El PSPV muestra su rebeldía frente a Ribó tres veces en una semana

VALENCIA. El PSPV de Valencia ciudad, que vivió en las pasadas elecciones generales del 26J una leve mejoría en la capital, ha sacado las uñas en la última semana. La gestión de un tripartito (Compromís, socialistas y València en Comú en este caso) siempre es complicada, aunque hasta ahora los diferentes problemas que han venido surgiendo de la participación de tres fuerzas políticas en el gobierno local se han contenido con cierta solvencia. No obstante, en esta ocasión, el PSPV ha soltado tres zarpazos de advertencia a sus compañeros de viaje y, por consiguiente, al alcalde Joan Ribó.

El primero de ellos se produjo la semana pasada, cuando el edil socialista y responsable del área de Hacienda, Ramón Vilar, se ausentó de la votación para evitar respaldar la prohibición del bou embolat y bou en corda impulsada por Compromís. Una decisión que trajo cola y que evidenció que los socialistas no están dispuestos a hacer seguidismo de todos los planteamientos ideológicos o de gestión que el equipo de Ribó decida acometer.

En este sentido, Vilar, que se declaró "taurino", argumentó su ausencia tras el acuerdo alcanzado por su grupo para darle "libertad" respecto a este asunto, considerado no de gestión" sino de "mera posición cultural" y no incluido en los programas electorales y en el acuerdo de La Nau por el que se conformó el ejecutivo local.

La última de las diferencias entre PSPV y Compromís se produjo este martes tras la Comisión de Investigación de la Operación Taula.  La concejala del grupo socialista Sandra Gómez instó ayer a que el consistorio se personara en la pieza principal del caso Imelsa que se deriva de la citada Operación Taula.

Cabe recordar que en abril, el grupo municipal Compromís -personados en los tres portavoces Pere Fuset, Glòria Tello y Giuseppe Grezzi- presentaron una denuncia en Fiscalía con el fin de que se investigara la comisión de presuntos delitos electorales en las campañas de 2011 y 2015, falsedad documental y malversación de fondos.

Estos tres concejales afirmaron en su día en la denuncia interpuesta por el grupo que presuntamente "el Grupo Popular disponía de una o varias cuentas bancarias diferentes a la que, por imperativo legal, debe abrirse con los únicos fines de recibir en la misma todos los fondos destinados a sufragar cada campaña electoral y pagar todos los gastos de campaña".

Como recordaron fuentes municipales, Compromís ya pidió personarse hace tiempo en la causa con la finalidad de acceder al sumario y estar presente en los interrogatorios, sin embargo, todavía se encuentran a la espera de que esto se haga efectivo ya que todavía no puede producirse, según recuerdan, por hallarse la investigación bajo secreto de sumario.

Sin embargo, este martes, la concejala de Policía Local y Protección Ciudadana, Sandra Gómez, propuso que el Ayuntamiento se personara en la pieza del caso Taula al entender que como institución les interesa "saber qué supuestos contratos se adjudicaron de forma irregular, a cambio de qué se daban esos dos billetes de 500 euros y a cambio de qué se financiaba irregularmente el partido popular".

En esta línea, la edil del PSPV señaló que, de este modo, el Ayuntamiento podría reclamar "en la pieza de responsabilidad civil la indemnización, los daños y los perjuicios causados al Consistorio de Valencia por esa supuesta adjudicación irregular de determinados contratos como estamos viendo que pueden ser de Trasgos, Cleop o Engloba".

Cabe recordar que el Ayuntamiento ya trató de ejercer de acusación particular en la pieza del blanquero, sin embargo, le fue denegada la petición al no ser parte afectada por no ser persona física. Tras serle denegada esta posibilidad, los letrados del Ayuntamiento presentaron una petición para ejercer de acusación popular, que, pese a ser admitida, posteriormente se le denegó ante el recurso interpuesto por la concejal popular Beatriz Simón.

La maniobra inesperada de la concejal socialista Gómez no agradó al equipo de gobierno de Compromís que se vio pillado por sorpresa, si bien fuentes del PSPV aseguran que la idea ya se había sugerido internamente en ocasiones anteriores. En este sentido, cabe recordar que de personarse el consistorio, los grupos tendrían acceso además a toda la información que se fuera produciendo en el proceso una vez levantado el secreto de sumario.

Otro rifirrafe a cuenta del IBI

Por otro lado, también hay cierta tensión entre ambos socios de gobierno en lo que respecta al Impuesto de Bienes Inmuebles el choque de pareceres se produce a partir de una reivindicación de la patronal del pequeño comercio Cecoval, que reclama que se le rebaje el tributo al sector. Como informó este diario, tal petición cuenta con el visto bueno del PSPV, que ostenta la concejalía de Hacienda -en manos del socialista Ramón Vilar-. El dirigente está dispuesto a reducir la subida del tributo -en vigor desde el presente 2016- para que sólo afecte a los 200 comercios de la ciudad que tengan el valor catastral más alto.

Compromís, sin embargo, no lo ve nada claro. Preguntadas al respecto, fuentes de la formación subrayan que la subida del IBI aplicada en 2016 no pesa sobre el pequeño comercio. "Se aplica a establecimientos con un elevado valor catastral, no a cualquier tienda de barrio. Los establecimientos más pequeños no han sufrido incremento alguno", recalcan.

Además, agregan que el ajuste realizado "sitúa a Valencia al nivel de lo que sucede en las grandes ciudades de España". "El IBI de Valencia se ha ajustado porque era una anomalía", consideran. La solución a esta rencilla deberá zanjarse con tiempo para la inclusión del posible ajuste en los próximos presupuestos. En manos ambos portavoces está que esta nueva rencilla no se convierta en un enfrentamiento de mayores proporciones.