CASTELLÓ. El pasado mes de diciembre fue un antes y un después para el fracasado desarrollo urbanístico PAI Golf Sant Gregori en el municipio de Burriana. La retirada de la condición de agente urbanizador de este sector a la compañía que había sido creada a tal efecto, Urbanización Golf Sant Gregori, y la preferencia por parte de los técnicos de que fuera el Ayuntamiento de Burriana el que tuviera la gestión directa de este PAI dejaron sin razón de ser a la mencionada empresa. Así que, como se preveía, la firma ha entrado en fase de liquidación tras mucho tiempo en concurso y a la espera de la resolución de este embrollo urbanístico.
Así, el pasado lunes 15, el juzgado de lo mercantil 1 de Castellón de la Plana, que tutela el concurso de acreedores de la firma, publicó el acuerdo para la apertura de la fase de liquidación de la mencionada mercantil. Así, el edicto judicial deja suspendida durante esta fase final de liquidación las "facultades de administración y disposición del concursado [la firma] sobre su patrimonio".
Asimismo, supone la disolución de la empresa y el cese de los administradores sociales o liquidadores, que serán sustituidos por el administrador concursal. Así como se declaran "vencidos los créditos concursales aplazados y la conversión en dinero de los que consistan en otras prestaciones" mientras que las deudas contraídas durante el proceso concursal también entrarán dentro de los créditos concursales.
De esta manera, llega la sentencia de la compañía que pretendía finalizar el mencionado desarrollo urbanístico en Burriana de los más de 2,5 millones de metros cuadrados de suelo después de que una sentencia del TSJ anulara la adjudicación directa de la condición de agente urbanizador del PAI acordada por el Ayuntamiento hace cuatro años para reactivar el sector. Dicho pronunciamiento judicial que obligó al consistorio a retrotraer las actuaciones hasta entonces e incautarse también 8,5 millones de euros en concepto de aval depositado por la empresa, además de otros 864.000 euros de recargo.
Así las cosas, y teniendo en cuenta que la única razón de la mercantil era precisamente el desarrollo de este proyecto, en virtud del plan de viabilidad que presentó en el marco del concurso de acreedores, tras la decisión consistorial la empresa presentó la solicitud para culminar la liquidación, que ahora se materializa en forma de edicto judicial.
Durante la fase de urbanización, la firma había certificado prácticamente el 10% de las obras, por un valor aproximado de unos 9,9 millones de euros. De estos, había cobrado ya alrededor de 6,5 millones. De manera que el consistorio debe abonar el montante restante para liquidar la relación contractual y que la firma pueda culminar su propia liquidación tutelada por el administrador concursal.
Con todo, la retirada de agente urbanizador a la promotora y su liquidación no implica que el desarrollo urbanístico no se vaya a llevar a cabo. Es más, el propio alcalde, el popular Jorge Monferrer, ya explicó en el pleno municipal que, en este proyecto, el consistorio está "al borde de un precipicio", ya que podría enfrentarse a "cientos de demandas millonarias" de los propietarios afectados si finalmente se suspendiera el PAI: "Nos queda elegir entre una solución mala y otra peor", dijo.
Así, como sólo queda la vía de la ejecución para evitar indemnizaciones millonarias, el Ayuntamiento tenía tres posibles caminos para relanzar la iniciativa: por una parte, podría sacarlo a concurso público para encontrar un nuevo inversor al que adjudicar las obras del sector; podrían por otro lado ser los propios propietarios de los terrenos los encargados, en asociación, de acabar el PAI; o que el Ayuntamiento sea, mediante gestión directa, el que lleve a cabo el desarrollo urbanístico.
Esta tercera es, a la postre, la que más posibilidades tiene, especialmente después de que fuer al opción escogida por un informe externo que el actual equipo de gobierno encargó nada más llegar al consistorio. Este desaconseja una nueva licencia a una urbanizadora debido a los diferentes problemas judiciales que se arrastran, así como desaconseja abandonar el proyecto, ya que supondría centenas de demandas millonarias. El informe que se hizo público hace un mes plantea que el consistorio sea el urbanizador, por lo que el equipo de gobierno, junto con los técnicos municipales, estudian esta vía como la más viable.
