VALÈNCIA. El sector legal y la tecnología estrechan lazos a través de la plataforma Reclamaciones Covid. Se trata de la alianza entre la compañía valenciana de abogacía Carrau.Legal y la consultoría tecnológica Exponentia de la Universitat Politècnica de València (UPV) que, bajo la dirección de la spin-off Innova.Legal, han creado una herramienta para trasladar a la Administración las peticiones de empresarios y autónomos cuyos negocios se han visto afectados por las restricciones impuestas desde el inicio de la pandemia.
Por norma general, estos procedimientos suelen venir acompañados de una pesada carga burocrática, pero la llegada de la digitalización a los despachos de abogados evita que los profesionales cumplimenten la documentación de forma manual, lo que les libera de carga documental y potencia la atención personalizada al cliente, que también se ve beneficiado por la agilidad en las tramitaciones y por la posibilidad de seguir el proceso en tiempo real.
Así lo explica a este diario Juan Besari, director de innovación de Exponentia, que, junto con Juan García en la parte techie y Lucía Carrau, Bernardo Bonet e Ignacio Carrau en el ámbito legal, forma parte de este proyecto legaltech, que surge a raíz de la necesidad de modernización del sector y de la demanda de las empresas perjudicadas, que cuentan con un plazo de reclamación de un año -que comenzó a prescribir el 4 de junio- para poder exigir una compensación al Estado o a las comunidades autónomas.
De este modo, para Besari la tecnología se convierte en este contexto en “una herramienta al servicio de la persona” que permite que los datos sean almacenados “de forma segura” en la nube, en formatos similares a hojas Excel y formularios que presentan “una variabilidad compleja pero son sencillos para el usuario final”. Esto no supone una alteración en las rutinas de trabajo de los letrados, que tradicionalmente ejercen su labor bajo estos mecanismos, pero en este caso, se ciñen a la “supervisión y revisión de información” y refuerzan su aportación en el conocimiento de la ley.
Es por ello que la digitalización del sector, aparte de reducir los trámites con las gestorías y el público, aporta un valor añadido al servicio en la medida en la que reduce el riesgo de errores humanos y facilita su detección mediante un sistema de automatización inteligente. Del mismo modo, también permite la “estandarización de los flujos de contratación” y facilita la supervisión de la actividad de los trabajadores.
Así pues, esta iniciativa nace de la plataforma Reiniciando Empresas, que ayuda a los negocios a salir adelante tras el parón en la actividad económica a través de distintos proyectos. En este caso, desde el momento en el que ambas corporaciones pusieron en común sus conocimientos “surgieron muchas sinergias”, según asegura Lucía Carrau, abogada en Carrau.Legal, que coincide con Besari con que juntos “suman más que las partes separadas” en su relación de partnership.
El proceso automatizado comienza en el momento en el que el usuario rellena sus datos en los formularios, cuyos modelos varían en función de si la solicitud se dirige al gobierno central o a las autonomías. A su vez, la herramienta genera avisos relativos a los plazos y, en este proceso, entra en juego el estudio de cada caso concreto para determinar qué tipo de perjuicios son reclamables en las administraciones públicas, ya que, desde la empresa advierten que un error en este sentido “puede dar lugar a la inviabilidad de la reclamación dirigida de forma equivocada”.
Asimismo, los negocios podrán exigir los beneficios no obtenidos durante el estado de alarma y sus prórrogas, así como también tendrán la posibilidad de obtener una indemnización por los perjuicios soportados durante los períodos de cierre en caso de que el establecimiento no haya bajado sus personas de manera definitiva y, si lo ha hecho, podrá solicitar ayudas por los costes que ello conlleva. También opta a los pagos por daños morales, “incluidos sufrimientos físicos y psíquicos derivados de esta situación”.
Cabe recordar que la petición debe ser tramitada en un semestre, “salvo que se acuerde alguna de las prórrogas o suspensiones legalmente previstas”, de modo que si no se resuelve en este período de tiempo, se considera desestimada. En caso de denegación, ya sea en forma expresa o por silencio, la empresa podrá presentar un recurso contencioso-administrativo ante la justicia, un proceso que tarda unos dos años en solventarse.