Ximo Puig, abordado por protestantes de la escuela concertada.EFE/J. C. CárdenasVALENCIA (EFE). El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado hoy que el Consell aprobará en los próximos días un decreto para reducir el número máximo de alumnos por aula en todas las etapas educativas, para así "poder atender mejor" a los alumnos.
En respuesta a la pregunta de la portavoz del PP en Les Corts, Isabel Bonig, sobre si "atenderá el clamor social que le pide que cambie su política educativa", ha afirmado que "el clamor social que había, intenso, potente, unánime, era contra la política del PP" de los últimos veinte años, que ha dejado un 37 % de fracaso escolar.
"No hay ningún ataque" del actual Consell a la escuela concertada, y en todo el arreglo escolar "son tres las aulas" de la concertada "que finalmente no tendrán suficientes alumnos", ha asegurado Puig, quien ha añadido que sí que había un "ataque a la pública" cuando el Consell del PP cerró 616 aulas.
La portavoz popular ha manifestado que el Consell "ataca" a la educación concertada, especialmente a la concertada católica, "porque tiene ideario", y quiere convertir a la concertada "en un problema para el sistema educativo, cuando "es una parte de su solución".
Además, Bonig ha afirmado que, desde enero, hay muchos titulares de prensa "negativos" sobre educación, a lo que Puig ha replicado que si se ven los titulares de las tres últimas semanas relacionados con lo que ha situado a la Comunitat "en paradigma de la corrupción", no "pararía".
Puig ha asegurado que "claro que hay ideología" en la política educativa del Consell, que es "la ideología de la igualdad", y ha destacado que quieren que todos los niños tengan las mismas oportunidades y que "elijan las familias", no las "empresas".
El president ha defendido que lo que han hecho ha sido cumplir la ley de 1986 que regula los conciertos y actuar a través de "la equidad", como en los libros de texto gratuitos para todos los niños, el arreglo escolar con los mismos criterios, o la bajada de las ratios tanto en la concertada como en la "pública directa".
Con todo ello, ha explicado Puig, se busca conseguir levantar la "hipoteca" que supone el fracaso escolar, y ha reprochado que el PP cerrara 612 aulas en 2012, redujera 4.000 profesores en cuatro años, cerrara los comedores escolares en verano o fijara los tres kilómetros en línea recta para las ayudas al transporte escolar.
"Lo que ha pasado es que, por primera vez, este curso ya, los niños valencianos tendrán los libros de texto gratis, y eso significará que habrá más igualdad de oportunidades", ha afirmado Puig, quien ha añadido que "el gran objetivo no es otro" que el que la educación sea de "máxima calidad".
Puig ha acusado al PP de haber logrado más diferencia entre la Comunitat Valenciana y Asturias en fracaso escolar, que entre la media española y Finlandia, que es el país "más avanzado de Europa", y ha insistido en que el Consell defiende en educación "el interés general, y no de las empresas".
Bonig, quien ha saludado en el público a directores de las escuelas concertadas a las que han suprimido aulas y a las patronales de la concertada, ha resaltado que el Consell no puede "imponer ideología a base de decretos", y ha defendido la necesidad de la libertad de elección de colegios y de itinerarios formativos.
En el turno de repreguntas, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha defendido que el Consell cumple la Constitución y también el Código Penal, y ha recordado la denuncia de la Fiscalía contra liberados de la concertada, algo que se "ha acabado ahora" y le "molesta" al PP.
La diputada del PP María José Catalá ha lamentado que el Consell diga ahora que en la concertada "son delincuentes", a lo que el conseller de Educación, Vicent Marzá, le ha replicado que "lo dice la Fiscalía", no el Consell.
Representantes de los colegios de la educación privada concertada de la Comunitat Valenciana, tanto católica como laica, han pedido "amparo" al president de la Generalitat, Ximo Puig, ante la "indefensión" por la supresión de aulas y el "ninguneo" del conseller de Educación, Vicent Marzà.
Una veintena de directores, cuyos colegios verán suprimidas una treintena de aulas, han interceptado a Puig cuando se dirigía junto a la vicepresidenta, Mónica Oltra, desde el Palau de la Generalitat a Les Corts, y le han entregado escritos en los que explican las situaciones particulares de cada uno de sus centros.
La presidenta de la Escuelas Católicas de la Comunidad Valenciana, Vicenta Rodríguez, ha explicado a EFE que acuden a Puig para que los "ampare ante la indefensión de los centros que pierden unidades" y ha lamentado que "no se respeta la educación de unos hijos, la libertad de unos padres y el derecho de unos trabajadores".
Rodríguez ha encabezado la protesta, junto a miembros de la Federación de Centros Educativos de Valencia (Feceval), y el secretario general de la Federación de Enseñanza de USOCV, Arturo Gómez, quien ha expresado a EFE su apoyo a la protesta "en defensa" de los puestos de trabajo afectados por la supresión de las aulas, aunque ha apuntado que es "pronto" para cuantificarlos.
Según Gómez han trasladado a Puig "la angustia" de los profesores "que se ven en la calle en unos meses" y a los que "hay que recolocar" y ha defendido que estos centros, cuya situación es "alarmante", "tienen su demanda" y hay que "considerar cada centro según su necesidad".
La responsable de la patronal de la concertada católica ha recordado que al principio se anunció que se suprimían 46 aulas y tras las alegaciones y protestas, han quedado una treintena, por lo que cree que, si se hubieran "sentado antes a ver cada centro y cada situación, no habríamos llegado a esta indefensión y angustia".
Rodríguez ha reconocido que esperaban la llamada que no ha llegado del conseller, con el que se comunican "por la prensa" y ha considerado que ha faltado "capacidad de escucha, de diálogo y de ver la realidad de cada centro y cada aula".
"Cuando hablan de ratios hablan de número y yo prefiero hablar de personas", ha defendido Rodríguez, quien ha apuntado que la justicia ordinaria sería "la última opción" y que no entienden que si hay bajada de la natalidad "se creen 400 nuevas aulas".
Rodríguez ha instado además a Puig a "trabajar juntos para atajar el fracaso escolar".
La directora del colegio Jesús María del barrio de Fuensanta, Matilde Desantes, ha explicado a EFE que perderá dos aulas de segunda línea de primaria, después de perder dos el año pasado, lo que hará que los ratios superen 23 alumnos, algo impensable para un centro "con alumnos muy diversos de cultura y procesos de aprendizaje".
Según la directora, en su centro hay un porcentaje "muy parejo de alumnos con necesidades especiales y normalizados" y ha apuntado que ello requiere "atención personalizada y ratios más bajos".
Ha asegurado también que se siente "absolutamente ninguneada" por el conseller, al que ha pedido cuatro entrevistas sin recibir respuesta.
