VALÈNCIA. Casi todo el Consell estuvo. Nueve de los once consellers se trasladaron a Madrid para acompañar al president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en la conferencia que pronunciaba este lunes en Madrid. Sólo faltaron a la cita el titular de Educación, Vicent Marzà, y la de Transparencia, Rosa Pérez Garijo. Una gran afluencia que, sin embargo, no se tradujo en un discurso eminentemente reivindicativo con las principales cuestiones de la llamada agenda valenciana, habitualmente trufada de la petición de inversiones -especialmente ferroviarias-, y de un nuevo sistema que palíe la infrafinanciación del territorio valenciano.
Esto último, la necesidad de un nuevo sistema de financiación autonómica, tuvo su apartado en el discurso, pero no fue ni mucho menos uno de los pilares protagonistas del mismo. El president se dejó abrazar, en su desembarco en el Fórum Nueva Economía celebrado en la capital, por numerosas cuestiones de ámbito social -la lucha contra la violencia de género y la prostitución, la pobreza, el trabajo precario, o el cambio climático- en pleno arranque del gobierno estatal de coalición de izquierdas con Pedro Sánchez al frente -al que hizo más de una referencia-, y abanderó la descentralización del Estado como medida imprescindible para la cohesión territorial.
Ni la presencia de la presidenta del Senado, Pilar Llop, de tres ministros de Sánchez -Juan Carlos Campo (Justicia), Reyes Maroto (Industria) y el valenciano Pedro Duque (Ciencia)-, del vicepresidente de la CEOE, Salvador Navarro, de los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, o incluso de la senadora y presidenta del PSOE Cristina Narbona, sirvió para arrancar de Puig un lugar preeminente en su discurso para las mencionadas exigencias, muchas de las cuales parecieron darse por consabidas para los asistentes.
Y es que, ciertamente, entre el público se dejaron ver, además de los consellers, conocidos rostros socialistas valencianos familiarizados con las problemáticas, como el síndic en Les Corts, Manolo Mata, el secretario autonómico de Promoción Institucional, Alfred Boix, el presidente de la Diputación de València, Toni Gaspar, el exconcejal de València y actual diputado en el Congreso Vicent Sarrià, el delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Fulgencio, o el presidente del Puerto de Valencia, Aurelio Martínez.
Hubo que esperar al último tercio de la intervención para asistir a una reivindicación sobre la mejora de la financiación, que abarcó un espacio mínimo pese a que Puig insistió en que es "la piedra angular de la agenda valenciana" y que la situación de la Comunitat es "crítica" porque "percibimos muy poco". Algo "inaceptable" por discriminatorio y cuya reforma es "más urgente que nunca" e incluso garante de "la justicia social, de vertebrar España y deslegitimar a la extrema derecha".
Por lo demás, nadie escuchó, por ejemplo, una palabra sobre la situación del Corredor Mediterráneo, o sobre la obligación del Estado de financiar la mitad de la dependencia de la Comunitat, el deficiente nivel de inversiones en el territorio valenciano o la desventaja en transferencias estatales de los centros culturales de la Comunitat respecto a otros homólogos sitos en Madrid o Barcelona.
Lo anterior no fue sino un punto integrado en el apartado de medidas necesarias para alcanzar la cohesión social que requiere España. Además de reformar la financiación, es preciso, a juicio del president, descentralizar las instituciones tanto judiciales, como políticas o incluso de otras índoles. Una consideración a la que Puig le otorgó mucha más atención, y casi el doble de tiempo. Podría ser un modelo a tener en cuenta en este campo Alemania, donde las diferentes cortes judiciales están repartidas por diferentes ciudades "lejos de Berlín".
Es una línea que ya está adoptando el gobierno valenciano en su propio territorio, moviendo el emplazamiento de la Conselleria de Innovación a Alicante, o convirtiendo a Castellón en el nodo de las políticas contra la despoblación. "Somos un país descentralizado", aseguró Puig, pero apostilló que todavía existen "asimetrías" y "anomalías" que es necesario superar, y criticó que Madrid acumule todos los órganos representativos y concentre casi un tercio del funcionariado del Estado. "No parece sensato", concluyó, a pesar de admitir más tarde posibles trabas en la aplicación de este principio de descentralización: "Lo estamos padeciendo con la nueva Conselleria de Innovación en Alicante".
