VALENCIA, (EFE). El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha se ha comprometido hoy a elaborar una ley del Sector público valenciano que garantice su decencia, así como a controlar los contratos de servicios y de personal, y a evitar las facturas en los cajones.
El Consell también "justificará exhaustivamente" en el portal de la transparencia "cada céntimo que se gaste", y aplicará todas las recomendaciones hechas por la Sindicatura de Cuentas en el Informe de Fiscalización correspondiente al ejercicio de 2014, un trabajo que ha calificado de "positivo".
Puig ha respondido así, en la primera sesión de control parlamentario del año en Les Corts Valencianes, a una pregunta del portavoz de Compromís, Fran Ferri, sobre este informe, que, en opinión del parlamentario, retrata "la pésima gestión del PP".
Para el president, este documento es "una moción de censura en diferido a un gobierno que ya no está", rompe el mito de que la derecha gobierna bien, y muestra "los atributos del gobierno del PP" que, según ha dicho, son "opacidad, ineficiencia y despreocupación del interés general de los ciudadanos".
Sin embargo, ha afirmado que además de "la situación inaceptable" que revela respecto del funcionamiento del gobierno y las empresas públicas, también muestra que la Comunitat Valenciana no tiene solo un problema de gasto, sino de ingresos, debido a la infrafinanciación que padece.
Del informe de la Sindicatura, ha dicho que señala cuestiones "muy importantes", como que no ha sido posible verificar el saldo del inmovilizado, que la contabilización no ha sido adecuada, que no se recogen 148,5 millones en estimación de intereses de demora, y que no existe un inventario completo del inmovilizado.
También destaca que la contabilización de los convenios de Feria Valencia y de las universidades públicas supondría un pasivo adicional de 767 millones y que están pendientes "26 liquidaciones anuales de cinco contratos de concesiones administrativas de la sanidad privatizada".
El documento, ha afirmado Puig, ha puesto de relieve "una parte fundamental de nuestra situación" y por lo tanto ha considerado que se trata de un "informe adecuado" que retrata "la situación inaceptable" en la que se encuentra la Comunitat y que debe servir para "mejorar la acción gobierno".
Puig se ha comprometido a aplicar las recomendaciones de la Sindicatura; a controlar los contratos de personal y de servicios para evitar fraccionamientos; a evitar facturas en cajones, y a justificar "exhaustivamente" en el portal de la transparencia "cada céntimo que se gaste".
Asimismo, ha avanzado que presentarán, en este período de sesiones o a lo lago de este año, una ley del Sector público porque es importante que haya una sector público "decente" y en el que "nunca más" vuelvan confundirse lo público y lo privado.
El portavoz de Compromís ha manifestado que los informes realizados por la Sindicatura "retratan la pésima gestión del PP", al que ha acusado de haber impulsado no solo "la injusticia" y "la indecencia", sino de haber hecho "un ejercicio continuado de incompetencia que ahora pagan todos".
Ferri ha destacado que este órgano de control ha puesto en evidencia deficiencias e irregularidades en empresas públicas como Cacsa, Vaersa o Desarrollos Urbanos, o en las contrataciones del Hospital General de Valencia, un asunto que está siendo investigado por los tribunales.
Para Ferri, estas cuestiones son "casos claros de lo que alguno llamaría colaboración público-privada" y que él denomina con el acrónimo "colaboración PP", y ha añadido que además de "escandalizarse" con estas cuestiones, hay que "reparar los desmanes del pasado" y tomar "acciones para recuperar el dinero robado"
