Política sanitaria del Botànic: muchas luces y bastantes sombras

Resumir la política sanitaria del Botànic no es una tarea fácil. A diferencia de legislaturas anteriores, donde el continuismo del modelo de gestión público–privado introducido por el gobierno de Eduardo Zaplana allá por 1999 fue la nota dominante, los responsables de la Conselleria de Sanitat durante estos últimos cuatro años han dado (y mucho) que hablar; sobre todo, a nivel mediático. Cuesta encontrar, en todo este tiempo de autonomía sanitaria que gozamos los valencianos, de un período en el que las decisiones en esta materia (entre otras noticias de índole más política) hayan ocupado tantas portadas de medios de comunicación y mesas de debate, tanto a nivel local como en clave nacional.

Y es que esta Conselleria tuvo muy claro desde el principio el viejo precepto de “no solo basta con ser bueno, sino que además hay que aparentarlo”, y así podemos afirmar con rotundidad que no ha descuidado las formas y las maneras de comunicar y publicitar sus políticas. El ejemplo más palmario lo tenemos en el incomprensible nombramiento, en 2016, dada la relevancia del cargo, del periodista y escritor leones Germán Temprano como Director de Gestión Sanitaria (sin formación alguna en Sanidad, pero con amplia experiencia en comunicación). El proceso por mecanismo de libre designación fue en su momento puesto en entredicho por su subjetividad y falta de transparencia. De hecho, gracias a una reclamación realizada por Valencia Plaza tras la negativa de la Conselleria, podremos acceder libremente en 2019 a la memoria que el candidato depositó supuestamente en el momento del concurso.

Esta tendencia de introducir en puestos clave perfiles más cercanos a “asesores de comunicación” que a “gestores sanitarios” ya hacía intuir lo que recalcábamos antes: la Conselleria del Govern del Canvi iba a estar muy centrada no solo en el mensaje, sino sobre todo en la manera de transmitir este mensaje para que llegara lo más lejos y con el mayor impacto posible. El éxito en este aspecto es innegable. El trampolín mediático fue un factor determinante para que la consellera Carmen Montón (diputada socialista durante más de 10 años en las Cortes y persona del entorno de confianza del actual presidente Pedro Sánchez) se convirtiera en ministra de Sanidad del PSOE con el beneplácito de diferentes expertos y medios nacionales, que, ilusionados, veían extrapolables muchas de las medidas adoptadas a nivel autonómico. Sin embargo, el escándalo del Máster plagiado (publicado por un medio de comunicación que meses antes glosaba las virtudes de la gestión de la ex–consellera) acabó con la carrera política de la ministra de una manera abrupta y fulminante, ya que se vio obligada a dimitir para no perjudicar al Gobierno.

Pero sería injusto no destacar todas aquellas políticas puestas en marcha durante estos cuatro años que han sido altamente positivas y beneficiosas, y que han conseguido un importante eco a nivel nacional por derecho propio. Por su significado y relevancia podríamos comenzar por una de las primeras decisiones que la recién nombrada consellera Montón promovió nada más llegar al cargo: El decreto 3/2015, que regula el Acceso Universal a la atención sanitaria en toda la Comunidad. Esta medida supera al antiguo Real Decreto de 2012 del PP, que dejó sin cobertura de acceso reglado al sistema valenciano de salud a un total de 127.000 ciudadanos que anteriormente disponían legalmente de tarjeta sanitaria. Con esta iniciativa, el Botànic dejó claro cuáles iban a ser sus líneas de acción principales, que quedaron claramente reflejadas en la elaboración del crucial IV Plan de Salud 2016 – 2020, con un fuerte perfil social basado en la equidad, la accesibilidad y la sostenibilidad, y que a fecha de hoy goza de altas cifras de cumplimiento.

Si tuviéramos que destacar otras iniciativas surgidas de la Conselleria en esta misma dirección, encontramos, a nivel de política farmacéutica, todas las medidas de Ayuda y Subvenciones al Copago farmacéutico y ortoprotésico, que han conseguido claros efectos positivos aumentando los cumplimientos de los tratamientos. Otro hito importante ha sido la elaboración de la Ley de Muerte Digna, que ha supuesto un evidente avance en la prescripción de cuidados paliativos, aparte de otorgar seguridad jurídica al profesional sanitario. Deberíamos destacar, por su importancia, el Plan de Dignificación de Estructuras, muy necesario dada las carencias de muchos de los establecimientos sanitarios en los que apenas se había actuado desde su inauguración, con una partida presupuestaria cercana a los 330 millones de euros para toda la legislatura, así como las medidas encaminadas a mejorar la Eficiencia Energética de todas las infraestructuras. Por último, la Conselleria de Sanitat ha dado un fuerte empujón en el área de atención e información al paciente, potenciando los servicios públicos digitales en E – salud a través de diferentes herramientas para mejorar la fluidez administrativa (webs, apps, etc.).