Y en el campo económico y financiero, aseguró que Madrid se beneficia por su "efecto capitalidad", a lo que se ha sumado en los últimos tiempos la crisis en Cataluña. Todo ello, dijo, le ha permitido absorber un poder económico "que en el pasado no era así", y en última instancia, ha facilitado la práctica de un "dumping fiscal" implantado por la Comunidad de Madrid "generador de asimetrías y antipatriótico". En ese sentido, contrariamente a la descentralización mencionada anteriormente, apuntó a los impuestos de Patrimonio y de Sucesiones como pilares de una futura "armonización" impositiva en todo el Estado.
Pero lo cierto es que la mayor parte del discurso se centró en lo social y medioambiental. Introducido por Nuria Oliver, doctora en Inteligencia Artificial por el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el titular del Consell estableció un paralelismo entre el inicio del nuevo ejecutivo de Sánchez con el del nuevo gobierno valenciano en 2015: "Anunciaban poco menos que el apocalipsis, como ahora, y sin embargo, aquí estamos". No pudo faltar tampoco una velada referencia a la ultraderecha y la llamada a un relato contra "un fantasma que recorre el mundo: el miedo".
La violencia machista como "principal problema social de nuestro tiempo" y la abolición de la prostitución constituyeron el primer asunto de calado, y el president anunció la petición de un informe a la Abogacía de la Generalitat para ver "hasta dónde" puede llegar la administración autonómica en esta tarea. Le siguió la desigualdad y la pobreza infantil, ante lo que reivindicó la reciente subida del SMI y anunció una "estrategia transversal" contra la pobreza en los infantes.
Y por otro lado, subrayó la batalla contra la precariedad laboral en esta nueva economía digital cuyo potencial "hemos de aprovechar" pero cuyo retroceso -la existencia del trabajador pobre- "hemos de combatir", por ejemplo, con un Observatorio del Trabajo Decente a punto de tomar forma.
Una línea que, dijo Puig, es preciso consolidar con el refuerzo del Estado del bienestar: la universalización de la sanidad, la eliminación de los copagos, la gratuidad de los libros de texto, la educación pública de 0 a 3 años, o los planes de primera oportunidad laboral de la Generalitat fueron algunos de los ejemplos que hizo servir el titular del Consell para reivindicar el trabajo del gobierno valenciano en esta materia.
También reservó un espacio en clave de cambio climático, donde Puig anunció un plan de reforestación de la Comunitat, así como un proyecto integral para la recuperación de l'Albufera. Aquí, el jefe del Consell instó a "interiorizar que la emergencia climática es una realidad que obliga a actuar ya", y recordó los últimos efectos de la borrasca 'Gloria', que provocó 13 fallecidos, lo que "obliga a una reflexión colectiva". En esta línea, apuntó que es preciso luchar contra el cambio climático "sin negacionismos ni maximalismos: no afirmando de manera irresponsable que la contaminación no mata, ni promoviendo un fundamentalismo que fracture a la sociedad".
Y en materia de desarrollo, Puig destacó que la próxima semana anunciará el inicio de las obras del CaixaForum en València, y que, por otro lado, Telefónica pondrá en marcha la próxima semana en la ciudad del Túria su centro de investigación en ciberseguridad, que entronca con el Distrito Digital de Alicante y la 'Estrategia valenciana de inteligencia artificial'.
"Frente a la falsa disyuntiva de crecer o no crecer, la innovación es la síntesis de cómo crecer mejor", reivindicó Puig, quien resaltó la apuesta del ejecutivo valenciano por un plan de cooperación píublico-privada en el ámbito de las infraestructuras, "una ambiciosa iniciativa conjunta" por el derecho a la vivienda digna y la movilidad eficiente.
La magistrada apunta a irregularidades administrativas y al desequilibrio en la distribución del dinero, pero no aprecia ilícito penal
