Foto: VPVALÈNCIA. Pleno inusual el de este jueves en el Ayuntamiento de València por el amplísimo consenso conseguido entre los diferentes partidos para articular una respuesta a la crisis del coronavirus y el estado de alarma. También extraño por su composición: como se había acordado, de los 33 ediles de la corporación municipal, sólo intervinieron 13, cuatro de los cuales entraron por videoconferencia desde sus hogares. Se aprobaron 66 medidas pactadas previamente entre todos los grupos para hacer frente a la crisis. Gran acuerdo en la mayoría de áreas, excepto en la fiscalidad: no habrá rebaja fiscal general como pedía la oposición. Al menos, de momento.
Doblar hasta 4,5 millones de euros las ayudas a pymes y micropymes, hacer lo propio hasta 840.000 con subvenciones al comercio, mejorar el servicio telefónico al ciudadano así como el teletrabajo en el consistorio, aumentar las partidas de Bienestar Social, Personas Mayores y Migración, o planes de reactivación económica y cultural para el 'día de después' de la crisis. Líneas todas ellas recogidas, entre otras, en una moción aprobada por todos los partidos y que se puede consultar al detalle aquí. La buena voluntad se manifestó, por ejemplo, en las conversaciones que se mantenían a varias bandas durante, todavía, la noche del día anterior con el propósito de recabar la máxima comodidad de todos en el pacto.
Fue el alcalde, Joan Ribó, el primero en intervenir en la sesión ordinaria del pleno, monográfica sobre la crisis del coronavirus. Manifestó, como el resto de grupos municipales, sus "condolencias" a las familias de los fallecidos por la pandemia y la "solidaridad con todos los enfermos". "La única forma que tenemos los políticos de agradecer en esta crisis a todos los trabajadores de los servicios esenciales es trabajando como ellos y estando a la altura", señaló la vicealcaldesa socialista Sandra Gómez.
Pero es tan sólo un ejemplo del ambiente de obligatoria unidad que se vivió en el hemiciclo entre los diferentes grupos. "Me siento contenta de haber alcanzado un acuerdo", confesaba la portavoz del PP, María José Català, mientras que su homólogo de Cs, Fernando Giner, manifestó su "apoyo total al gobierno municipal durante la crisis del coronavirus". Y por su parte, el portavoz de Vox, Pepe Gosálbez, que también se congratuló del consenso, destacó el papel "esencial" del sector público frente a este "enemigo invisible".
Todas ellas palabras de satisfacción que estuvieron salpimentadas con diversos dardos procedentes de los tres partidos de la oposición. En primer lugar, porque las medidas adoptadas resultaron insuficientes, a su juicio, y en segundo lugar, por la falta de agileza y de premura en la adopción de medidas contundentes.
Por ejemplo, Català acusó al equipo de gobierno de no contar con un plan "más ambicioso" y de afrontar la crisis del coronavirus "con quince días de retraso". Para Giner, el ejecutivo de Compromís y PSPV actuaron "con falta de planificación y más aún cuando estaba viendo lo que estaba ocurriendo en Italia". Además, el dirigente naranja recordó que ya el 24 de febrero solicitó al alcalde, por escrito, "si iba a tomar medidas". Ante la falta de las mismas, Giner concluyó que "la crisis del coronavirus ha pillado a Ribó con el pie cambiado".
Al paso de estas críticas salió con contundencia Carlos Galiana, portavoz de Compromís, que entró al trapo para alegar que nadie, ni la oposición ni el gobierno, ha tenido experiencia en una situación de pandemia mundial como la del coronavirus. "Para ser mi primera pandemia, francamente estoy contento", ironizó el portavoz de la coalición valencianista.
La representante popular recordó que el 12 de marzo, el Ayuntamiento de Madrid que gobierna el PP y Cs ya empezó a aprobar medidas paliativas para la crisis que venía, especialmente en materia fiscal con rebajas impositivas y bonificaciones. Y aunque el concejal de Hacienda de València, Ramón Vilar, señaló que las medidas adoptadas son un paquete inicial que puede ampliarse a posteriori, Català reprochó que "no es viable que esperemos a que cierren la persiana empresas y comercios para aprobar esas medidas".
Cabe recordar que lo que salió adelante fue la exención temporal de la tasa de terrazas -se va a estudiar si se elimina para todo 2020- y el retraso en el pago voluntario de IBI y otros gravámenes municipales, como el de los kioskos, cajeros automáticos y de vehículos. Los recibos domiciliados se retrasan un mes, hasta abril, y el resto, hasta julio. Por ello, la oposición reclamó más contundencia en esta materia y la cancelación de la subida de impuestos aprobada en diciembre para 2020. Algo que no se plantea el ejecutivo local.
Pero en su defecto, hubo ideas que no salieron adelante pese a haber sido peustas sobre la mesa por los populares, como la bonificación del 50% del IBI en inmuebles con actividad económica que mantengan el empleo, o reducir el impuesto de vehículos, que afecta a taxistas y transportistas afectados estos días, puestas sobre la mesa. Según Català, el equipo de gobierno no hizo "ningún esfuerzo de consenso en la parte fiscal".
Ante todo ello, en una de las intervenciones, la vicealcaldesa y portavoz socialista, Sandra Gómez, quiso dejar claro que no se va a "cobrar a nadie que se vea afectado" pero subrayó que "no es el momento de entrar en una subasta fiscal a ver quién da más". "También necesitamos ingresos para dar ayudas", sentenció al respecto.
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, propuso la eliminación de los impuestos durante el tiempo que no haya actividad, además de exigir mejoras en los teléfonos de atención a las personas mayores, que se encuentran "saturados" estos días y de pedir una mayor protección para los trabajadores municipales, especialmente los policías locales, cuyo sindicato mayoritario, SPPLB denunció recientemente la falta de uniformes y chalecos para afrontar la pandemia. Asimismo, denunció que muchos de los puntos de la moción "hablan de futuribles, y algunas cosas se están haciendo pero sin coordinación". Las líneas de apoyo, a su juicio son "insuficientes".
Desde la bancada de Vox, Pepe Gosálbez solicitó a Ribó destinar el superávit municipal a la lucha para combatir el coronavirus. Además, propuso eliminar las subvenciones directas a asociaciones y mantener únicamente las esenciales, para reinvertir ese montante en los efectos perjuiciosos de la pandemia en la ciudad de València.
