Riqueza industrial

Presumiblemente, en muy pocas semanas, Les Corts Valencianes aprobarán la Ley sobre gestión, modernización y promoción de las áreas industriales de la Comunidad Valenciana. Cuando esto suceda, los valencianos tendremos una cosa que celebrar, no porque, por una vez, vamos a ser pioneros de algo que está siendo contemplado, desde otras partes de España, como un modelo, muy recomendable, sino porque va a suponer un importante revulsivo que hará mucho más atractivo nuestro suelo industrial.

Más del cincuenta por ciento del PIB español tiene su origen en los polígonos industriales, lo cual significa que la riqueza de un territorio depende, en gran medida, de la cantidad y del tipo de industria que se encuentra asentada sobre él. La nueva Ley sobre áreas industriales va a tratar de favorecer tanto la permanencia como la llegada de empresas industriales a Alicante, a Valencia y a Castellón. Esto se pretende conseguir incrementando la calidad de nuestros polígonos industriales, lo cual, en mi opinión, sólo puede tener lugar de dos maneras, a saber: 1ª) incrementando el nivel de los servicios y 2ª) facilitando la gestión de los propios polígonos. Ambas cosas forman parte de los objetivos principales de la Ley que se va a aprobar.

La gestión de los polígonos tendrá como elemento primordial la Entidad de Gestión y Modernización (EGM) del área industrial. Un elemento nuevo, no sólo en la Comunidad Valenciana, sino también en el resto de España, que permitirá que los polígonos industriales se puedan administrar mucho mejor (de una manera más eficiente, justa y solidaria) y que exista una mayor conexión y colaboración entre cada uno de los polígonos y su respectivo Ayuntamiento. Las EGMs agruparán a los propietarios de los terrenos de cada polígono, dando la oportunidad a todos ellos de involucrase en la administración del área industrial. Esto redundará, como decía antes, en que la cantidad de los servicios de cada polígono será mayor y de mejor calidad, mejorando la vida y la productividad de quienes trabajan allí e incrementando el valor de los terrenos de naturaleza industrial.

Las futuras EGMs serán de base privada, pero tendrán encomendada la realización de funciones públicas de carácter administrativo. No es la primera vez que esto sucede en el ordenamiento español, pues existen varios antecedentes de este mismo fenómeno, se podrían citar algunos: las entidades de conservación urbanística, las federaciones deportivas o los colegios profesionales. Así que su encaje en el Derecho español será una cosa completamente natural. El régimen de propiedad horizontal de los edificios por pisos supuso una importante novedad en el Derecho español allá por el año 1960; pero hoy sería imposible concebir la gestión de los elementos comunes de nuestra comunidad si no existiera un régimen de propiedad horizontal que hiciera que todos los propietarios de pisos o locales del inmueble formaran parte de su comunidad, o sin que existiera una Junta de Propietarios, un Presidente y, en muchos casos, el Administrador. ¿Alguien se imagina la gestión de un edificio de viviendas sin comunidad de propietarios? Pues de la misma manera, dentro de unos años, se verá como una cosa antigua y atrasada la actual ausencia de entidades de gestión en la mayoría de los polígonos industriales.

Como botón de muestra basta comparar los polígonos en los que existe algún tipo de administración y aquellos otros de los que vulgarmente se dice que “se encuentran dejados de la mano de Dios”. Ya era hora de que, a nivel legislativo, se empezara a dar a los polígonos industriales la misma importancia que tienen para nuestra economía y para la generación de puestos de trabajo. Queda poco para que se apruebe la Ley, pero la tarea que tenemos por delante no es pequeña y es importante.

Juan Manuel Badenas Carpio es catedrático de Derecho Civil, Presidente del ICBP