Ribó 'pasa' de Antifraude (II): fraccionamiento, ayudas a dedo y una licencia 'a medias'

VALÈNCIA. Más de una decena de veces al menos son las que el Ayuntamiento de València ha desoido recomendaciones de la Agencia Valenciana Antifraude. El organismo que dirige Joan Llinares ha pedido en no pocas ocasiones buscar responsabilidades y revisar algunos actos de la administración municipal tras hallar irregularidades relevantes, pero finalmente no ha sido así.

Lo más habitual son los pagos a contratas públicas fuera de contrato, pero el encadenamiento irregular de encargos, los subterfugios jurídicos para dar una subvención 'a dedo', las irregularidades en un proceso de selección o incluso la concesión tardía de una licencia municipal han constituido otros asuntos examinados por la Agencia, en los que el Ayuntamiento que dirige Joan Ribó ha rechazado tomar cartas en el asunto pese a las peticiones del ente de control.

Nicky Jam: un concierto autorizado tres meses después

El 11 de mayo de 2018 tuvo lugar un concierto de Nicky Jam en La Marina de València. Un evento que congregó a 10.000 personas pero que se desarrolló sin que el concejal de Actividades, en aquel momento Carlos Galiana, hubiera aprobado la licencia correspondiente. Lo hizo casi tres meses después, el 31 de julio. La noche del concierto, dos altos funcionarios del departamento municipal señalarían a la Policía Local, según el atestado policial, que la licencia estaba "a medias", como publicó Valencia Plaza.

Por ello, la Agencia constató la irregularidad al haberse celebrado el evento sin licencia y sin haberse justificado ni explicado "la tardanza en la firma del regidor. Y por ello, el organismo que dirige Llinares instó al consistorio a elaborar unas instrucciones para evitar en un futuro retrasos en este tipo de permisos -cosa que ya se está haciendo-, y a "valorar posibles responsabilidades existentes, en su caso, por la tardanza en la firma del concejal responsable de conceder la autorización".

Basta decir que no ocurrió. No tuvo suerte la Agencia en este caso: el Ayuntamiento acató la primera recomendación pero no la segunda. "Nada se indica respecto a la segunda recomendación", informó Antifraude: "No se ha pronunciado el ayuntamiento en ningún sentido". Aun así, la Agencia ha dado por concluido el expediente.

El Rogle: infracciones "muy graves"

Conocido es también el caso del servicio de mediación hipotecaria adjudicado a la cooperativa El Rogle desde la concejalía de Vivienda el pasado mandato, cuando la dirigía María Oliver. En primer lugar, Oliver le adjudicó el servicio sin concurso público por 17.950 euros -el límite es 18.000 para convocar una licitación- pese a que un trabajo similar estaba siendo realizado desde tres años antes por el Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) -entidad sin ánimo de lucro- por 11.000 euros, con un día más de atención al público. Oliver defendió que el servicio de El Rogle era más amplio, pero a juicio de Antifraude no estaba acreditado por qué se fijó ese precio, y si el contrato 'a dedo' era lo más eficiente.

Poco antes de que acabara ese contrato, Oliver ordenó adjudicarle otro negociado sin publicidad para hacer lo mismo pero por 65.000 euros. El Servicio Económico Presupuestario le paró los pies al no estar justificado ese aumento de precio del 200%. Por lo que la edil intentó un nuevo contrato 'a dedo' durante cuatro meses, que paralizó el Interventor municipal al suponer un encadenamiento de contratos, algo ilegal.

Y aunque la concejalía acató el veto , de facto se lo saltó: se continuó contratando con esta empresa de forma verbal y pagando mediante expedientes de enriquecimiento injusto durante más de un año, "en fraude de los principios y requisitos exigidos en la normativa relativa a la contratación administrativa". Y, según Antifraude, "no acreditándose en el expediente la buena fe del proveedor y de la administración".

Así, se vulneró la ley reiteradamente y durante varios años y se cometió una "infracción muy grave" de la ley de Buen Gobierno. Por ello, la Agencia reclamaba que la concejalía, ahora dirigida por Isa Lozano, abriera un expediente de "responsabilidades disciplinarias". Pero no ocurrió: el servicio de Vivienda alega falta de personal para la tramitación de un concurso y por ello aprobó medidas "para evitar que en el futuro se repitan" las circunstancias "organizativas y de recursos humanos" origen del encadenamiento de contratos. Nada sobre las responsabilidades disciplinarias.

900.000 euros sin contrato en Cooperación

En la concejalía de Cooperación, que encabezaba el pasado mandato Neus Fábregas y este, Maite Ibáñez, la Agencia halló hasta 900.000 euros en pagos amparados solo en facturas, fuera de contrato, a la Fundación Amigó para la gestión de una veintena de plazas semituteladas desde 2020.

En 2016, el consistorio contrato el servicio con la fundación, pero caducó en 2020 sin haber formalizado un nuevo contrato, lo que supuso que la fundación continuara prestando el servicio fuera de contrato. Mientras, el departamento municipal planteó otorgar una subvención a la mencionada fundación por la atención integral a familias de protección internacional, pero los servicios jurídicos lo paralizaron al considerar que esto debía hacer mediante un contrato y no con una subvención. Desde entonces, "pese a no existir ni contrato ni convenio se procedió al pago de las facturas presentadas" por la organización.

En 2019 la concejalía admitió estar "preparando el contrato de servicios para su tramitación" pero se continuó prestando el servicio sin contrato porque no hacerlo suponía un "grave perjuicio" y porque hasta el momento se había acreditado que el servicio se había prestado "correctamente a pesar de no haberse formalizado el correspondiente contrato". Así, Antifraude cifra en más de 900.000 euros el dinero que el Ayuntamiento de València desembolsó a la mencionada fundación mediante facturas.

