Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La Conselleria de Sanidad se niega a regularizar el hospital de campaña que montó sin licencia en València. O lo que es lo mismo: el departamento autonómico que dirige Ana Barceló rechaza cumplir con el requerimiento realizado hace dos meses por la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento para que legalizara el hospital de campaña de la ciudad, ubicado al lado de La Fe, cuya situación es irregular a juicio de los técnicos municipales.
La Conselleria ha remitido a Urbanismo, concejalía encabezada por Sandra Gómez, una carta en la que alega que las instalaciones de los hospitales de campaña son temporales y que, por tanto, están eximidas de cumplir con la legislación en materia de edificaciones en cuanto a los permisos preceptivos. Una misiva que el consistorio deberá estudiar y decidir si cumple con su amenaza de ordenar la retirada de los hospitales o si acepta los argumentos de la Generalitat Valenciana y los mantiene en pie.
El proyecto del hospital de campaña de la Generalitat Valenciana, visado por el Colegio de Arquitectos en junio de 2020, dejaba claro que la actividad de estas carpas estaba "sometida a régimen de licencia ambiental". Dicho proyecto no se llegó a presentar al Ayuntamiento, según ha reconocido la propia concejalía de Urbanismo ante el Síndic de Greuges, por lo que no se tuvo constancia de él en las oficinas municipales.
Sólo cuando el grupo municipal del PP preguntó reiteradamente por la licencia de las instalaciones e hizo mención al proyecto, Urbanismo abrió una inspección para aclarar si hubo irregularidad alguna, 17 meses después de ponerse en marcha el hospital sin licencia. La inspección, llevada a cabo el pasado septiembre confirmó la falta de permisos y no contemplaba en su informe la exención de estas obligaciones ni siquiera teniendo en cuenta que el hospital se construyó para una emergencia.
Por ello, Urbanismo requirió el 28 de octubre a Sanidad regularizar las obras ejecutadas sin licencia con la "expresa advertencia" de que si no lo hacía en un plazo máximo de dos meses se acordarían "las medidas de restauración de la legalidad [...] incluida, en su caso, la demolición de las edificaciones realizadas ilegalmente".
Han pasado los dos meses y la Conselleria de Sanidad no ha respondido hasta esta semana. Y lo ha hecho in extremis pues, señalan en el consistorio, era la fecha límite para hacerlo. En la misiva, la Generalitat insiste en que el hospital de campaña se trata de "una instalación temporal con carácter provisional que no puede ser considerada como una instalación permanente", según explican fuentes de la propia Conselleria.
En este sentido, aseguran las mismas fuentes, la carta insiste en que el Ministerio de Sanidad "avalaba en 2020 que la autorización corriera a cargo de la Conselleria" y que la carpa, por no ser una instalación permanente, "no tiene que cumplir la ley de ordenación y de edificación". Una supuesta exención que Urbanismo ni siquiera contempla en su informe técnico.
La amenaza de desmontaje de Urbanismo llegó a finales de octubre. Entonces, Sanidad ya había ordenado la retirada de los tres hospitales de campaña de la Comunitat Valenciana para final de 2021 y la Conselleria de Justicia, que dirige Gabriela Bravo, ya había activado el procedimiento administrativo. La fecha fijada -30 de diciembre- se mantuvo conforme pasaban las semanas, pero llegado el momento, se decidió esperar.
El departamento que encabeza Barceló optó por aplazar las operaciones para desmantelar las instalaciones debido al incremento de las hospitalizaciones a causa de la nueva ola de contagios por coronavirus, con cepas de mayor transmisión. Circunstancia que, además, se suma a la limitada duración de la protección por las vacunas para aquellos que fueron los primeros en vacunarse.
En este contexto, Sanidad dio la orden de postergar el desmontaje al menos un mes, hasta finales de enero, a la espera de ver cómo evoluciona la situación epidemiológica en la Comunitat. De esta manera, el hospital de campaña de València seguirá en pie sin licencia y, por el momento, sin regularizarse por parte de la administración autonómica como pedía la concejalía de Urbanismo.
