VALÈNCIA. El Gobierno de La Nau no acatará lo resuelto por la Agencia Antifraude. La Junta de Gobierno Local aprobó este viernes el acuerdo mediante el cual se desestimaba el informe de la Agencia, que considera irregular la contratación de un técnico y pedía anularla. Consideración que valió al Partido Popular para acusar de "enchufismo" al equipo de Gobierno.
La resolución aprobada inicia su argumentación diciendo que ningún procedimiento en la contratación fue recurrido. Pero va más allá. La Agencia señalaba que los baremos de contratación en la entrevista habían sido "sustancialmente diferentes" a los baremos de aplicados cuatro años antes. Sin embargo, el consistorio alega que, pese a eso, las valoraciones se encontraban dentro de la normativa autonómica.
Considera el servicio de Personal que los baremos aplicados han seguido el reglamento "sin infringirlo" y subraya que ninguna de las administraciones de control, como la Dirección General de Administración Local o la Subdelegación de Gobierno, se han cuestionado la legalidad del procedimiento.
También acusa de "poca fortuna" y de "falta de rigor" a la Agencia que dirige Joan Llinares. "Dicho con los mayores respectos pero con la mayor contundencia", prosigue que el organismo entra en contradicción al pedir la nulidad por dos supuestos diferentes, por lo que "no tiene más remedio que apelar a una causa genérica".
Aquí, el texto aprobado se detiene para afear a la Agencia Antifraude su investigación y posterior resolución, diciendo que es de "gravedad" para los funcionarios "que se emitan informes que afectan a los empleados públicos y se califiquen de 'fraude' con tal ligereza".
Asimismo, insiste en que la Agencia autonómica no "ha sido capaz de indicar el grado de presunta invalidez de la norma en términos jurídicos", por lo que considera que se ha tratado más de una "discrepancia" que de un 'fraude'. El procedimiento fue "idéntico" al de resto de puestos similares, por lo que no se puede pensar que "se buscó algún tipo de singularidad" en este caso, insiste.
Concluye el acuerdo en que la Agencia ha llevado a cabo una investigación "excesiva" que supone "una intromisión en la autonomía local". Todas estas alegaciones y explicaciones son motivo para la Junta de Gobierno en el rechazo de el informe de Antifraude.
La resolución de la Agencia encabezada por Llinares, tras la correspondiente investigación, concluyó que se habían constatado "presuntas irregularidades" y "conductas calificables como fraude o corrupción".
Antes, el Ayuntamiento había remitido las alegaciones correspondientes y, aún así, la Agencia se ratificó en su informe definitivo. Así pues, tras recibir estas conclusiones, el consistorio debía remitir "las medidas adoptadas" al respecto, o "los motivos que le impiden actuar de acuerdo con las recomendaciones formuladas". Ahora, el Gobierno liderado por Joan Ribó ha desestimado estas conclusiones.
El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de València, Eusebio Monzó, tras conocer la aprobación de la Junta de Gobierno, criticó mediante un comunicado que el ejecutivo, "por despacho extraordinario y a escondidas", no haya admitido la resolución de Antifraude "sobre el proceso de selección de un técnico municipal vinculado a Compromís". Precisamente el PP había denunciado los hechos ante la Agencia.
Para el representante 'popular' se trata de un acto "escandaloso". "El alcalde Ribó y sus socios de gobierno tripartito le dicen a la Agencia Antifraude que no dan validez a su resolución en la que denunciaba un caso de enchufismo en un procedimiento de selección de un jefe de sección en el Ayuntamiento", censuró. "Ribó ya ha dejado claro que no piensa hacer caso a los pronunciamientos que pueda emitir en contra de sus intereses políticos".
Según afirma el PP en el comunicado, la resolución de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, "deslegitima por completo el trabajo de esta Agencia, llegando a cuestionar en gran parte la valoración que hace este organismo sobre el procedimiento seguido para otorgar una plaza de técnico en el servicio de Pobles de Valencia".
El portavoz popular se preguntaba "para qué vale la Agencia Antifraude si no se tiene en cuenta sus dictámenes finales sobre asuntos tan graves como el que se ha producido en el Ayuntamiento". Igualmente, plantea "si Ribó habría actuado de la misma forma si el pronunciamiento de la Agencia hubiera hecho referencia a una actuación fraudulenta de otro partido que no sea Compromis".
Además, alertó que el dictamen ha sido rechazado por la Junta de Gobierno "antes de que la Asesoría Jurídica Municipal emitiera un informe sobre la validez del fallo de Antifraude, al tiempo que recordó que la resolución "pedía al Ayuntamiento que anulará la oposición porque la persona que finalmente resultó ganadora de la plaza de jefe de sección habría quedado en segundo lugar si el procedimiento se hubiera realizado correctamente".
Desde el PP inciden en que, "según se desprendía del informe de la Agencia Antifraude, ha explicado, si se tienen en cuenta los méritos objetivos de valoración como son las titulaciones, cursos de formación, idiomas etc. habría obtenido mejor resultado otro funcionario distinto al que finalmente resultó adjudicado".