Hoy es 15 de agosto
VALÈNCIA. El próximo mes de septiembre, el president de la Generalitat, Ximo Puig, dará inicio al último curso político de esta legislatura con el Debate de Política General. A partir de entonces y hasta la próxima cita en las urnas, el jefe del Consell se enfrentará a unos meses decisivos en los que deberá abonar el terreno para revalidarse al frente del Ejecutivo valenciano. Para ello, como ya adelantó Valencia Plaza, en las últimas semanas se vienen realizando cambios en Presidencia dirigidos a reforzar, principalmente, el área de Comunicación para que los mensajes emitidos lleguen a la ciudadanía.
En este ambiente preelectoral, este martes estival se produjo el último fichaje. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publicó el nombramiento de Paula Baño, graduada en Periodismo y Ciencias Políticas, como nueva asesora de Puig, quien dependerá del también nuevo director general de Análisis, Fernando Flores, tras la salida de Julián López para ponerse al frente de la empresa estatal Seittsa.
Ahora bien, este último nombramiento ha venido acompañado de más cambios: Presidencia de la Generalitat ha aprovechado la coyuntura para realizar modificaciones de categorías retributivas entre su personal eventual. Es decir, entre sus asesores. Variaciones que, en algunos casos, han servido para subir el salario sustancialmente de aquellos que han resultado más eficientes en el desempeño de sus funciones o que han cumplido las expectativas.
Un caso significativo es el del asesor del president, Borja Sanjuán, que en noviembre de 2017 se mudó del Grupo Parlamentario Socialista en Les Corts Valencianes al Palau de la Generalitat con una retribución anual de categoría C3 (33.372 euros brutos anuales). Ahora, pasará a percibir un salario correspondiente al rango C1, lo que supone un incremento hasta los 50.290 euros al año.
Desde que fuera fichado, el asesor más joven que trabaja en Presidencia ha sido una de las figuras esenciales en la redacción de discursos de Puig, además de un activo con gran proyección dentro del PSPV. No en vano, recientemente fue nombrado portavoz de los socialistas en València tras la victoria de Sandra Gómez en el congreso local.
No obstante, no es el único que ha visto mejoradas sus condiciones laborales para afrontar el final de la legislatura, un periodo mucho más intenso en el que toda la maquinaria del Palau deberá emplearse a fondo para cerrar bien el mandato del socialista. También Esther Ortega Bordería, nombrada a la vez que Sanjuán, pasa de una categoría C2 (45.178 euros) a una C1. Y, junto a ellos, también en este escalafón se encontrará Daniel Domingo Cámara, nombrado en junio de este año.
En la categoría inmediatamente inferior, se encontrará Borja Soler Facundo, que fue nombrado en noviembre de 2015 como asesor del president de la Generalitat con un grado C3, y ahora sube un escalón en la tabla retributiva y pasará a ser asesor de asuntos generales de miembros del Consell.
De la misma manera, otros tres asesores de Puig verán reducida su masa salarial. Uno de ellos, precisamente, será Josep López, a quien Presidencia de la Generalitat 'rescató' "como personal eventual con funciones de asesor del president, con unas retribuciones correspondientes a la categoría C1" tras fallar como candidato de los socialistas para dirigir À Punt por su vinculación con altos cargos del PSPV.
Con estas últimas modificaciones salariales, López descenderá a un rango C2 cinco meses después de haber sido nombrado. Se encargará, como Facundo, de asesorar de asuntos generales a miembros del Consell. En este caso, al delegado de relaciones con la Unión Europea, Joan Calabuig, por su conocimiento de la sede de Parlamento Europeo.
En idéntica situación se encuentran Salvador Broseta y Pilar Solano. Ambos fueron nombrados asesores de Puig en cuanto alcanzó la Presidencia de la Generalitat. El primero en julio de 2015, y Solano dos meses después. Los dos pasarán a percibir 45.178 euros y no los 50.290 que cobraban hasta el momento.
El último fichaje, Paula Baño, alcanzará los 33,372 euros al año como ya ingresa el también asesor de Presidencia, Gonzalo Albir, sociólogo y politólogo que fue elegido para trabajar en funciones de carácter técnico en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP).
La magistrada apunta a irregularidades administrativas y al desequilibrio en la distribución del dinero, pero no aprecia ilícito penal