El PSOE plantea unas becas para opositar como las que han 'fracasado' de la Generalitat

VALÈNCIA. El Gobierno valenciano decidió en julio de 2018 poner en marcha unas becas dirigidas a los jóvenes que estuvieran estudiando unas oposiciones para ayudarles a sufragar los gastos que estas conllevasen. No querían que el coste económico que lleva implícito la preparación de estos procesos selectivos para acceder a la Administración -desde la compra de material hasta las matriculas en academias o el pago a sus preparadores- pudiera ser una barrera para atraer talento joven. 

Un modelo de becas que, ahora, el PSOE quiere poner en marcha en toda España pero que pretende centrar exclusivamente en la carrera judicial: oposiciones a jueces, fiscales, secretarios de justicia y también auxiliares de justicia. 

Los socialistas, tal y como adelantó la Cadena Ser, han incluido en su ponencia política de su 40 Congreso Federal un apartado en el que proponen impulsar un nuevo "sistema de becas" para quienes quieran prepararse unas oposiciones de este tipo, dado que a juicio del partido que lidera Pedro Sánchez estas tienen un elevado coste que suponen "una barrera de clase" que impide que parte del talento joven no opte a la carrera judicial por la sencilla razón de que no tiene dinero para costear estos estudios. 

La medida, sin embargo, no ha tenido demasiado éxito en el caso de la Comunitat Valenciana. De hecho, en un principio el programa ideado por la Conselleria de Justicia y Administración Pública que dirige Gabriela Bravo fue diseñado para poder repartir ayudas a un total de 500 jóvenes, pero tras dos años de experiencia este mismo departamento ha decidido cambiar el formato inicial y conceder un máximo de 100 becas. 

Una reducción a una quinta parte que según explicaron a este diario se debe a que la oferta de ayudas era siempre mayor que la propia demanda. La media de los candidatos que las solicitaban y los que realmente cumplían los requisitos de las bases rozaban aproximadamente el centenar, y no las 500 personas que se preveían desde un inicio.  

Ahora bien, en este cribado siempre ha jugado un papel importante las condiciones que diseñó la Generalitat Valenciana para que los aspirantes lograran cobrar la ayuda de 500 euros mensuales. En concreto, el requisito que mayor problema generó en los opositores a la hora de conseguir y cobrar la beca era la exigencia de que presentaran las facturas de los preparadores que tuvieran. El documento debía ser firmado por el opositor y por aquellas personas que les estuvieran preparando para la convocatoria pública de empleo. 

Una condición que en la primera edición del bautizado como Programa 500 acabó derivando en que más de 450 becas del medio millar proyectadas quedaran en el cajón, dado que los estudiantes no podían justificar que tenían un preparador —la mayoría, en este caso, relacionados con el mundo del Derecho y de la Justicia— porque muchos de ellos cobran sus clases en negro.

Así, en 2019 tan solo 49 personas pudieron beneficiarse de este plan del Gobierno valenciano; solo un 9,8% de las subvenciones previstas fueron destinadas para eso mismo, por lo que el Ejecutivo valenciano decidió suavizar este requisito para evitar que lo que una buena idea volviera a fracasar en su segunda edición.

No era la única barrera. También la nota media que se solicitaba -superior a un 7 sobre 10- y los niveles de renta familiar ejercieron un peso importante para que muchos de los aspirantes quedasen fuera de las ayudas, por lo que el tipo de modelo que plantee el PSOE será clave para ver triunfar o fracasar una propuesta de este tipo a nivel estatal.