Todos estos logros parece que han quedado empañados por una serie de problemas que a día de hoy o bien no se han resuelto de manera satisfactoria o simplemente no se han acometido como debieran. Sin lugar a dudas, el auténtico quebradero de cabeza de esta legislatura ha sido el de las reversiones de las concesiones sanitarias, que curiosamente han sido promocionadas por la propia Conselleria como uno de los grandes éxitos alcanzados.

Por un lado, tenemos el hito de la reversión del Hospital de La Ribera, con una importante carga simbólica, ya que ataca directamente a la piedra angular del modelo sanitario del PP (modelo Alzira), si bien ha sido una reversión plagada de reveses y no pocas dificultades. Huelga decir que el hospital heredado dista mucho de ser un centro comarcal y por su complejidad y estructura asemeja más a un centro terciario con los inconvenientes que ello comporta, pero esto no exime a la Conselleria de errores en la planificación, sobre todo a nivel de personal, donde se ha asimilado como interina sine die a toda la antigua plantilla, causando un agravio comparativo con el resto de trabajadores de otros centros no revertidos. Los resultados de la reversión a nivel de indicadores de eficiencia siguen siendo confusos según quien los haga públicos, y todo ello a pesar del importante desembolso en contratación de nuevo personal, a priori injustificado por tamaño y prestaciones del centro.

Por otro lado, y a sabiendas de que sigue siendo un concierto claramente perjudicial para las arcas autonómicas, según lo publicado por diversos informes oficiales (y por Valencia Plaza), la reversión del concurso de las Resonancias Magnéticas con ERESA continúa sin estar plenamente cerrada, al igual que los conciertos en hemodiálisis con distintos centros privados. No deja de ser paradójico que una administración que presume de querer acabar con estos conciertos público – privados pase de puntillas por estos dos casos. Por último, no debemos olvidar la reversión del Hospital de la Marina (Dénia). Las últimas declaraciones (con un claro tinte electoralista) tanto del president Puig como de la consellera Barceló afirman que la reversión se podría realizar incluso antes de celebrar las elecciones autonómicas. Resulta imperativo explicar a la ciudadanía las razones de por qué se debe desembolsar a la concesionaria una cantidad de dinero astronómica en concepto de lucro cesante por un centro que revertirá en unos años a la función pública sin poner ni un euro.

A pesar de las fuertes inyecciones económicas de estos cuatro últimos años, las listas de espera quirúrgicas continúan siendo un nudo gordiano: las cifras reflejan un descenso de la actividad quirúrgica y un aumento tanto en número como en demora. Si bien las medidas que propuso la subsecretaría de Sanidad para renovar el autoconcierto en 2018, evitando en la medida de lo posible las famosas peonadas tarifa–plana (se paga al equipo la tarde completa con independencia del número y la complejidad de la cirugía), eran atrevidas y buscaban paliar el problema introduciendo el pago por procesos, la fuerte presión por parte de los equipos quirúrgicos (y que incluyeron paros forzados) hizo desistir a la consellera Barceló, aumentando más, si cabe, las partidas económicas en este capítulo. Algún día esperamos que algún cargo electo reflexione acerca de quién es el que más gana con la perpetuación de estas listas.

 Otro asunto pendiente es el que hace referencia a las importantes asimetrías en la atención sanitaria en los distintos departamentos, en donde apenas se han tomado decisiones de calado basadas en indicadores robustos de actividad que busquen equilibrar importantes desigualdades en la asistencia según la geografía. Por último, y a pesar de los últimos concursos de oposición realizados, que se han quedado en simples procesos de consolidación encubiertos, no se ha introducido cambio alguno en los procesos de selección de personal, a diferencia de otras autonomías. Las bolsas de trabajo siguen funcionando con una reglamentación obsoleta y kafkiana, la contratación admite pocas variantes (nada de perfiles específicos para cada necesidad concreta) y la tasa de interinidad continúa elevada. Si a ello sumamos la ausencia de novedades, tanto en la carrera profesional como en la introducción de incentivos personalizados en los objetivos de gestión y la falta de medidas osadas en la flexibilización laboral que destierren el horario funcionarial, impropio de un sistema de salud del siglo XXI, el grado de satisfacción en general del personal adscrito no es para tirar cohetes. Muchos se preguntan si el Canvi se ha notado a nivel del trabajador, “valor esencial del sistema” según el propio Plan de Salud formulado por este mismo Govern.

Enrique Rodríguez Borja es Jefe de Sección del Hospital Clínico Universitario de Valencia.