Foto: JESÚS HELLÍN/EP
se ha publicado este miércoles por primera vez
Puig cobra 5.691 euros al mes y los consellers y secretarios autonómicos, unos 4.850 euros
6/04/2016 -
VALENCIA, (EP). El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, cobra un total de 5.691,01 euros al mes, mientras que la vicepresidenta, Mónica Oltra, y los consellers perciben 4.847,98 euros, un euro más que los secretarios autonómicos, que ganan 4.846,87 euros.
Así se desprende de las tablas retributivas del personal al servicio de la Generalitat y sus organismos autónomos, que el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) publica este miércoles por primera vez.
El jefe del Consell percibe 68.292,12 euros al año, algo que más que la vicepresidenta y los consellers, que ganan 58.175,76 euros, y los secretarios autonómicos 58.162,44 euros anuales. Por su parte, los subsecretarios de la Generalitat cobran 4.630,47 euros al mes --57.652,22 al año-- y los directores generales se ingresan 4.486,30 euros mensuales, por lo que suman 55.945,12 euros al año.
Respecto al personal eventual, los directores de gabinete de los miembros del Consell y los asesores del 'president' de categoría C1 ganan anualmente 49.056,56 euros. Por su parte, los asesores de escala C2 cobran 44.069,48 euros; los de categoría C3, 39.816,84 euros, y los de C4, 29.407,14 euros. En cuanto al conductor del presidente, percibe 34.990,34 euros.
El pleno del Consell acordó el pasado viernes el acuerdo por el que se da publicidad, por primera vez, a las tablas retributivas del personal al servicio de la Generalitat y sus organismos autónomos.
De esta forma, el DOCV publica las cuantías retributivas que, con efectos del 1 de enero de 2016, son de aplicación al personal, tal como recoge la Ley 11/2015 de 29 de diciembre de Ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2016.
Con este cambio normativo introducido por el actual Consell, será la primera vez que la Ley de Presupuestos de la Generalitat aplica la obligatoriedad de publicar las retribuciones en el DOCV. Según el Gobierno valenciano, se trata de "una demanda reiteradamente planteada en el pasado que no se quiso asumir por anteriores gobiernos".
