VALÈNCIA. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tendrá este viernes una gran oportunidad -quizá una de las últimas de este calibre- para insistir en una de las reivindicaciones más importantes de la Comunitat Valenciana ante el Gobierno central: la reforma del sistema de financiación. Un modelo caducado desde 2013 que perjudica notablemente a esta autonomía en el reparto y cuya remodelación ha sido exigida por parte de todas las fuerzas políticas con representación en Les Corts (a excepción de Vox).
Bien es cierto que ninguno de los dos puntos en el orden del día fijado para la Conferencia de Presidentes por el Ejecutivo de Pedro Sánchez versa sobre esta cuestión y también lo es que el jefe del Consell apenas tendrá unos minutos para intervenir en el cónclave que se celebrará en Salamanca.
Ahora bien, el propio Puig afirmó este miércoles que su intención sería poner esta cuestión sobre la mesa e incluso, que exigirá al Gobierno que cumpla con su compromiso de ofrecer una primera propuesta de reforma antes de que concluya el año. Una idea en la que volvió a incidir ayer en declaraciones previas a la conferencia: "La financiación es una cuestión fundamental y prioritaria por lo que diré que no se puede aplazar más este debate, así como tampoco se puede aplazar más la cuestión sobre el centralismo que existe en España. No puede ser que el ascensor territorial esté parado", sentenció.
Un objetivo que, hasta hace bien poco, parecía muy alejado de plasmarse, como ya evidenció la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en su reunión de hace semanas con la plataforma valenciana Per un Finançament Just, donde dio prácticamente por imposible la reforma del sistema a corto plazo e incluso se desmarcó de la promesa de entregar un primer documento en el presente ejercicio.
Sin embargo, la misma dirigente política mostraba tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del miércoles una posición más proclive y aseguraba que desde el Gobierno se trabajaba para presentar las conclusiones respecto a los criterios para la reforma del modelo de financiación en una futura reunión de este órgano antes de que finalice el año.
Más allá de las posiciones cambiantes de Montero, la realidad es que Puig se encuentra ante una oportunidad importante para insistir en esta reivindicación. Especialmente, tras haber conseguido en cierto modo caldear el ambiente con sus contactos con Baleares (también gobernada por el PSOE) y con Andalucía (en este caso con el PP al frente), dos Comunidades Autónomas también favorables a la reforma del sistema y que, junto a otras como Murcia, podrían dar un paso adelante en la conferencia para realizar la misma exigencia que el presidente valenciano.
Por otro lado, el principal socio de Puig en el Consell del Botànic, Compromís, metía este jueves presión al presidente de la Generalitat para que no dé un paso atrás en la reforma del sistema. A juicio del portavoz de la coalición valencianista en Les Corts, Fran Ferri, el Gobierno de España sigue haciendo "oídos sordos" a la citada reivindicación y acusó a Montero y a Sánchez de "incumplir" lo acordado.
Una situación que para el síndic evidencia la necesidad de volver a salir a la calle como en la protesta de 2017 para mostrar el "descontento" por la falta de soluciones sobre este problema en los últimos años. Así, Ferri aseguró que si esta manifestación no la convoca en noviembre la plataforma Per un Finançament Just (en la que están la mayoría de partidos políticos pero también la sociedad civil) lo hará Compromís.
En cuanto al resto de objetivos de la Comunitat Valenciana en la conferencia, Puig desveló este jueves que en su intervención también propondrá la posibilidad de realizar Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de carácter autonómico para que todos los sectores, incluidas las pymes, puedan participar de los fondos europeos a través de esta herramienta. Una iniciativa que apunta a dirigirse hacia el sector azulejero.
Además, el jefe del Consell tiene intención de poner sobre la mesa, en relación a las cuestiones sanitarias, soluciones globales para los problemas de salud mental y también de cara a las consecuencias de la covid persistente.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral