Javier Palau, gerente de La Ribera.VALÈNCIA. La Conselleria de Sanidad consignó para los presupuestos de 2018 300 millones de ingresos por las liquidaciones de las concesiones público-privadas de los hospitales. 300 millones a favor del departamento de Carmen Montón que volvieron a quedar cuestionados este miércoles tras saberse que los cálculos de Ribera Salud para el departamento de La Ribera entre 2013 y 2015 son un 50% inferiores a los de la Conselleria.
Así lo señalaba en una rueda de prensa el gerente del departamento de salud de La Ribera, Javier Palau, en la que hicieron balance de los 18 años de concesión administrativa ante la reversión a la gestión pública el próximo domingo, día 1 de abril. Palau reconocía que sus cálculos son de 50 millones a favor de la Conselleria y no los 100 millones que la administración les reclamaba.
Esto no quiere decir que la última palabra la tenga la empresa, pero sí que tendrá que establecerse una negociación que podría llegar a los tribunales, como advirtió el propio Palau. Que se cumplieran los peores pronósticos podría rebajar para 2018 la cifra presupuestada por la conselleria teniendo en cuenta que la empresa negociará a la baja y, en el caso de no llegar a un acuerdo, podría aletargarse el pago.
Palau criticaba que la consellera de Sanidad, Carmen Montón, no les ha llamado, como se hacía hasta ahora, a sentarse para "discutir" la cuantía. Las liquidaciones son cálculos complejos que se derivan del flujo de pacientes por libre elección, salarios estatutarios, farmacia hospitalaria y otros conceptos. Como señalaba Palau, "casi hay que estudiar paciente por paciente". "La Conselleria se ha limitado a decir esto es lo que se debe", insistía y recordaba que no es lo mismo este importe que el pago mensual por la cápita.
El gerente señalaba que la concesionaria "no tiene problemas en saldar lo que debe por las liquidaciones" si se ajusta al importe real. Ribera Salud también recordó que desde enero de 2017 lleva reclamando la convocatoria de la Comisión Mixta para dirimir las liquidaciones, aunque Sanidad entiende que no es el órgano adecuado, sino que es potestad de la propia Conselleria.
"Las concesionarias somos los primeros interesados en cerrar las liquidaciones en tiempo y forma, tal y como establece el pliego de condiciones, algo que ha incumplido la Conselleria de Sanitat Universal", insisten desde la empresa. Aunque no hay acuerdo, bien es cierto que la Intervención General ya se encargó de ponerle luz al camino al entender que las liquidaciones de Torrevieja entre 2003-2012 y La Ribera entre 2006-2012 estaba ajustadas a los pliegos.
Los conflictos en las liquidaciones no solo son una cuestión de Ribera Salud. Sanitas ya llevó a los tribunales a la Conselleria de Sanidad en los últimos meses de mandato del Partido Popular al discrepar de la liquidación del gasto cruzado de la concesionaria y la Conselleria en atención a pacientes desplazados.
El saldo de liquidación entre 2009 y 2013 era de 181 millones a favor de la Generalitat debida a correcciones realizadas por la Conselleria en comisión mixta, anulando acuerdos a los que se había llegado previamente en las mismas. La compañía consideró que la propuesta de liquidación de la Generalitat no era ajustada a derecho porque "no tenía en cuenta el marco jurídico que rige el funcionamiento de la concesión".
Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana daba parte de la razón a la gestora del hospital, Especializada y Primaria L'Horta Manises SAU, al estimar parcialmente las peticiones de la concesionaria de no modificar las liquidaciones pactadas inicialmente en comisiones mixtas, un fallo que tendrá efecto sobre el precio anual del contrato de los ejercicios 2009 y 2010.
Como anunciaba Montón en una entrevista a Valencia Plaza publicada este miércoles, esta decisión del tribunal fue recurrida ya que supondría una nueva alteración de la cifra de 300 millones prevista a ingresar por las liquidaciones. Cabe recordar que la vinculación entre Ribera Salud y la Generalitat por La Ribera no acabará el 1 de abril. No solo por el estancamiento en las liquidaciones hasta 2015, sino porque faltará calcular números hasta 2018, cifras que podrían tardar hasta dos años en ponerse sobre la mesa.