Todo ello es motivo suficiente para que la Agencia pidiera al Ayuntamiento valorar "posibles responsabilidad internas" con "la apertura de expedientes internos". Pero el Ayuntamiento ha rechazado la recomendación alegando la falta de personal para llevar a cabo un concurso público: "Sin el nombramiento de las plazas vacantes existentes y tal y como hemos informado en multitud de ocasiones se hace totalmente imposible trabajar con la diligencia y celeridad que se debiera".

El truco con la subvención de Escola Valenciana

Antifraude también afeó la tramitación de la subvención directa que el Ayuntamiento da a Escola Valenciana cada año desde 2017 y que asciende a 25.000 euros anuales. Una ayuda amparada en un convenio suscrito por el alcalde, Joan Ribó, con la entidad para la realización de proyectos de apoyo a la lengua valenciana.

Se amparaba el gobierno local en la Ley General de Subvenciones, según la cual el procedimiento general de concesión de ayudas es el de la libre concurrencia pero con algunas excepciones. Y el Ayuntamiento se acogía, para entregarla sin concurso ni concurrencia, a la excepción de aquellas ayudas por "razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública".

Con todo, el organismo que dirige Joan Llinares fue tajante al concluir que esta partida no podía entrar dentro del supuesto mencionado porque no había razón que impidiera una convocatoria pública donde distintas asociaciones de promoción del valenciano presentaran sus proyectos, que estos fueran debidamente valorados y financiados en base a dicha puntuación, tal como publicó este diario.

Así pues, el consistorio buscó un subterfugio jurídico, y desde entonces ya no apela a las razones de interés social -que aún así, incumplía porque no había motivos que dificultaran la convocatoria pública-, sino que acude a Ley General de Subvenciones, que permite la entrega de ayudas 'a dedo' cuando estén contempladas en los Presupuestos del Ayuntamiento. Es decir, ahora el consistorio dota de una línea presupuestaria para esta ayuda.

Pero el truco también parece tambalearse. El tenor literal de la ley permite hacerlo siempre que se cumplan "los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones". Es decir, que en toda circunstancia hay que cumplir la ordenanza municipal de subvenciones. Y según ella, debe "justificarse debidamente por el órgano gestor la imposibilidad de aplicación del principio de concurrencia". Algo que parece injustificable cuando el propio Ayuntamiento reconoció ante la Agencia que "hay otras entidades que también promueven y defienden el uso del valenciano". En definitiva, se acató lo que dijo Antifraude, pero en la práctica la ayuda se sigue entregando con una cuestionable interpretación de la normativa.

El nombramiento irregular en Pueblos

La Agencia también constató irregularidades en la realización de un concurso de méritos para la provisión de un puesto en la concejalía de Pueblos, que dirigía Consol Castillo el pasado mandato. Según Antifraude, dos de los criterios para el acceso eran la entrevista y una memoria pese a que no estaba fijado en la Relación de Puestos de Trabajo y además no se acreditaron "funciones de dirección asociadas a este puesto, ni sobre qué unidades administrativas se realizan las mismas".

Asimismo, en las bases se indicaba que se aplicaría el baremo general, pero se valoró como méritos específicos el contenido de una memoria y el resultado de una entrevista, algo que resultó "determinante en la selección del candidato finalmente elegido". En caso de haber seguido el procedimiento correcto, el ganador "habría obtenido una puntuación inferior a la que habría obtenido otro candidato".

Así pues, la Agencia acusó al consistorio de "prescindir total y absolutamente del procedimiento establecido para la selección del candidato y adjudicación del puesto", lo que supuso "lesionar los derechos de los restantes candidatos". Unas "irregularidades constatadas" con "suficiente relevancia para acordar la anulación" de la adjudicación del puesto.

Pero no fue así. El Ayuntamiento rechazó directamente el criterio de la Agencia y sostuvo que el procedimiento se hizo  "sin que se aprecie causa alguna de anulabilidad", que existía una "discrepancia administrativa" con la Agencia,  y que era el mismo procedimiento usado en otros casos. Y al no haber frauded, dijo el Ayuntamiento, el organismo estaba ejerciendo "una intromisión en la autonomía local" al "haber excedido el título legal que la habilita para actuar" en casos de mera discrepancia. En definitiva, se inadmitió directamente el informe.

"Ribó se niega a depurar responsabilidades"

Ante estos y otros casos publicados por este diario el sábado, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, señaló como "muy grave" que el gobierno municpal conformado por Compromís y PSPV, "que llegó con la bandera de la transparencia", sea "uno de los gobiernos más opacos y menos transparentes".

"Ribó y sus socios del PSOE se han negado sistemáticamente a depurar responsabilidades como pedía la Agencia Antifraude en los más de 10 expedientes resueltos del Ayuntamiento de Valencia por presuntas irregularidades", criticó Catalá en este sentido, para recordar que el año pasado el 16% de los casos investigados por irregularidades corresponden al ejecutivo local de VAlència, que "está a la cabeza de  expedientes abiertos en la Comunitat por esta Agencia que lucha contra la corrupción".

A su juicio, "la memoria anual de la Agencia Valenciana Antifraude pone en evidencia la gestión del Gobierno de Ribó y PSOE, que es nula, y como dato el nivel inversor que cada año es menor, pero que también es irregular como concluye este informe anual". "Ni recuperan el dinero ni cumplen con las recomendaciones de la Agencia", sentenció al respecto.