Hoy es 14 de octubre
VALÈNCIA. La Agencia Valenciana Antifraude pedía abrir un expediente para pedir las responsabilidades que pudieran existir en el seno de la concejalía de Actividades de València. Pero no será así. El consistorio ha obviado la directriz marcada por el organismo que dirige Joan Llinares después de que este constatara irregularidades en el otorgamiento de una licencia para un concierto de Nicky Jam en La Marina, como que el entonces concejal del ramo, Carlos Galiana, la firmara tres meses después de que tuviera lugar el evento.
El concierto tuvo lugar el 11 de mayo de 2018 y congregó a 10.000 personas para escuchar al artista norteamericano. Pero se desarrolló sin que el edil hubiera aprobado la licencia correspondiente, a la que dio luz verde el 31 de julio, dos meses y medio después. Aquella noche, dos altos funcionarios del departamento municipal señalarían a la Policía Local, según el atestado policial, que la licencia estaba "a medias", como publicó Valencia Plaza.
Por ello, el informe definitivo de investigación de la Agencia, tras analizar las alegaciones de la concejalía, subrayaba que la irregularidad debía "quedar circunscrita a la concesión tardía de dicha licencia o autorización". El evento, constataba Antifraude, "se celebró sin la Resolución de Autorización correspondiente antes del inicio" el 11 de mayo y "no se ha justificado ni explicado la tardanza de la firma del regidor".
En ese sentido, la Agencia hacía dos recomendaciones al Ayuntamiento. Por un lado, instaba a la concejalía a elaborar instrucciones sobre procedimientos en este tipo de permisos para evitar que el tiempo se acabe echando encima en otros casos similares. Y por otro, pedía "valorar posibles responsabilidades existentes, en su caso, por la tardanza en la firma del concejal responsable de conceder la autorización".
Ahora bien, en el informe de respuesta del Ayuntamiento, sólo acata la primera recomendación: elaborar unas instrucciones para el procedimiento de otorgamiento de licencias a grandes eventos con el propósito de fijar los plazos y documentos necesarios así como las infracciones e incluso las "cautelas" del Ayuntamiento para firmar las autorizaciones con tiempo.
Sobre la segunda, referente a las posibles responsabilidades del regidor o del personal municipal, la respuesta no rechaza aplicarla, sino que directamente la obvia por completo. "Nada se indica respecto a la segunda recomendación", informa Antifraude sobre ello: "No se ha pronunciado el ayuntamiento en ningún sentido".
Sin embargo, pese a que el consistorio no ha respondido si aplicará esta recomendación -sí lo ha hecho respecto a la primera-, la Agencia ha procedido a finalizar su tarea de seguimiento sobre el caso y ha archivado el expediente.