Rafa Soler (PP) defiende sus años de gestión en Imelsa: "Protegimos los derechos de los trabajadores"

VALENCIA. La empresa pública Impulso Económico Local SA (Imelsa) se encuentra en el foco mediático después del estallido del caso Taula. Al margen de la presunta trama de corrupción investigada que pivota alrededor de la confesión del exgerente de la sociedad Marcos Benavent, la entidad dependiente de la Diputación de Valencia también es noticia por las actuaciones de la nueva dirección y los procesos de selección de personal realizados en las más de dos décadas de existencia de la sociedad.

Así, algunos de los puntos polémicos sobre Imelsa -tal y como ha informado este diario- son el convenio aprobado antes de las elecciones autonómicas de mayo de 2015 así como la contratación a lo largo de estos años de cientos de brigadistas con discutibles procesos de selección. De hecho, según fuentes de la sociedad, más de 360 brigadistas de los 575 actuales no habría pasado ninguna prueba.

Sobre este asunto, el diputado provincial del PP y exgerente de Imelsa Rafael Soler se prestó a dar explicaciones a Valencia Plaza y defender su gestión en el ente que comprendió desde el año 1999 a 2005 y, posteriormente, en la recta final de la pasada legislatura tras la marcha del ahora imputado Benavent.

En este sentido, Soler subrayó a este diario que el convenio aprobado antes de las pasadas elecciones tuvo lugar por la expiración del anterior y, según su opinión, no se trató de "ningún blindaje para nadie". "Fue un acuerdo para todos, para dar estabilidad y destinado a proteger los derechos de los trabajadores, con 33 días por año trabajado y una cláusula que les daba potestad para ser seguir o no en caso de despido improcedente", explicó a Valencia Plaza.

En esta línea, el exgerente de Imelsa calificó de "purga política" los despidos realizados por la nueva dirección del ente capitaneada por PSPV y Compromís. "Si los despidos están en orden, todo perfecto, pero si no es así, se deberá pagar lo que a estas personas les corresponde. Lo deberá dirimir un juez", comentó en referencia a la provisión de medio millón de euros prevista en las cuentas de Imelsa para afrontar posibles indemnizaciones pendientes.

"Yo hice pruebas para brigadistas en 2015"

Por otro lado, Soler, en referencia a la ausencia de pruebas a los brigadistas en los últimos 15 años -pese a que se contrataron a más de 360- explicó a este diario que en su última etapa (2015) en el ente promovió una convocatoria por oposición con pruebas físicas y teóricas para 27 plazas de brigadistas. Además, recordó haber impulsado en la recta final una convocatoria para 300 plazas de brigadistas que la nueva dirección ha echado para atrás.

En esta línea, el diputado del PP aseguró que en su primera etapa como gerente de la sociedad se limitó a "cubrir las bajas de brigadistas que iban produciéndose y que, generalmente, eran en torno a seis, ocho, diez al año. La legislación solo exigía la publicidad en un tablón de anuncios en el ayuntamiento de turno o en Imelsa. A partir de 2007 la ley cambia pero en mi etapa todos entraron de acuerdo a lo establecido. Es cierto que funcionaba el boca a boca entre sindicatos o en los ayuntamientos pero era una época diferente en la que nadie quería trabajar por 800 o 900 euros".

En este sentido, el diputado del PP admitió que los procesos de selección eran "rudimentarios" si bien recalcó que en su etapa al frente de la sociedad "todos ellos se hicieron conforme a la legalidad vigente".

Soler manifestó desconocer cómo se gestionó este apartado en la etapa posterior a su mandato aunque admitió que con Benavent al frente se había producido una entrada de brigadistas que, según las informaciones que manejaba, se situaba en torno a "casi 200 personas".