La portavoz del PP en la Diputación de Valencia, Mari Carmen Contelles. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Desde que en 2015 el PP perdiera el control sobre la Diputación de Valencia, Mari Carmen Contelles (La Pobla de Vallbona, Valencia, 1969) es portavoz de los populares en el órgano provincial -obtuvieron 12 diputados y la mayoría se sitúa en 16-.
Centrada en su labor de oposición después de aparcar -temporalmente- su aspiración para presidir el PP de la provincia de Valencia, Contelles sigue la ofensiva que han iniciado los populares basada en llevar a los juzgados cualquier sospecha de irregularidades en las instituciones de PSPV y Compromís -en la Diputación, además, EU y València en Comú-. La también concejal de la Pobla de Vallbona se querelló hace unas semanas contra el diputado de Compromís Xavi Rius por presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental, malversación y tráfico de influencias en contratos con el MuVIM.
Ahora, advierte que no descarta hacerlo por las contrataciones de alta dirección en Divalterra. Valencia Plaza se reúne con ella para hablar de estos temas y de la anterior etapa del PP con Alfonso Rus al frente de la Diputación de Valencia.
-Después de haber obtenido el informe sobre las contrataciones de alta dirección de Divalterra que en un primer momento les dijeron que no existía, ¿tienen previsto tomar alguna medida legal?
-Estamos recopilando toda la información para valorar si vamos al juzgado porque vemos varias irregularidades. El presidente Jorge Rodríguez se ha creído que Divalterra es su chiringuito e intentó hacer seis contratos de alta dirección que no se ajustan a la legalidad, por eso pide 12 informes cuando lo normal es solicitar uno o dos en caso de tener dudas sobre cómo actuar en algo. Ellos alardeaban de que todas las convocatorias serían de pública concurrencia, pero nos damos cuenta que no, que se quisieron crear seis puestos a dedo. Al final han tenido que retractarse. En cuanto tengamos toda la información estudiaremos ir al juzgado porque supone una mala gestión de la empresa y no piensan en mejorar las brigadas de Divalterra.
-El representante de Ciudadanos en el Consejo de Administración de Divalterra, Jorge Ochando, planteó este martes llevar a la Fiscalía la gestión de la empresa pública. ¿Piensa el PP sumarse a esta ofensiva judicial?
-Hablé con la portavoz de Ciudadanos, pero por problemas personales no pudimos continuar comentándolo. Nuestro gabinete jurídico ya está trabajando en el tema recopilando documentación. Ellos (Ciudadanos) harán su trabajo y lo podremos comentar.
-¿Estudian llevar otros casos a los juzgados?
-Nuestra obligación es fiscalizar al Gobierno y desde que el cuatripartito entró en la Diputación empezaron a cometer irregularidades. Hemos tenido que ir al juzgado desde el nombramiento de Vicente Flor en el instituto Alfonso el Magnánimo hasta tener que presentar una querella contra el diputado provincial de Compromís Xavi Rius por los presuntos fraccionamientos de contratos, malversación y distintos delitos en la gestión del MuVIM. Lo pusimos en conocimiento del fiscal, y con los contratos de alta dirección seguiremos el mismo camino. Desde luego la de Divalterra no será la última denuncia.
-¿Qué ha pasado con la investigación anunciada por su grupo en la Diputación por el cierre del Teatro Escalante? ¿Hay novedades al respecto?
-Se detectaron una serie de deficiencias a causa de las lluvias y no intentaron llegar a un entendimiento con la propiedad ni buscar soluciones. La diputada de Esquerra Unida Rosa Pérez, que es la responsable de los teatros, está mas centrada en ir a los platós de televisión que en gestionar, porque su gestión ha sido nula. Nosotros les dijimos tanto a ella como a Pepe Ruiz, responsable de Patrimonio, que había que buscar una solución. El Escalante es una referencia en València ciudad y en toda la provincia. Es una figura de referencia que no se tendría que haber perdido nunca. Al final solamente había que sentarse con los propietarios e intentar llegar a un acuerdo.
-Pero ustedes anunciaron que iniciarían una investigación para estudiar el alcance de los daños en octubre de 2016, cuando se cerró. ¿Qué ha sido de aquella investigación?
-Nos personamos allí para ver en qué consistían esas deficiencias y nos reunimos con los arquitectos, además de pedir informes. La Diputación simplemente dijo que esto no se podía resolver, que eran muchos millones de euros, pero ni lo cuantificaron.
-¿Estuvo justificado el retraso de los Jocs Florals de Lo Rat Penat y su traslado a otro emplazamiento del que venían utilizando históricamente?
-No. Esto es el sectarismo puro y duro. Los Jocs Florals se llevan haciendo más de cien años en València y sólo se han suspendido por la Guerra Civil y por el cólera. Lo Rat Penat pidió a la Diputación de Valencia como todos los años la solicitud del Teatro Principal para hacer su gala y la diputada de Esquerra Unida, Rosa Pérez, no contestó a esa petición. Se creó una ordenanza sobre el nuevo uso que se iba a hacer de ese teatro, a la que el PP voto a favor. Eso sí, reiteramos que los Jocs Florals se hacían anualmente allí y que debíamos respetarlo. Finalmente Lo Rat Penat no obtuvo respuesta ni autorización por parte de la Diputación para celebrar los Jocs allí y tuvieron que optar por irse a otro teatro. Y el PSPV, que al final es quien está gobernando con EU, también es responsable de no haber dejado que la institución siga haciendo esa entrega de premios que se ha celebrado siempre. El cuatripartito no tiene claro que cuando se gobierna, se gobierna para todos; los que son afines a ti y los que no.
-¿Mantiene lo que dijo en aquel pleno extraordinario de que la diputada provincial de EU, Rosa Pérez, podía haber incurrido en un delito de prevaricación y, por extensión, también el presidente provincial por haber aplicado la modificación de la ordenanza a una petición que se había hecho con anterioridad?
-Efectivamente. Lo Rat Penat hace una solicitud del Teatro Principal y a posteriori se aprueba una ordenanza. Como la petición se ha hecho antes que esa ordenanza, se tiene que resolver la petición aplicando las normas que había anteriormente. Sin embargo se les contesta al día siguiente de la entrada en vigor de esa ordenanza apelando a las nuevas normas. Desde luego que creemos que ha habido una presunta prevaricación.
-Pero advirtieron que estudiaban demandarla por ello, ¿han desestimado la idea o la mantienen?
-Estamos estudiándolo.
-Ustedes han criticado los contratos de alta dirección en Divalterra, sin embargo, la gestión del PP de la antigua Imelsa fue muy litigiosa. De hecho, alrededor de ésta presuntamente se creó una trama de corrupción para el cobro de comisiones que a día de hoy sigue investigándose en los juzgados y están investigados distintos ex cargos populares…
-El pasado está en el juzgado. Lo que desde luego no va a hacer el PP es obviar la gestión nefasta que se está haciendo con Divalterra. A los hechos nos remitimos. Primero empezó con dos cogerentes, cuando normalmente en las empresas hay un gerente. Pero por el mestizaje tuvieron que poner a uno del PSPV y a otro de Compromís. Luego se intenta contratar a seis personas con rango de alta dirección sin salir a concurrencia pública, por lo que no se pudieron presentar los mejores. Al final el presidente de la Diputación de Valencia no está centrado en Divalterra, sino en colocar a los suyos y en hacer de esto un chiringuito. Lo que pasó con el PP los tribunales lo decidirán. Pero el PP que está hoy aquí tiene que hacer una fiscalización correcta y no vamos a dejar de denunciar todo aquello que no sea correcto.
-Usted reivindicó en el pleno de investidura de Rodríguez la figura de Rus. En concreto tildó de "impecable" su gestión al frente de la Diputación. ¿Se arrepiente?
-La gestión de la Diputación en la legislatura de 2011-2015, la que gobernó el PP, no es que lo diga yo como portavoz del PP, sino que el Gobierno de Jorge Rodríguez hizo una encuesta en la que todos los alcaldes, alcaldesas y concejales a los que se le preguntó daban una nota muy alta a la gestión. Otra cosa es lo que se haya podido hacer en otro tipo de temas, y ahí los juzgados dirán si son correctos o no. Pero desde luego, la gestión de la Diputación recibió una respuesta positiva en aquella encuesta.
-Pero ¿se arrepiente...?
-No me arrepiento porque la gestión de la Diputación, hablando siempre de la gestión del PP, en la legislatura de 2011-2015 fue correcta. Llegábamos a los alcaldes y alcaldesas y se daba respuesta a los problemas de las aldeas que tienen los municipios, además de atender a todas las pequeñas localidades; no como ahora que nos encontramos con mucho sectarismo a la hora de repartir los convenios singulares. No hay ningún alcalde, ya no del PP, sino del resto de colores políticos que tenga una queja sobre los convenios singulares. La gestión del PP en la Diputación de Valencia fue correcta. Si ha habido otra cosa, los tribunales deberán resolverlo. A fecha de hoy no sabemos lo que ha pasado y el que haya hecho algo lo tendrá que pagar.
