Sanidad vuelve a la casilla de salida con la reversión de las resonancias

VALÈNCIA. La recuperación a la sanidad pública de las resonancias magnéticas parece el cuento de nunca acabar. Este miércoles la Conselleria de Sanidad Universal volvía a reunirse con la UTE Erescanner Salud -controlada por Eresa- para comunicar la existencia de sucesión de empresas y que, si un cambio de gobierno no interrumpe o alarga el proceso, se retoma la voluntad de que un centenar de trabajadores de Eresa e Inscanner pasen a formar parte del personal laboral de la administración. 

A pesar de esta declaración, que parte del dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) en el que se recuperaba de nuevo la posibilidad de subrogar tras la negativa de la Abogacía de la Generalitat, desde el departamento dirigido por Ana Barceló no se marcan plazos para dar por finalizada la cuestión, que ya lleva casi cinco meses de retraso desde que acabara el contrato de casi una década el pasado mes de noviembre. 

En la reunión, a la que asistieron la directora general de Asistencia Sanitaria, María Amparo García, y la directora general de Recursos Humanos, Carmen Delgado, se solicitaron de nuevo a la UTE las listas de los trabajadores interesados en pasar a formar parte del personal de la administración, cuestión para la que han dado el plazo máximo de un mes. Este proceso ya fue iniciado hace meses, lo que supone volver a la casilla de salida con la pérdida de tiempo que conlleva. 

Aunque no se ha concretado la figura legal con la que se integrarán los trabajadores, la propuesta del Consell Jurídic Consultiu pasaba por el 'mal menor' del personal a extinguir, modelo utilizado para revertir el departamento de La Ribera. También daba una segunda opción, más adecuada según el ente consultivo, y era la constitución de una empresa pública para asumir a los trabajadores. De momento, el único plazo que está sobre la mesa es que la UTE finalice su actividad en la administración en agosto, ya con el nuevo Gobierno.

Sin embargo, es posible que los tiempos sigan alargándose debido a las elecciones, por lo que la fecha marcada podría ponerse en cuarentena. Por otro lado, Sanidad también ha informado -como ya anunció Barceló- que desde la administración están realizando un informe del impacto financiero y presupuestario de la subrogación, como así les solicitaba la Abogacía de la Generalitat y el CJC en la valoración de la última Ley de Medidas Fiscales. Para ello, Sanidad también necesitará la información de las condiciones de los trabajadores, que tendrán que mantenerse con su paso a la administración.

Contraoferta a la rebaja de precios

A mitad de febrero, la Conselleria de Sanidad ya comunicó a la UTE Erescanner Salud -formada accionarialmente por Eresa (49%), Iberdiagnosis (8%), Inscanner (20%), Beanaca (8,5%) y Ribera Salud (14,5%)- la propuesta de rebaja de precios del servicio prestado por enriquecimiento injusto. Con esta petición, Sanidad buscaba reducir las tarifas heredadas del contrato finalizado y que la administración entiende que son muy altas comparadas con los precios de mercado.

En el documento presentado por la Generalitat Valenciana se contemplaban reducciones de hasta un 50% respecto a los precios que pagan actualmente. Por pruebas, la conselleria proponía una rebaja de más de un 40% en la resonancia simple, más de un 50% en la doble o en la especial y más de un 30% en la triple, por ejemplo. Sin embargo, parece ser que la UTE no ha dado todo su brazo a torcer y ha presentado una contraoferta. 

Su propuesta ofrece una rebaja de aproximadamente un 15%, un cifra que dista bastante de lo sugerido por el departamento de Ana Barceló. Según explicaba la conselleria en el documento, la tarifa que proponían se basa en la memoria económica que acompañó al expediente del último concurso de refuerzo y al que se presentaron empresas como Eresa, IMED o Ribera Salud. 

"Las empresas que se han presentado a dicho concurso han reducido las tarifas máximas contempladas de forma importante y el número de pruebas a realizar en esta fase no concertada es muy superior a las contempladas en los lotes del expediente 201/2018, lo que permite confirmar que son tarifas adecuadas", recogía el documento. Con las cuentas de 2017, la UTE habrá facturado en 10 años y tres meses más de 425 millones de euros y habrá obtenido un beneficio de más de 125 millones, unos ingresos que se siguen elevando con el paso de los meses.

Piden a Sanidad que medie en el Hospital General

El comité de empresa, que también se ha reunido con la Conselleria de Sanidad Universal, ha solicitado una medición en la situación del Hospital General de València, en la que siete trabajadores están en el limbo al no querer subrogarse el departamento por no traspasar las máquinas de la empresa al centro público. 

Esta misma semana, los nueve trabajadores -dos son temporales- aseguraban que Eresa no les había dado la opción de quedarse en la empresa o subrogarse, a pesar de lo manifestado por la compañía. "Eresa nos vendió que llegada la situación podríamos elegir", aseguraban. "Nunca se nos ha preguntado a los trabajadores si queríamos subrogarnos o no, como ha hecho en otros centros de la UTE", lamentaban. Una situación que consideran que vulnera el artículo 17 del Estatuto de los trabajadores de 'no discriminación'.