditoría sería más interesante o importante, al menos para el partido de Oliver, son los relativos a la gestión del ciclo del agua o los servicios energéticos, si bien podría hacerse con cualquier servicio externalizado, como la gestión de las escoletas municipales o los comedores escolares, entre otros. "Muchas veces las ofertas [en los concursos públicos] se basan en criterios económicos más que en criterios sociales", alertan, "por lo que se producen distorsiones", incumplimientos.
Acerca de la forma jurídica sobre la que se sustentaría este Observatorio, la formación morada todavía no ha establecido ninguna concreta, aunque avanzan que "lo ideal y utópico sería un organismo autónomo" que se integraría dentro del sector público instrumental del Ayuntamiento. Sin embargo, admiten que existirían "limitaciones de personal, económicas y de recursos", así que dependería de la capacidad y prioridades del consistorio.
"Llevamos un tiempo trabajando en ello, pero todavía no lo tenemos desarrollado del todo", matizan, pero explican que están tomando como referencia un organismo de este tipo que ya existe en Zaragoza. Como allí, en este ente estarían representados diferentes agentes sociales en un grupo de trabajo: sindicatos, representantes políticos, representantes técnicos, gente de la sociedad civil, asociaciones, etcétera.
Los plazos para la implantación de esta suerte de oficinas son relativamente dilatados. "En un mandato se podría crear", aventuran, pero la tramitación administrativa, dotación de contenido, contratación de personal y otros procesos podrían alargar su creación por lo menos dos años. "Sería interesante aplicarlo de cara al futuro, pero esta legislatura no nos va a dar tiempo". Se estudiará para el próximo mandato.
Esta nueva herramienta serviría, además de para hacer cumplir los criterios en las contratas municipales, también para rescindirlas si las empresas no cumplen lo suscrito. Sería una manera de intervenir en contratos como el de la gestión del agua, un servicio que València en Comú ya propuso remunicipalizar a principios de mandato. Y lo mismo podría hacerse en otros.
Según aseguran en el equipo de Oliver, una nueva normativa estatal aprobada recientemente permitiría la intervención del consistorio en contratos de servicios públicos que se consideren "bienes básicos" -aquí entrarían el agua o la energía-. Con esta nueva legislación en mano, "en el momento en el que se descubre que una contrata no está cumpliendo con las condiciones, ya tienes el poder jurídico para poder revertir estos contratos", posiblemente sin la obligación de indemnizar a la empresa. Con todo, aclaran que se necesitará un estudio más minucioso de la ley.
