Foto: EPVALÈNCIA (VP/EP). El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha revocado el Programa de Actuación Integrada (PAI) del Pacadar, que preveía la construcción de 555 viviendas en la zona de la Mallà por las que la promotora Espacio-Habitat, perteneciente al 50% al Grupo Villar Mir y a Bancaja, prevía un negocio de 71,5 millones de euros -tenía previsto vender cada vivienda por 130.000 euros-, pero que finalmente no se materializó por la crisis económica.
El acuerdo municipal, a instancias del equipo de gobierno del PSPV de Riba-roja, ha contado con el respaldo de Compromís, Esquerra Unida, Ciudadanos y Podemos Riba-roja y el voto en contra del PP y Vox. Además de la revocación del PAI, el pleno exige 800.000 euros de indemnización a la mercantil, que en 2015 pasó a manos de Vertrauen Energy y Vertrauen Real Estate y que actualmente está en concurso de acreedores.
El convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Riba-roja -gestionado entonces por el PP y actualmente por el PSPV- y la mercantil Pacadar -propiedad del Grupo Villar Mir- se rubricó en 2005 con el objetivo de trasladar la fábrica de vigas a una zona diferente, aunque finalmente se construyó otra en Buñol.
El PAI preveía la construcción de las 555 viviendas mediante una modificación urbanística por la que los 60.000 metros cuadrados de extensión pasaban de industriales a residenciales.
Según este acuerdo, el Ayuntamiento de Riba-roja recibiría una planta baja de 2.000 metros cuadrados de superficie, la cesión de 27.455 metros de terrenos en la zona y un donativo de 1,4 millones de euros. Sin embargo, "después de diez años del convenio no se había concluido ni la urbanización de los terrenos, ni había recibido la parcela edificable urbanizada ni la planta baja prevista" según ha explicado el Consistorio en un comunicado.
En 2015, "a la vista de los incumplimientos de los acuerdos, el pleno exigió a la promotora el inicio de las obras establecidas en el convenio bilateral, además de varias indemnizaciones, penalizaciones y garantías económicas por un valor superior a los 800.000 euros. Cantidad que "a día de hoy, la empresa todavía no ha satisfecho". En concreto, las penalizaciones fijadas por los técnicos municipales alcanzan los 172.000 euros, las indemnizaciones otros 368.000 euros y una garantía sobre las obras totales de 337.000 euros.
Finalmente, el pleno de Riba-roja de Túria ha rechazado las alegaciones presentadas por esta empresa en situación de concurso de acreedores, que ahora se llama Metrópoli Burjassot, al entender que "no existen razonamientos jurídicos ni contractuales que justifiquen la negativa a abonar las cantidades económicas en las que se han fijado los incumplimientos derivados del convenio".
El Ayuntamiento considera así que "se ha rebasado con creces el periodo fijado para el inicio de las obras", ya que el convenio de 2005 preveía que debían estar acabadas en 2012 y la legislación establece que es causa de resolución del contrato la declaración del concurso de acreedores y el incumplimiento del periodo para la ejecución.
A esto se suma que "la promotora tampoco ha pagado el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente a las parcelas objeto del plan urbanístico desde 2013 a pesar de su obligación administrativa" y que un informe de la secretaria y del arquitecto municipal reconoce que el Ayuntamiento es consciente de la situación de crisis general e inmobiliaria en particular".
Por ello, el gobierno local "ha sido y es flexible en cuanto a los plazos de cumplimiento de las obligaciones del urbanizador", si bien advierte que "el interés por finalizar la actuación lo debe demostrar la mercantil con algún acto concreto y tangible que desde 2010 no se ha producido".
El pleno también ha desestimado las alegaciones de la empresa y solicita un dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) de la Comunitat Valenciana respecto a la resolución del contrato, ante "la oposición por parte de la adjudicataria a cumplir los requerimientos.
