El jefe del Consell, Ximo Puig, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Moncloa. Foto: VPVALÈNCIA. En enero se reunirá, por primera vez en la historia, la comisión bilateral Generalitat-Gobierno de España. Es este uno de los anuncios realizados por el presidente de la Generalitat Ximo Puig en la tradicional entrevista que ofrece a la Cadena SER el día de Navidad en el informativo Hora 14.
En esta entrevista, Puig se ha mostrado convencido de que la Comunitat está "mejor" que hace tres años y medio, y así lo evidencian, ha dicho, indicadores económicos como "la creación de 200.000 nuevos puestos de trabajo" o "el aumento de las exportaciones valencianas".
Según Puig, la imagen de la Comunitat "ha mejorado, también la convivencia, y sobre todo, se ha acabado con la crispación". En esta línea, ha puesto de ejemplo el último pleno de les Corts, el de la aprobación del presupuesto.
El presidente, además, ha dejado entrever que no adelantará las elecciones autonómicas, una idea con la que ha coqueteado en los últimos meses. Y lo hacía afirmando que la prioridad ahora no es hacer "cálculos postelectorales" sino acabar "bien" el gobierno y acometer todas las cosas pendientes.
Puig no ha querido responder a la pregunta de si aceptará ser vicepresidente en el caso de que Compromís adelante al PSPV en las elecciones de mayo. Sobre esto, el jefe del Consell ha subrayado que no le gusta hacer "política-ficción".
Por otro lado, el también líder socialista ha negado que se haya desinflado su tono reivindicativo en el asunto de la financiación autonómica. Según Puig, no han dado "ningún paso atrás" y se lo traslada a Pedro Sánchez "por activa, pasiva y perifrástica". y está convencido de que el presidente del Gobierno ha entendido "el problema valenciano".
En esta línea, el jefe del Consell ha recordado el compromiso de Sánchez de reservar un 10% del dinero de los Presupuestos Generales del EStado a inversiones de la Comunitat además de otras medidas transitorias, como la dotación demás dinero para la aplicación de la ley de dependencia en función de la población valenciana.
Es más, para abordar todos los asuntos que son competencia del Estado y que afectan a la Comunitat Valenciana, Puig ha anunciado la primera reunión de la comisión bilateral entre ambas administraciones para este mes de enero.
Además, el presidente también ha avanzado que en enero se presentará el proyecto en su conjunto de la línea 10 de metro de Valencia y en febrero se adjudicará la primera obra. Unas obras, que se prolongarán unos años y con las que se pondrán fin al "agujero" que dejó el PP.
En la entrevista, Puig también se ha referido a dos asuntos nacionales que monopolizan el interés informativo: el conflicto catalán y la conformación del nuevo gobierno andaluz. También ha hablado de la posibilidad de adelanto electoral si Pedro Sánchez no saca adelante los presupuestos generales.
En este sentido, Puig se ha mostrado partidario de agotar la legislatura porque "España ha vivido en los últimos siete años en una incertidumbre permanente". Sobre los PGE, Puig ha apelado a los partidos que apoyaron la moción de censura para que lo apoyen “por responsabilidad”.
En cuanto a Cataluña, se ha mostrado crítico con el independentismo radical al que ha acusado de actuar de una forma "irresponsable" pero también criticó a la "deriva aznarista de las derechas" por alimentar la confrontación. Sobre esto, el jefe del Consell ha reiterado su apuesta por el diálogo "aunque sea difícil".
Respecto al papel que debe desempeñar el PSOE andaluz y Susana Díaz una vez se consuma el cambio de gobierno en la Junta, Puig ha señalado que en tal caso el PSOE debe liderar la oposición y deja en manos de la militancia la decisión de la continuidad de Díaz.
Por otro lado, sobre la figura de Felipe VI, Puig ha afirmado que la institución monárquica permanecerá "en tanto en cuanto esté legitimada por la Constitución" y ha destacado "el papel de mediador" que debe tener el Jefe del Estado, reconociendo además que a su juicio no es el momento de generar "nuevos problemas a la sociedad española".
La magistrada apunta a irregularidades administrativas y al desequilibrio en la distribución del dinero, pero no aprecia ilícito penal
