El equipo de gobierno municipal aboga por ayudas directas para sostener la economía; el PP propone un plan de bajada de impuestos y no ve mal revertir la subida de sueldos para concejales y altos cargos
VALÈNCIA. Dos formas diferentes de afrontar el impacto económico de la pandemia del coronavirus y el confinamiento decretado por el Gobierno central. Es lo que se ha revelado en el Ayuntamiento de València desde que se implantara el estado de alarma. Que el gobierno municipal, dirigido por Joan Ribó, y la oposición de María José Català (PP), Fernando Giner (Cs) y Pepe Gosálbez (Vox), hayan colaborado para sacar adelante 66 medidas paliativas para la economía local, no implica que el modelo sea igual. El equipo de gobierno aboga por las ayudas directas y las subvenciones para reactivar el tejido económico; la oposición pide rebajas de impuestos para facilitar la salida de la crisis a las empresas y autónomos.
Como es conocido ya, el gobierno municipal ha puesto en marcha un plan de choque bajo el nombre 'Re-Activa', centrado fundamentalmente en líneas de ayudas con la finalidad de sostener la economía durante las semanas que dure el estado de alarma, e intentar amortiguar el impacto en la ciudad. "Una inyección de liquidez y un balón de oxígeno que puede actuar como colchón" para los negocios, según explicó la vicealcaldesa Sandra Gómez. A partir de este martes, ya se pueden solicitar estas subvenciones hasta el 4 de mayo.
En total, 3,76 millones de euros de fondos municipales encauzados por la concejalía de Desarrollo Económico, que dirige la edil Pilar Bernabé. Hasta 3.000 euros a los autónomos que hayan cerrado por el estado de alarma; 2.000 para aquellos autónomos o empresas sin trabajadores que sigan abiertos y que hayan perdido el 75% de sus ingresos; y también ayudas para pymes que continúen trabajando hasta un año después de la crisis con al menos la mitad de la plantilla. En este último caso, las ayudas son de 5.000 para empresas de hasta 9 empleados y de 6.000 para empresas de entre 10 y 49 trabajadores.
Son ayudas, en todo caso, compatibles con las que han aprobado otras administraciones, siempre que la suma de las distintas subvenciones no supere la justificación de las pérdidas de la empresa o autónomo durante este mes. Y son medidas iniciales que se ampliarían de alargarse el estado de alarma. En otro orden de líneas, la concejalía de Comercio de Carlos Galiana ha duplicado las ayudas ordinarias a los comercios de la ciudad hasta un total de 840.000 euros.
Por otro lado, en materia fiscal, la concejalía de Hacienda de Ramón Vilar ha aplazado el pago del IBI y otros gravámenes menores hasta finales de abril en caso de estar domiciliado el recibo (un 60%), y hasta julio en aquellos casos sin domiciliar. Además, se ha suspendido la tasa de terrazas y se estudia suprimir la de todo el año.
Ya se hizo patente las divergencias en el pasado pleno municipal, pero en los últimos días se han ido intensificando. Este lunes, por ejemplo, el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, criticó la insuficiencia de las ayudas para todos los negocios y autónomos de la ciudad. El portavoz auguraba que, con un "cálculo optimista", "se podría ayudar a 372 autónomos, es decir, el 0,67% de los 55.450 de la ciudad, y a 187 actividades económicas con la ayuda de hasta 9 trabajadores, de un total de 128.562 actividades económicas de la ciudad, es decir, el 0,14%".
Este martes, además, el Partido Popular dirigido por María José Català puso sobre la mesa un gran plan de 72 millones de euros que, sostuvo, tendría un impacto positivo en la economía de la ciudad de cara a la salida de la crisis sanitaria. Un 'Plan Fénix' (sic) -aludiendo al renacer de esta ave mitológica- que se centraría en una rebaja de impuestos y una mejora de las ayudas.
La principal medida propuesta por los populares es paralizar la subida de tasas e impuestos aprobada para este 2020 y que asciende a 30 millones de euros, casi la mitad de dicho Plan. Català recordó que desde enero, una familia media de cuatro miembros paga 152 euros más respecto al ejercicio anterior, por lo que esto podría aliviar a la totalidad de los vecinos de la ciudad ahora y después del estado de alarma, así como beneficiar a todas las actividades económicas del cap i casal. huelga recordar que se subieron gravámenes como el IBI, el IAE (Impuesto de Actividades Económicas), el ICIO (de construcciones y obras), el impuesto de vehículos de tracción mecánica y la tasa del agua, entre otras cuestiones.
