Foto: VP.VALÈNCIA. (EP) El pleno municipal del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria (Valencia) ha desestimado este lunes las alegaciones presentadas por la empresa que en el año 2004 resultó adjudicataria de un programa de actuación integrada (PAI) pero que nunca llegó a desarrollar a pesar de los múltiples requerimientos de la administración local tras declararse en concurso de acreedores durante el citado proceso. Por ello, el consistorio le reclama 180.000 euros.
La resolución plenaria argumentada a instancias del actual equipo de gobierno socialista de Riba-roja ha contado con el respaldo de los grupos de la oposición de Compromís, Esquerra Unida, Riba-roja Puede y de Ciudadanos mientras que el Partido Popular, bajo cuyo mandato se auspició este programa urbanístico fallido, se ha decidido finalmente por la abstención, ha informado el consistorio en un comunicado.
El texto aprobado por el pleno de Riba-roja incide, además, en la obligación del adjudicatario Promociones Industriales Mafort de abonar los 180.000 euros que en su momento no pagó al ayuntamiento por la aprobación del documento urbanístico como contraprestación para acometer diversas obras y actuaciones en la localidad antes de que la misma prescriba por la finalización del plazo legal.
El PAI ocupa una extensión de 121.435 metros cuadrados de suelo calificado como no urbanizable que, tras el paso por el pleno a cargo del Partido Popular, pasó a tener la calificación de industrial gracias al citado convenio bilateral entre empresa y consistorio cuya cercanía a las principales arterias viarias como la N-III y la AP7 era uno de los más cotizados del término municipal.
El Ayuntamiento de Riba-roja ha desestimado las alegaciones de la empresa como la resolución del contrato por incumplimiento contractual por parte del urbanizador, la incautación de 159.000 euros como garantía que en su momento se estimó en el contrato, la valoración de los daños y perjuicios por otros 39.000 euros, principalmente.
Las obras de urbanización del PAI deberían haber sido concluidas desde el año 2017 pero nunca cristalizaron y desde aquel momento se han sucedido las vicisitudes, excusas y problemas de la promotora que, a la postre, han impedido que este plan urbanístico se haya llevad a cabo con absoluta normalidad.
El concurso de acreedores en el que, posteriormente, la empresa se vio inmiscuida. El convenio entre ambas partes obligaba a la empresa a hallar un depósito de agua para abastecer a las futuras empresas, a la protección del denominado barranco del Pozalet y a la aprobación del informe de impacto ambiental sobre la zona de afectación.
Además, se requería los informes del Ministerio de Fomento, la conselleria de Cultura y la Dirección General de Aviación Civil. El acuerdo bilateral establecía que las obras de urbanización y reparcelación de Riba-roja deberían haber concluido en el año 2007 y, por tanto, arrastran un retraso de casi doce años, de forma que la empresa ha incumplido los preceptos del convenio que, finalmente, ha desembocado en la resolución del mismo tras la declaración del concurso de acreedores de 2015.
El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmado que esta decisión "se ha adoptado para defender principalmente los intereses de todos nuestros vecinos ya que en su momento se tomó una decisión para llevar a cabo un programa urbanístico pero con el tiempo no se llevó a tiempo, por ello deben resarcirnos con el dinero que en su momento no abonaron al ayuntamiento".
