Por transparencia democrática, publiquen las balanzas fiscales

La Administración Central realiza transferencias a las Comunidades Autónomas a través del sistema de financiación autonómica, pero también efectúa inversiones y gastos en cada una de ellas por las competencias situadas en manos de la Administración Central (inversión en infraestructuras, ayudas regionales, justicia y seguridad ciudadana, dependencia e inserción laboral).

En un Estado con tres niveles de administración (central, autonómica y local), es imprescindible por transparencia democrática publicar periódicamente el resultado fiscal de la relación entre ellas.

El medio para mostrar esa información son las balanzas fiscales, ya que muestran la diferencia entre el gasto efectuado por el sector público estatal en un territorio y el volumen de ingresos fiscales que se generan en este territorio.

El saldo resultante nos informa, dependiendo del sistema de cálculo, del patrón de solidaridad interterritorial en el Estado español, pero también del grado de redistribución territorial del presupuesto del gobierno central.

Se calculan periódicamente las balanzas fiscales en países descentralizados como Bélgica, Canadá, Australia y EE. UU.

En España fue el año 2008 cuando el Instituto de Estudios Fiscales (dependiente del Ministerio de Hacienda) publicó las primeras balanzas fiscales oficiales referidas al año 2005, después que una comisión de expertos determinara las diferentes metodologías a utilizar. Mucho tiempo para una cuestión de transparencia democrática en un Estado, que se llama moderno y plural, y que había comenzado su descentralización fiscal hacía treinta años.

Han transcurrido ya catorce años y siguen sin publicarse periódicamente las balanzas fiscales. Ahora desde el ministerio de Hacienda, con un gobierno progresista, utiliza los mismos argumentos que utilizaba el anterior gobierno conservador, “no podemos impulsar instrumentos que lo que hagan sea generar reproches por la solidaridad entre comunidades autónomas”. Con lo que reafirman la percepción que tienen algunos expertos en la materia que la discusión sobre publicar o no las balanzas fiscales es más política que no científica.

Y suena tanto la excusa que nos recuerda una de las últimas actuaciones del exministro Montoro, quien para evitar que las balanzas fiscales fueran utilizadas como instrumento reivindicativo por las comunidades autónomas de cara a la administración central, diseñó un nuevo modelo llamado “Sistema de cuentas públicas territorializadas”, que solo se publicaron entre los años 2011 y 2014, curiosamente hasta que vencía el modelo de financiación autonómica, que continua ocho años después sin revisarse.

En la actualidad para el ministerio, no son los territorios los que pagan impuestos, son los ciudadanos. Y añaden que es evidente que las comunidades autónomas más ricas tienen saldo negativo, y esto no es por ninguna cuestión que sea achacable al esfuerzo personal, esto es porque hay más concentración de ciudadanos de rentas altas, que de acuerdo con el sistema tributario pagan más impuestos, como corresponde.

Opinión rotunda que se contraargumenta con que los impuestos pagados por los habitantes de una comunidad autónoma lo tienen que estar en favor de estos, o de las instituciones que los representan, por lo cual una comunidad autónoma puede reivindicar legítimamente un determinado retorno.

Por otra parte, si fuera como afirma la ministra, los resultados de las balanzas fiscales deberían reflejar el efecto redistributivo del sistema fiscal, es decir, que las comunidades autónomas ricas presenten déficit y las pobres superávit. Pero, los cálculos del Instituto de Estudios Fiscales, del propio ministerio de Hacienda muestran que no ha sido así, y hay comunidades autónomas ricas (con PIB per cápita superior a la media) que son receptoras netas de recursos.

Mientras destaca el caso anómalo y perverso de la Comunitat Valenciana, que es la única con una renta per cápita inferior a la media y mantiene un déficit fiscal, tanto con las balanzas fiscales del Instituto de Estudios Fiscales como con el sistema de cuentas públicas territorializadas del exministro Montoro. O sea, que la ciudadanía valenciana, que es más pobre aportamos a la solidaridad con otros territorios con una ciudadanía más rica.

La gran mayoría de la sociedad valenciana ya sabe que estamos infrafinanciados, pero si se publicaran con regularidad las balanzas fiscales también sabríamos que el déficit fiscal con la administración central es superior. Valga como ejemplo que la inversión ejecutada del Estado en esta comunidad autónoma durante el año 2021 apenas ha alcanzado la mitad del que nos correspondería por población.

Las palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre “que podemos coincidir en la necesidad de abordar una reforma del sistema de financiación autonómica” y también respecto que “el modelo autonómico está pensado para garantizar la igualdad en las prestaciones de los servicios públicos que van dirigidas a los ciudadanos… con independencia de que haya nacido en una comunidad autónoma o en otra”, ya nos saben a poco.

Rafael Beneyto es miembro de la Comisión de Expertos de Les Corts Valencianes en Financiación Autonómica