Una sentencia de una rama de Brugal valida los primeros pinchazos telefónicos

ALICANTE (EFE). La sentencia por el alzamiento de bienes cometido por el Grupo Autisa (un conglomerado de empresas del sector de la automoción) ha validado los autos judiciales de los primeros pinchazos telefónicos que dieron pie a las 17 ramas separadas de la operación Brugal.

Este caso por alzamiento de bienes de los hermanos Gregory (Rafael y José Vicente) fue destapado en el marco del citado 'caso Brugal'.

De esta manera, la sección segunda de la Audiencia Provincial de Alicante respalda la vigencia de esos primeros autos judiciales para intervenir (con respecto a esta causa) el teléfono del industrial oriolano Ángel Fenoll, a partir de los cuales se desvelaron las sucesivas presuntas irregularidades que se tradujeron en 17 ramas separadas del Brugal.

En todo caso y según fuentes judiciales, la decisión de este tribunal sobre las escuchas no es vinculante para los distintos juicios derivados del Brugal, entre ellos los del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, el plan zonal de residuos de la Vega Baja o las basuras de Orihuela.

La sentencia de la sección segunda de la Audiencia alicantina, facilitada hoy a Efe, condena a los hermanos Rafael y José Vicente Gregory, dueños o socios de las empresas.

Concretamente, les impone tres años, seis meses y un día de prisión por los delitos de apropiación indebida y estafa, después de apreciar la atenuante de dilaciones indebidas, mientras que al jefe de administración de Autisa el tribunal le condena a seis meses de cárcel.

En esta pieza separada del caso Brugal también han sido encausados otras doce personas, entre ellos el industrial oriolano Ángel Fenoll, aunque todos han sido absueltos al entender el tribunal que los autos de los pinchazos telefónicos no estaban suficientemente razonados, por no recoger expresamente algunos de los delitos por los que se les investigaba.

Impago a acreedores

En esta causa la fiscalía consideraba que los hermanos Gregory urdieron con la ayuda del resto de implicados una trama para dejar sin patrimonio sus mercantiles, que se hallaban en situación de quiebra, y no pagar así a sus acreedores.

Uno de los principales perjudicados del fraude es VFS Comercial Services Spain SAU, una entidad financiera del Grupo Renault con la que Autisa tenía suscrito un acuerdo para la venta de camiones y que mantiene diversos pleitos penales con sus titulares.

Los Gregory vendieron presuntamente siete camiones (cada uno con un valor superior a los 50.000 euros) en Dubai, capital de los Emiratos Árabes Unidos, entre febrero y abril de 2009, para no pagar a la financiera, tras retroquelar los números de bastidores con los de otros vehículos que sí eran de su propiedad.