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el billete / OPINIÓN

Pues sí que se podía

Foto: KIKE TABERNER
3/07/2022 - 

Lo más entretenido de la política actual son los giros de guion que imponen los protagonistas de la tragicomedia cuando menos se lo espera su coro de seguidores, sean políticos, militantes o tertulianos que quedan ridículamente expuestos a la cruel evidencia de la hemeroteca. Por ejemplo, aquellos que tiran de argumentario para, a cada sugerencia sobre bajar impuestos para paliar los tremebundos efectos de la inflación, replicar que no es posible porque dígame usted qué hospitales o qué colegios hay que cerrar. Y de repente, cuando ya se lo saben de memoria de tanto repetirlo, van Ximo Puig o Pedro Sánchez y anuncian una bajada de impuestos para paliar los efectos de la inflación.

¿Qué hacer en estos casos? ¿Sostenella y no enmendalla? ¿Envainársela? ¿Abrazar el nuevo argumentario obviando el pasado inmediato? La mayoría opta por esto último sin ningún esfuerzo, con la misma naturalidad con la que Sánchez dice un día una cosa y otro día la contraria.

No es cierto que la inflación haya venido de repente por culpa de Putin. El otro día lo explicaba Alejandro Martínez en un artículo titulado "Las tres mentiras de la inflación (y una oportunidad)". Y, por lo tanto, no es cierto que sea algo reciente la necesidad de bajar impuestos –obviamente, no todos ni a todos– para prevenir el impacto de la inflación en las familias vulnerables, las que no llegan a fin de mes, que cada vez son más. Como nada hay que nos guste más que el 'ya lo dije yo', enlazo aquí un artículo al respecto, fechado en octubre de 2021, cuatro meses antes de la invasión de Ucrania.

En realidad, lo que se avecinaba lo advirtieron tantos expertos, que el empecinamiento de Sánchez y de Puig negándose a aliviar la carga a la población más vulnerable solo puede responder a un afán recaudatorio ventajista para presumir, como ha hecho la ministra Montero esta semana, de aumento de ingresos fiscales "como consecuencia de la reactivación económica y la creación de empleo", obviando que ese aumento del 22% en la recaudación de IVA y del 32% en la del IRPF se deben en parte a la inflación. En las circunstancias actuales, presumir de que la recaudación fiscal aumenta provocará a la gente que está tiesa la misma alegría que cuando el PP presumía de recortes en la anterior crisis.

Foto: A. PÉREZ MECA/EP

Se pone como ejemplo de lo pernicioso que es bajar impuestos a la Comunidad de Madrid. Las televisiones nacionales nos informan con todo detalle de lo mal que está la Sanidad en la capital, los cierres de centros en vacaciones, la falta de médicos, las colas en los ambulatorios... Problemas derivados en buena parte de la pandemia, que se parecen mucho a los que tenemos en la Comunitat Valenciana, donde pagamos muchos más tributos. Hasta en el País Vasco se manifestaron el otro día por el "colapso" de Osakidetza, su envidiado servicio público de salud.

No se podían bajar impuestos hasta que pasó lo de las elecciones en Andalucía y Sánchez se vio en la necesidad de poner sus barbas a remojar. Y ahora resulta que sí se puede bajar el IVA de la luz, tres meses después de que la vicepresidenta Calviño dijera que no había margen y de que la ministra Teresa Ribera tildara la medida de "cosmética". Esto ya lo vivimos hace un año cuando el Gobierno rebajó por primera vez el IVA de la luz después de varios meses en los que Montero se resistía mientras hacía caja.

Con la misma tardanza ha reaccionado Puig, que para no contradecirse bajando "impuestos", decidió en abril bajar las tasas autonómicas. Todas las tasas, incluidas las del juego, al rescate los bingueros y bingueras sin ninguna necesidad, y las tasas universitarias, justo las que no pagan las familias más necesitadas porque tienen beca.

Ahora, coincidiendo con la publicación de un informe que cifra en 337.000 los niños valencianos en riesgo de pobreza o exclusión social, ha decidido aplazar el canon de saneamiento, que en realidad es un impuesto aunque se denomine canon. Es decir, ha decidido suspender seis meses el cobro de este impuesto, ya que lo que se ha aprobado es un aplazamiento y lo que no paguemos ahora nos lo cargarán cuando pase la tormenta o las elecciones de 2023.

Foto: A. PÉREZ MECA/EP

Cuando bajan algún impuesto, Gobierno y Generalitat se apresuran a cuantificar cuánto dejarán de recaudar, obviando el aumento de recaudación que les está suponiendo el aumento de la inflación. Una parte de la inflación es inflación impositiva. Valga un ejemplo: si el aceite de girasol sube de 1,50 a 3,50 euros, como hemos llegado a ver, Hacienda se lleva 18 céntimos más de IVA "caídos del cielo" de cada botella de litro.

Lo del IVA de la luz y el canon de saneamiento está muy bien, igual que la paga de 200 euros a las familias más necesitadas que sí supone mucho para ellas, en contra de lo que dice algún tertuliano de los que se embolsan esa cantidad por una sola sesión. Pero no son medidas exentas de polémica. Se dice, por ejemplo, que la bajada del IVA de la luz del 10 al 5 por ciento no es progresiva y, por tanto, no es justa porque beneficia por igual a ricos y pobres. En realidad, lo que no es progresivo es el impuesto, da igual que esté al 10 o al 5 por ciento. Para ser progresivo, Amancio Ortega tendría que pagar por lo menos un 200 por ciento de IVA y las familias sin recursos un 0 por ciento. Es lo que tienen los impuestos indirectos, que los ricos pagan más cantidad no por ser ricos sino por consumir cosas más caras.

En cualquier caso, aunque no sea progresivo, la rebaja del IVA de los alimentos más básicos ayudaría a las familias tanto como lo de la luz, porque la cesta del supermercado se está poniendo imposible.

Lo único progresivo es bajar el IRPF porque ahí sí puedes elegir a quiénes beneficias. Puedes poner la raya donde quieras: 18.000, 20.000, 23.000 euros de renta familiar… Incluso hacerla progresiva, más rebaja cuanto menos renta. Además, la deflactación del IRPF a los tramos de menos renta por parte de Montero habría permitido, ya en los seis primeros meses de 2022, que las retenciones de los salarios fueran menores. Sánchez acabará tomando esa medida –País Vasco y Navarra ya lo han hecho y Madrid lo ha anunciado para 2023– y quienes ahora justifican su rechazo encontrarán argumentos para aplaudirle igualmente.

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