VALENCIA (EFE/VP).- La Conselleria de Sanidad trasladará a la Abogacía de la Generalitat el informe de la inspección que ha detectado sobrecostes en las facturas de las Urgencias de las cinco concesiones sanitarias, de hasta 2,6 millones en el Hospital de La Ribera, para que determine "las consecuencias y responsabilidades que se pueden pedir".
Así lo ha anunciado la consellera de Sanidad, Carmen Montón, durante una rueda de prensa para presentar una nueva herramienta informática de consulta de lista de espera quirúrgica.
Montón ha explicado que hay un informe de la Dirección General de Alta Inspección Sanitaria de la Generalitat que ha detectado irregularidades en las cinco concesiones sanitarias privadas respecto a la facturación de pacientes de urgencias que no pertenecen a sus departamentos de salud. No obstante, la conselleria de Sanidad ha negado facilitar el informe a los periodistas.
Los hospitales de gestión privada cobran un fijo de la Generalitat por la población del departamento de salud que tienen asignado, pero los servicios de los pacientes procedentes de otras demarcaciones son facturados aparte, y ahí es donde la inspección sanitaria ha detectado los sobrecostes.
En el Hospital de Alzira, según ha indicado, son 2,6 millones de euros, que representa el 25 por ciento de la facturación total que se hace en urgencias en pacientes fuera de la población asignada para ese departamento.
"Esto demuestra que estamos haciendo nuestra labor de control a un nivel que hasta ahora no se estaba produciendo", según Montón, quien ha añadido que hay indicios de que esta situación que han detectado respecto a los años 2013, 2014 y 2015 "se pueda estar produciendo desde el inicio de las concesiones".
"En las cinco concesiones hemos encontrado el mismo proceder, en Alzira de una manera más grosera", ha dicho la consellera, quien ha indicado que las cantidades son menores en el resto de concesiones sanitarias que en el del Hospital de La Ribera, aunque no las ha precisado.
Las irregularidades encontradas por la inspección son una doble facturación o una facturación indebida como urgencia de algo que no lo era o que no se atendía en la propia urgencia hospitalaria, según Montón, quien ha aclarado que este informe "es de hace unos días" y se está "en el inicio del recorrido".
"No están bien cobradas y tenemos que corregir esa irregularidad", ha insistido para agregar que ahora "lo más importante" para el Consell es trasladarlo a la Abogacía de la Generalitat para que les ayude a ver "qué responsabilidades y qué consecuencias tiene una facturación irregular de las concesiones sanitarias".
"Es nuestra obligación como gobierno velar por que el dinero de los ciudadanos esté bien administrado. Aquí lo que estamos rompiendo es la opacidad y la falta de control que había en épocas anteriores", ha defendido.
Según Montón, el objetivo final de llevar este informe a la Abogacía es que se defienda "cada céntimo de euro de los valencianos".
Ha advertido de que el control que lleva este Consell "no era el que se hacía en épocas anteriores. Vemos que no solamente había un poso quizá ideológico para esa privatización, sino que nos estamos encontrando con una falta de control y una serie de irregularidades que no son admisibles para una Administración decente".
"Vamos a desterrar toda la práctica de laxitud por ser generosos en el control del dinero público y con todas las consecuencias", ha dicho Montón, quien ha recordado que el Juzgado de Instrucción número 4 investiga por supuesta malversación a B2B, vinculada a Ribera Salud.
Según Montón, para que un sistema de concesión como el de la Comunitat pueda subsistir es necesaria la sanidad pública, que le da la red y tiene la obligación y voluntad de atender a todos los pacientes.
Respecto al hecho de que la bolsa de trabajo incluya al Hospital de Alzira, ha dicho que este centro la tenía cerrada desde 2003 y el objetivo es que sea un departamento más.