Por otro lado, y de forma complementaria, Català propone una rebaja del 50% del IBI a los inmuebles destinados a actividad económica: 33.500 comercios, 7.400 oficinaes, 480 locales de ocio y hostelería y 83 negocios de espectáculos. Una medida que para las arcas públicas supondría 26 millones de euros. Asimismo, planteó que el este IBI se aplace a finales de año, lo que no supondría un coste económico efectivo, aunque, ciertamente, restaría liquidez al consistorio.
En esta misma línea, el Plan contempla la reducción al mínimo legal del coeficiente para calcular la tasa de circulación de vehículos comrerciales, entre los que se encontrarían taxistas y transportistas. Aquí, el consistorio dejaría de ingresar 3,2 millones de euros y beneficiaría a casi 58.000 vehículos relacionados con la actividad económica. En cuanto al IAE, los populares quieren implementar una bonificación del 25% a las 7.000 empresas de actividad no esencial y que han tenido que bajar la persiana estas semanas: un alivio adicional de 6,5 millones de euros.
Más rebajas se quieren introducir en el ICIO, para el que Català propone una bonificación proporcional al tiempo que las construcciones gravadas han estado paralizadas. "Se bonificaría con este porcentaje a las empresas que después del Estado de Alarma decidan pedir licencias para emprender la actividad", explicó, para cifrar en 4,3 millones de euros lo que se ahorrarían los promotores de dichas obras.
Y además de todo ello, paralizar definitivamente la tasa anual de terrazas -2,5 millones de euros-, o exonerar del pago de la tasa a los puestos de los mercados municipales durante la vigencia del estado de alarma, son ideas que introduce el Plan Fénix, que será trasladado al equipo de gobierno municipal. "Debemos mitigar al máximo los efectos de la crisis con medidas fiscales que reduzcan pagos a quienes no están teniendo ingresos", aseguró Català.
Todo ello implicaría la modificación de las ordenanzas fiscales, que tardaría como mínimo dos meses. Por ello, la popular instó al equipo de Gobierno a poner en marcha una comisión permanente de Hacienda para empezar a trabajar en estos cambios. Cambios, eso sí, que rechazan a todas todas en la concejalía de Hacienda. El concejal del ramo, Ramón Vilar, respondió calificando de "ocurrencias" estas medidas, que acabarían con el "colapso" del Ayuntamiento de València al no poder hacer frente a los gastos más apremiantes.
Según la portavoz del PP, estas medidas "no solo le vienen bien a los ciudadanos y a las empresas". "El Ayuntamiento va a sufrir necesariamente una caída de ingresos, y apuntalar la economía de la ciudad puede mejorar los ingresos de los próximos años; si no conseguimos que las empresas vuelvan a abrir la persiana, los ingresos del Ayuntamiento van a mermar mucho más", auguró Català: "Si la actividad no se sostiene, a nivel municipal no podremos subsistir".
Preguntada por la subida de sueldos aprobada este año para todo el personal municipal -concejales y altos cargos inclusive-, la edil del Partido Popular aseguró que no vería mal implementar esta medida, pero tampoco la incluyó entre sus propuestas. "Si desde el Ayuntamiento se nos hace llegar esa propuesta, vaya por delante nuestro sí", sentenció al respecto, y manifestó ser "absolutamente favorable" a ello.
En los presupuestos de 2020, y como publicó Valencia Plaza, el equipo de gobierno incluyó un incremento del 23% del gasto en sueldos de concejales y altos cargos. En datos absolutos, la partida destinada a altos cargos aumentó de 2,6 millones de euros a 3,2 millones de euros, con un incremento de más de 600.000 euros en estas plazas. Una subida debida al aumento de las retribuciones -en consonancia con el resto de empleados públicos-, pero también por "la previsión de nuevos nombramientos de altos cargos". Concretamente, según la documentación de entonces, se preveía nombrar siete altos.
Sobre las ayudas del plan 'Re-Activa', los populares resaltaron su insuficiencia y pidieron incrementarlas, especialmente las del comercio: "Como mínimo que se triplique, pues con apenas 800.000 euros no se va a llegar a los más de 35.000 comercios de la ciudad, la mayoría de ellos cerrados desde que se decretó el estado de alarma".