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el muro / OPINIÓN

Quiero un palacio

29/08/2021 - 

Nuestra Generalitat, que sabe de todo y si no contrata un puñado más de asesores, no podía fallar tampoco en asuntos relacionados con las compras inmobiliarias. Y por ello hace medio año adquiría el Palacio de los Marqueses de Tremolar, un edificio de mediados del siglo XIX ubicado en pleno centro histórico, muy cercano al Palau del Almirante, sede de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico que dirige Vicent Soler.

Según cuentan, su adquisición por Hacienda costó cinco millones de euros a las arcas públicas. No seré yo quien cuestione o no la operación porque lo de comprar edificios o palacios no es mi especialidad, pero sí cuestionaré algunos aspectos relacionados con su destino.

Hace apenas unos días, la Generalitat presentaba el palacete a los medios y anunciaba que se gastará cerca de 500.000 euros en su recuperación. Como es sabido, cualquier obra pública siempre sufre  una desviación parecida a lo presupuestado, incluso más de doble del total o hasta el triple como en el caso de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Así que se nos irá un millón más por ser finos. Además, también se anunciaba que el edificio señorial una vez rehabilitado tendrá como uso oficinas o dependencias administrativas, pero al mismo tiempo también serán visitables algunas de sus áreas.

A nuestras autoridades siempre les ha gustado mucho recuperar grandes edificios para luego convertirlos en espacios públicos o, más bien, administrativos.

Recuerden sino la sede de nuestra vicepresidencia primera en el Palau de los Catalá de Valeriola; San Miguel de los Reyes, donde están la Dirección General de Patrimonio, la Biblioteca Valenciana o la Academia Valenciana de la Lengua; el Palacio de Forcalló donde pasa el tiempo el Consell Valencià de Cultura (CVC); el Palacio de Cervelló, de uso municipal; el de Pineda donde hay otra vicepresdencia -Vivienda- que bien podría ser una jefatura de servicio o una dirección general como otras consellerías más; Tabacalera, sede de urbanismo o más recientemente Sant Miquel de la Roquesta que después de muchas dudas, especulaciones y controversias de “nuevo rico” será también sede de más oficinas municipales.

La duda que me corroe es saber si es que no sabemos qué hacer con los espacios que las administraciones públicas compran con alegría, por lo que su uso no es público, ni popular, o es que estas mismas están creciendo tanto en funcionarios, direcciones generales,  chiringuitos y asesores que como ya no caben y se amontonan junto a los que ya estaban, pues han de ampliar a lo grande, estilo que quisiera À Punt pese a su fracaso de audiencia.

Así que palacio al canto gracias a los impuestos que pagamos, junto a sus consumos y gastos de todo tipo que a los bolsillos de los humanos casi nos les llega.

A un servidor le parece muy bien que nuestra autonomía recupere espacios emblemáticos y los convierta en emblemas públicos, pero de eso a que sólo sirvan como sedes administrativas va un trecho.

Hace un par de meses, por ejemplo, pasaba junto a las puertas del Palacio del Temple, sede de la Delegación del Gobierno, restaurado con mimo y mucha inversión y pregunté a los guardias si podría visitarlo porque me habían hablado de un trabajo de recuperación asombroso. La respuesta es que no estaba permitido. Pues qué bien, me dije. Tenemos un palacio de primer nivel, pero sólo para la Delegación del Gobierno que hasta su traslado ocupaba unos pisos en la calle de Colón. Seguro que Calero, entre declaraciones pasajeras y planas, se pierde por diversión por el Temple, que parece un fortín, buscando su fantasma. Algo habrá que hacer.

Creo que existe una desigualdad porque esas importantes inversiones que se realizan en la recuperación del patrimonio deberían de tener una reversión en la sociedad que lo financia y no sólo ser de uso funcionarial o administrativo, vamos, más despachitos y otros privilegios.

Pero hay otra duda que aún me deteriora más el estómago como es la preservación de ese mismo patrimonio y otro de control público frente a los actos vandálicos y el gamberrismo, dígase jardines, esculturas, monumentos o esos mismos palacetes que disfrutan estos gobernantes insaciables de poder, ambición y capricho, pero que no protegen.

Casi coincidiendo con la visita al Palau de los Tremolar, algunos medios ponían el acento en denuncias de colectivos cívicos y sociales sobre la conservación de nuestro patrimonio urbano. El resultado era un suspenso, tanto en el ámbito municipal como autonómico o provincial. Uno de los ejemplos más lamentables es el Palacio de Pineda cuyas paredes son un muro de pintadas y grafitis. Y nadie hace nada. Ni ahí ni siquiera en la Lonja, el Jardín del IVAM y hasta en barrios históricos. Por no hablar del Parque Central que es un auténtico foco de rebeldía talibán donde habría que poner de moda el slogan “Rompa un cristal que a nuestro ayuntamiento le da igual”.

¿Para qué compramos tanto patrimonio noble si luego somos incapaces de conservarlo o sólo de mantenerlo dignamente? Que alguien nos lo explique. Hasta el CVC que siempre está de vacaciones pagadas.

¿Para qué queremos una Ley de Patrimonio que nadie cumple pero establece sanciones y métodos de conservación de ese mismo patrimonio? Por lo visto, para nada. Salvo para incumplirla incluso por las propìas administraciones afectadas o responsables. Pues no animan a pinturrajear muros de edificios históricos cuando ellos mismos han llegado a manchar el propio claustro renacentista del Convento del Carmen apelando al denominado arte urbano y lo efímero que puede ser el propio arte. Toda una contradicción política. moral e intelectual.

Así que ya tenemos otro palacete que añadir a un patrimonio público de pisos y espacios propiedad de la Autonomía política que según algunos supera el centenar y están en desuso.

Desconozco si la compra del Palacio de los Tremolar ha sido o no un chollo. No soy agente inmobiliario, pero sí creo que la administración no puede justificar gastos millonarios en la necesidad de generar despachos y nuevos espacios administrativos. Tenemos pendiente una reforma estructural y la sociedad merece mejores servicios y atenciones. Así que habrá que recordarlo si el destino del nuevo palacete es capricho de unos cuantos y no ofrece un plan de usos social a la altura de una inversión que puede convertirse en mero gasto.

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