CASTELLÓ. El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, ha advertido en el pleno ordinario de este jueves de que la cancelación del PAI Sant Gregori deja a la localidad "al borde de un precipicio", ya que podría enfrentarse a "cientos de demandas millonarias" de los propietarios afectados. No en vano, cientos de ellos pagaron las millonarias cuotas de urbanización que giró la empresa promotora por un proyecto cuya errónea tramitación anuló el pasado mes de mayo el TSJ valenciano.
"Sant Gregori no tiene una buena solución, hemos de decirlo claramente a los ciudadanos de Burriana. Nos queda elegir entre una solución mala y otra peor", ha apostillado Monferrer sin aclarar qué escenario concreto se abre a partir de ahora. Eso sí, para evitar las demandas millonarias a las que se había referido antes, lo que abriría la posibilidad de tener que devolver el dinero como responsable civil, al consistorio solo le queda la opción de ejecutar el proyecto.
A la espera de que el ejecutivo PP-Vox desvele qué rumbo tomará desde ahora, lo que debe decidirlo el informe externo que ha solicitado, el pleno ha aprobado este jueves ejecutar la sentencia del TSJCV e incautarse del aval, tal y como ya había avanzado este diario. La aprobación ha salido adelante con la abstención del PSPV-PSOE y Compromís.
Esto supone la retirada de la condición de agente urbanizador a la promotora, Urbanización Golf Sant Gregori, y la incautación del aval de 8.547.220 euros más otros 864.726 euros de recargo. Caixabank tendrá que pagar ahora ambas cantidades al Ayuntamiento. Además, todos los giros de las cuotas de urbanización quedan anulados, lo que supone un problema de dimensiones colosales porque la cuantía global desembolsada por los propietarios hasta ahora es millonaria.
La exalcaldesa, Maria Josep Safont, se ha ausentado del pleno durante el debate en este punto debido a que está investigada judicialmente por el asunto. Ha respondido así su compañero, Bruno Arnandis, también investigado y responsable de tramitar desde 2016 el PAI ahora anulado. Arnandis ha defendido que, cuando accedió a la cartera de Urbanismo, el macroyecto Sant Gregori estaba en peores condiciones, ya que el proyecto de regeneración de la costa "estaba caducado y había menos garantías económicas que ahora".
El portavoz de Compromís, Vicent Granel, ha asegurado que la tramitación del PAI, de la que su formación fue corresponsable, se hizo "por el interés general" y ha tendido la mano al PP y a Vox para la búsqueda de soluciones "si crean una mesa de trabajo".
El actual concejal de Urbanismo, Juan Canós, ha anunciado que la consecuencia inmediata de la anulación judicial será que la empresa promotora "va a entrar en liquidación dentro de seis o siete días" y ha lamentado que todo este embrollo urbanístico se da porque los socialistas tramitaron el PAI con "falta de transparencia, de forma negligente y sin contar con la opinión de los técnicos municipales durante cuatro años".
Más duro ha sido el primer teniente de alcalde, Alejandro Clausell (PP), quien ha reclamado la dimisión de Safont y Arnandis por su condición de investigados en el litigio que se dirime en los juzgados de Vila-real. "Hay vecinos arruinados, embargados y desesperados frente a la empresa, que les exigía las cuotas, sin poder defenderse de ello, mientras el Ayuntamiento no pagaba sus cuotas", ha afirmado para acusar al anterior gobierno municipal de dejar a Burriana "al borde del abismo".
A partir de ahora se abren tres escenarios posibles: no hacer nada y dejar morir el proyecto, lo que provocaría el aluvión de demandas millonarias de los propietarios para recuperar el dinero ya pagado; en segundo lugar, que el propio Ayuntamiento desarrolle el Sant Gregori como agente urbanizador, algo complejísimo por su judicialización y porque la mayoría de propietarios son contrarios al PAI; o, por último, encontrar un inversor externo que culmine la tramitación, algo muy difícil también por la alta conflictividad judicial del macroproyecto.
