La exvicepresidenta del Consell negó saber nada de la F1 cuando declaró en la Fiscalía Anticorrupción
VALENCIA. Las declaraciones sobre por las presuntas irregularidades cometidas por el expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, la exconsellera de Turismo, Cultura y Deporte, Dolores Johnson, y el ex piloto Jorge Martínez Aspar en la organización de los grandes premios de Fórmula 1 celebrados entre 2008 y 2012 en Valencia siguen apuntando a Francisco Camps como máximo responsable. La causa está abierta por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
Durante las declaraciones celebradas este miércoles, el exvicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla aseguró a la magistrada que “la fórmula 1 fue iniciativa de Camps” y que, cuando en mayo de 2009, Roig y Aspar le contaron que el proyecto no era “económicamente rentable”, él se comprometió con ellos a explicárselo al presidente.
Es más, explicó que “la compra de Valmor fue una decisión política”, y que por ello la Sociedad de proyectos Temáticos asumió el canon de 26 millones anuales que costaba organizar el gran premio en la capital del Turia.
Por su parte, el ex secretario autonómico de Hacienda y ex director general de Presupuestos y responsable del circuito del Motor, José Miguel Escrig, señaló a la exvicepresidenta del Consell Paula Sánchez de León.
Escrig le explicó a la magistrada que mantuvo una reunión con Sánchez de León, Aspar y Roig en la que, éstos últimos, les explicaron que “la situación era insostenible” y que, a raíz de esa reunión fue cuando se gestionó la compra de Valmor por parte del Consell.
Estas declaraciones chocan frontalmente con lo dicho por Paula Sánchez de León en su día. La ex vicepresidenta declaró en Fiscalía que “ella no sabía nada al respecto de la compra de Valmor y que jamás se reunió con nadie”.
Escrig también dijo que “el contrato de Valmor les vino dado” y que “el Consell jamás le reclamó al Circuito del Motor la deuda generada de forma real, que lo único que hicieron fue enviar cartas diciendo que se debía el dinero y que, para evitar la quiebra, les hacían ampliación de la línea de crédito.
La compra de la empresa Valmor por parte del Consell por un euro le salió cara a los valencianos. Aquella operación financiera situó a todo el gobierno, incluido al entonces presidente de la Generalitat Alberto Fabra, como garante solidario de una operación de compra que se valoró en un euro, pero que escondía unos costes reales de al menos 41 millones de euros.
Todo ello porque a pesar de que Valmor Sports firmó el contrato con Formula One Administración, la empresa de Bernie Ecclestone, para organizar siete carreras entre 2008 y 2014, sólo hizo frente al canon de 20,5 millones de euros el primer año. Luego los asumió directamente el Circuito y, posteriormente, la Generalitat que fue la que compró Valmor.
La querella que en su día presentó el fiscal Anticorrupción Vicente Torres se sostenía sobre cuatro aspectos fundamentales. El primero fue el contrato firmado entre Valmor y la empresa pública Circuito del Motor para organizar la Fórmula 1, por el que la mercantil no pagó ni un sólo euro.
Después estaba la orden que dio Camps para que la Generalitat se constituyera como avalista de Valmor sin seguir el procedimiento administrativo fijado en la Ley de Hacienda de la Generalitat y la Ley de Presupuestos de 2011 y la orden que dio a la consellera Lola Johnson aunque no tenía competencia para ello para que ésta firmara el contrato de 19 de julio de 2011 por el que el Gobierno autonómico prestaba el aval a la empresa.
Y, por último, la asunción por parte del Consell del canon anual de 26 millones de dólares, asunción de un canon que además no le daba derecho a nada pero que generó un inmenso agujero en las arcas públicas.