VALÈNCIA (EP). El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, viajará a Bruselas la próxima semana para reunirse con la comisaria de Comercio Internacional, Cecilia Malmström, a fin de conocer de primera mano las implicaciones que puede tener para la Comunitat Valenciana el acuerdo entre la Unión Europea y los países integrantes de Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) avanzado el pasado viernes.
La reunión con la comisaria tendrá lugar el próximo jueves y la agenda del presidente en Bruselas incluirá también un encuentro con el nuevo presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, que se producirá el miércoles, ha explicado la Generalitat en un comunicado.
Además, Puig se reunirá también con el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Fomento del Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, Jyrki Katainen, contacto que se producirá el jueves.
Con carácter previo y para preparar la misión institucional en la capital comunitaria, el 'president' se reunirá con representantes de las organizaciones empresariales y de los sindicatos, así como de las entidades agrarias, y mantendrá reuniones de trabajo con los miembros del Gobierno valenciano con competencias en las áreas concernidas por el preacuerdo comercial alcanzado por los Veintiocho.
El presidente de la Generalitat quiere "obtener información directa" por parte los mandatarios comunitarios sobre un acuerdo que aún no ha sido aprobado por el Consejo y que todavía no ha llegado al Parlamento Europeo con el fin de "poder analizar los efectos en los sectores productivos de la Comunitat del mayor acuerdo comercial alcanzado por la Unión Europea".
Acompañará al titular del Consell en el viaje a Bruselas el secretario autonómico para la Unión Europea y Relaciones Externas, Joan Calabuig.
Además, el presidente ha encargado un estudio sobre el impacto de este acuerdo al Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Alicante, también con la finalidad de obtener un diagnóstico riguroso de las consecuencias de su entrada en vigor en las relaciones comerciales de la Comunitat Valenciana y en su tejido productivo.
La magistrada apunta a irregularidades administrativas y al desequilibrio en la distribución del dinero, pero no aprecia ilícito penal