Podemos inicia su ronda de contactos con los sindicatos para reformar la ley de participación

VALÈNCIA. Durante las semanas previas a la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat de 2018, una aparente sintonía se llegó a percibir entre Podemos y PP. No en vano, ambas formaciones coincidieron en modificar la misma partida de las cuentas proyectadas por el Consell: la línea nominativa de 3 millones de euros que el Gobierno valenciano quería destinar a Air Nostrum. E, incluso, cuando los populares propusieron reducir la cuantía que se destinaba a patronales y sindicatos, el portavoz morado, Antonio Estañ, aseguró que si estaban de acuerdo con el nuevo destino de las cuantías restadas a UGT, CCOO y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), estudiarían dar apoyo a la propuesta. 

Finalmente no fue así. Podemos salvó las ayudas a la patronal autonómica que dirige Salvador Navarro. Entendían aquella enmienda del partido de la gaviota que dirige Isabel Bonig como un acto de revancha por la participación de la CEV en la manifestación por una financiación justa del pasado 18 de noviembre a la que el PP fue el único partido que no estuvo presente. Tampoco los morados respaldaron la propuesta para modificar la ley de participación institucional aprobada por el Gobierno de Alberto Fabra que blinda las subvenciones a los agentes sociales mayoritarios para permitir que también los minoritarios pudieran acceder a ayudas del Ejecutivo valenciano. ¿Los motivos de este segundo rechazo? Lo consideraron "oportunismo" político y no quisieron participar de él. 

Sin embargo, compartían el germen de la propuesta: reformarla para hacerla accesible a todos los agentes con representación. Por ello, los morados han estado estudiando presentar una batería de enmiendas al tercer y último envite del PP en esta cuestión -Bonig presentó una Proposición de Ley que modificaba la ley de participación el pasado 21 de diciembre-. Una opción -la de presentar enmiendas- que, no obstante, han descartado finalmente para redactar una propuesta de modificación propia. "Necesitaríamos remontarnos muy atrás con las enmiendas y para eso es preferible hacer una nueva proposición", aseguran. 

Así, desde la formación aseguran que ya han mantenido reuniones con sindicatos y afirman que la intención es realizar una redacción integral nueva. En esta, quedaría fijado que las ayudas se repartieran en función de la representación de cada sindicato. "La idea sería algo parecido a las subvenciones electorales, que en función de los representantes que obtienes, se te dan unas ayudas u otras. Eso sería lo más objetivo y no excluye a nadie", manifiestan fuentes del grupo parlamentario. 

La intención de Podemos, además, es tratar de introducir con esta norma "la cultura de la participación ciudadana" por lo que la redacción de la nueva ley incluiría un apartado para que a la gente que participe activamente en el sindicato o presente alegaciones a leyes "se les pudiera abonar los gastos que de estos se deriven". Eso sí, siempre y cuando hayan facturas de profesionales terceros que acrediten o justifiquen los gastos acarreados de dichas tareas "para que eso no sea un coladero", detallan. En definitiva, en el partido morado creen que el tiempo y gastos que conlleva la participación en los sindicatos, debería tener una compensación económica ya que con ello se fomentaría la participación ciudadana. 

Podemos ya mantuvo reuniones con Intersindical

Cuando se aprobó la Ley de Participación Institucional actual, ésta fue recurrida por los sindicatos que quedaban fuera del reparto de esas ayudas. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Intersindical Valenciana, Unión Sindical Obrera (USO) y Sindicato Independiente presentaron un recurso contencioso-administrativo contra el reglamento que desarrollaba esta norma por "vulneración de los derechos a la igualdad y a la libertad sindical" por parte del Consell.

Ante aquel malestar, Podemos mantuvo reuniones con uno de los sindicatos que quedaron fuera de las subvenciones: Intersindical. Tras algunos encuentros, señalan a Valencia Plaza que tuvieron intención de plantear una reforma de la ley que incorporase un "estímulo económico" al entender que la participación ciudadana "no solo les restaba tiempo a los ciudadanos por su dedicación, sino que también conllevaba un coste económico para ellos". Por eso, no entendían que quedaran excluidos de estas ayudas. La iniciativa, finalmente, no salió adelante porque las reuniones con otros grupos parlamentarios en los que podían hallar apoyos, no fructificaron. 

Ahora, los encuentros con los sindicatos se han retomado, aunque subrayan que la intención de reformar esta ley ya la tuvieron en 2016 tras el conflicto en los tribunales. La coyuntura actual, en la que el PP ha planteado su propia proposición de ley, ha "obligado" a la formación a retomar las conclusiones que recabaron en su momento y quedaron en un cajón. La intención es presentar la nueva norma en las próximas semanas.